Por Marie Nougier (IDPC) para Dianova International

 

2021 marca varios aniversarios de la política de drogas: los 60 y 50 aniversarios de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes y de la Convención de las Naciones Unidas sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971, el quinto aniversario de la UNGASS de 2016 sobre drogas y, por último, pero no menos importante, el 50. aniversario de la ‘guerra contra las drogas’ declarada por Richard Nixon.

Estos aniversarios ofrecen una oportunidad clave para que los responsables de crear las políticas y los defensores hagan un balance del estado global de las políticas de drogas. Desafortunadamente, el panorama político no es muy alentador.

Este mismo año, el Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas ha publicado un informe que evalúa los avances realizados desde la UNGASS de 2016, así como el progreso hacia la reforma en las áreas de derechos humanos, salud, desarrollo, participación de la sociedad civil, coherencia del sistema de las Naciones Unidas y seguimiento y evaluación de las políticas de drogas.

Políticas de drogas represivas que fomentan abusos de los derechos humanos

El informe pone claramente de manifiesto los descarados abusos de los derechos humanos a los que comunidades de todo el mundo se siguen enfrentando como resultado de políticas de drogas represivas. Países como Brasil, Colombia, Filipinas y otros han vuelto a adoptar un enfoque de guerra contra las drogas después de varios años de progresos hacia enfoques más humanos. Las consecuencias han sido un devastador aumento en los asesinatos extrajudiciales, mayores niveles de violencia y un incremento de la superpoblación carcelaria. Estos ejemplos también demuestran la posible fragilidad de cualquier avance positivo hacia políticas de drogas más humanas.

Durante el año pasado, se prestó especial atención al problema de la superpoblación carcelaria, ya que las leyes punitivas sobre drogas siguen siendo uno de los principales motores de encarcelamiento en todo el mundo. Solucionar la superpoblación en las cárceles se ha vuelto todavía más importante en el contexto de la pandemia de COVID-19.

Superpoblación carcelaria y mujeres privadas de libertad

Según la ONU, 2,2 millones de personas en todo mundo se encuentran en prisión por sentencias relacionadas con las drogas. Esto representa alrededor del 20 % de la población carcelaria en todo el mundo. También es preocupante el hecho de que el blanco de los departamentos policiales de estupefacientes sean personas que pertenecen a las comunidades más pobres y marginadas y a comunidades étnicas. Las mujeres son particularmente afectadas, con un 35 % de la población carcelaria femenina recluida por delitos de drogas – una proporción que aumenta al 50-80 % en varios países de Latinoamérica y Asia.

Efectos devastadores en la salud de las personas que consumen drogas

La actual criminalización de personas que consumen drogas también ha sido un motor importante de encarcelación, con al menos 470.000 personas encarceladas en todo el mundo por simple posesión. El miedo a la penalización, la violencia policial, el estigma y la discriminación (además de la falta de acceso a servicios de reducción y tratamiento de daños y a su financiación) han contribuido en gran medida al gran predominio del VIH y la hepatitis C entre personas que se inyectan drogas y en las muertes por sobredosis. Solo en 2017 y 2018, la ONU registró un sobrecogedor numero de un millón de muertes relacionadas con el consumo de drogas. Es desgarrador saber que estas muertes podrían haberse evitado con políticas contra las drogas enfocadas en la promoción de la justicia social, los derechos humanos y la salud pública y con mejoras en el acceso a recursos como jeringuillas y agujas esterilizadas, naloxona y controles contra las drogas.

Cómo mejorar la respuesta de la justicia social: descriminalización 

Afortunadamente, varios países han dado (pequeños) pasos hacia políticas que buscan abordar, y compensar, los daños del control penal de las drogas. Quitar las sanciones penales relacionadas con el uso de drogas y su posesión para uso personal ha sido una de las maneras con las que algunos países han intentado mejorar las vidas de las personas que consumen drogas.

Hoy en día, más de 50 jurisdicciones en 31 países, de Portugal a Chequia, Uruguay, Sudáfrica y Jamaica, han descriminalizado el uso de drogas y su posesión para uso personal. Sin embargo, no todos los modelos de despenalización son iguales y sus efectos en las vidas de las personas que consumen drogas varían enormemente. Por ejemplo, aunque en teoría Rusia ha despenalizado la posesión de drogas, las autoridades antidrogas siguen persiguiendo a la gente y se le imponen fuertes sanciones administrativas, incluido el arresto.

De todos modos, si se realiza de forma correcta, la descriminalización puede ser instrumental para facilitar el acceso a los servicios de salud esenciales, reducir la estigmatización y discriminación, y terminar con el abuso policial y la encarcelación excesiva.

Cómo mejorar la respuesta sanitaria: reducción de daños

Mejorar el acceso a los servicios de salud para las personas que consumen drogas también es clave, sobre todo en el contexto de las limitaciones presupuestarias y otras dificultades sociales y económicas causadas por la pandemia de COVID-19 y sus restricciones asociadas. Sigue siendo esencial mejorar la cobertura de servicios con enfoque de género para mujeres que consumen drogas, ya que la mayoría de los servicios no están adaptados a las necesidades y realidades de las mujeres. Finalmente, aumentar el financiamiento para la reducción de daños es más crucial que nunca; en la actualidad, en los países de ingresos bajos y medios solo se cubren el 5 % de las necesidades de financiación para tales servicios y eso tiene que cambiar.

Contrarrestar la reducción del espacio de la sociedad civil

Por encima de todo, la valiosa participación de la sociedad civil en las comunidades afectadas es esencial para conseguir que la política de drogas tenga un enfoque centrado en los derechos humanos, la justicia social, la sensibilidad de género y la salud. No obstante, el aumento del autoritarismo, el populismo y las restricciones del COVID-19 han restringido sobremanera el espacio de la sociedad civil en todos los niveles de la gobernanza. Fundamentalmente, la participación de la sociedad civil se considera un ejercicio de «marcar casillas». Más bien, se nos debería considerar participantes fundamentales y expertos a los que se debería consultar formalmente en todas las etapas de los procesos de toma de decisiones, implementación, monitorización y evaluación en el campo de la política de drogas.

Todavía hay esperanzas de que las políticas de drogas puedan realmente respetar, proteger y cumplir los derechos humanos de las comunidades en todo el mundo. Pero los cambios de política deben ocurrir ahora, ya que no podemos esperar otros 60 años para que cambie esta terrible situación.