Existe una relación directa entre la criminalización del uso y distribución de sustancias psicoactivas, el estigma, y la discriminación que viven las personas que usan drogas.
Teniendo en cuenta las repercusiones socioeconómicas de las políticas represivas en materia de drogas, el sector del desarrollo debería participar en los debates sobre la reforma y regulación.
HRI, IDPC, INPUD y NoBox Filipinas advierten que la decisión de cooperar de manera más estrecha con el régimen de Duterte falla en ofrecer caminos hacia la justicia y rendición de cuentas.
Dado su uso difundido, y la antigua y bien establecida cultura de consumo de marihuana en este país, en hora de entablar una conversación para la reforma de anticuadas leyes sobre drogas.
Rechazando narrativas que caricaturizan a los jóvenes como un grupo demográfico pasivo y vulnerable, organizaciones juveniles resaltan las valiosas perspectivas esclarecedoras que pueden aportar a la reforma de políticas sobre drogas.
La ENPUD resalta la movilización comunitaria a lo largo de la región como parte del Día de Concientización sobre la Sobredosis, y echa luz sobre los retos que enfrentan los colegas en Bielorrusia tras los disturbios civiles.
Pese a que los productos de cannabis medicinal ya son legales en el Reino Unido, los pacientes aún encuentran fuerte resistencia para acceder al tratamiento que requieren por parte de los profesionales que recetan estos productos.
Legisladores colombianos proponen comprar cultivos de coca de los agricultores para su distribución pública regulada, pero los costos, oposición de la comunidad internacional y represalias del crimen organizado plantean obstáculos.
El gobierno de Filipinas se resiste ante exhortaciones para reducir la violencia estatal contra personas que consumen drogas, para evitar más violaciones a los derechos humanos.
