La insalubridad y sobrepoblación en las cárceles y los centros de detención juvenil de la mayoría de los países de América Latina y el Caribe generan las condiciones perfectas para que se produzcan brotes del COVID-19 que podrían afectar gravemente la salud de los reclusos y de la población en general, señaló hoy Human Rights Watch.

En marzo de 2020, hubo amotinamientos de internos en centros de detención de varios países latinoamericanos para reclamar por la falta de medidas de protección contra el COVID-19 y los intentos de confinarlos. Cientos lograron fugarse, hubo decenas de heridos y al menos 40 reclusos murieron en esas revueltas en ColombiaVenezuelaArgentinaPerú, y Brasil.

"Un brote de coronavirus en las cárceles de América Latina generaría un enorme problema de salud pública que afectaría no solo a los reclusos sino también al resto de la población", dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. "Las autoridades aún están a tiempo, pero deberían actuar de inmediato para evitar un desastre de salud completamente previsible".