Dado que en la actualidad se aplica un enfoque de salud pública para hacer frente a la pandemia, la falta de una reducción efectiva de los daños para las personas que consumen drogas es evidente.
Esos ataques contra los centros de tratamiento se han producido repetidamente en México y han sido recibidos con indiferencia social y abandono institucional.
El informe reciente de la ACNUDH confirma las preocupaciones relacionadas con los asesinatos generales y sistemáticos y la detención arbitraria en el marco de la "guerra contra las drogas".
La Asociación de Cultivadores y Productores de Marihuana afirma que la industria no fue diseñada con un criterio participativo, y que las regulaciones son inviables, restrictivas y draconianas.
El principal factor causal de la indigencia y el consumo de drogas es el mismo: Políticas que limitan la capacidad de las personas para cubrir sus necesidades diarias, tener empleo estable, costear un alquiler y ser parte de una comunidad estable.
Dada la abundancia de evidencias de que el patrullaje y la criminalización de personas que consumen drogas no funcionan, la necesidad de financiar acciones de reducción de daños nunca ha sido más obvia.
