Por Mauricio Santoro

Durante el primer trimestre de 2019, la policía asesinó en promedio a siete personas al día en Río de Janeiro, la segunda más poblada de Brasil. Esa es la cifra más alta registrada en dos décadas. Pero más atroz es el hecho de que las fuerzas de seguridad del Estado son responsables del 38 por ciento de las muertes violentas en la ciudad.

Muchos de estos asesinatos ocurren durante los operativos de la policía, que supuestamente tienen como objetivo ir tras los narcotraficantes, en las favelas más grandes de Río. La campaña, que se realiza con un arsenal que incluye autos blindados, helicópteros y francotiradores, ha provocado la muerte de muchos civiles inocentes. Entre los asesinados se encontraban seis jóvenes, de 16 a 21 años, que murieron en el transcurso de tan solo cinco días en agosto; uno era jugador profesional de fútbol; otra era una mujer que llevaba a su hijo en brazos. El 20 de septiembre, Agatha Vitória Sales Félix, de 8 años, recibió una bala de la policía en la espalda mientras iba acompañada de su abuelo a bordo de una furgoneta. Murió antes de que pudiera llegar a un hospital. Los transeúntes perplejos y furiosos dijeron que los policías militares le estaban disparando a una motocicleta cuando la furgoneta pasó por ahí.

Es difícil recordar que Río fue la ciudad anfitriona de los Juegos Olímpicos de Verano en 2016, cuando la urbe parecía estar en camino a una prosperidad que duraría mucho tiempo. Pero en tan solo tres años, esa imagen de Río se ha esfumado.