Urgen políticas de drogas basadas en la evidencia, programas de cuidado y bienestar de calidad que integren consideraciones de carácter socio-estructural y discursos que rechacen el estigma y la marginalización.
El estudio pone de manifiesto el pésimo estado de la prestación de servicios a las personas que consumen drogas y reclama importantes inversiones en los sistemas sanitarios y de apoyo.
El sistema de derechos humanos de la ONU debe continuar arrojando luz sobre el impacto destructivo de leyes punitivas referidas a drogas sobre el disfrute de derechos, incluyendo el encarcelamiento y la detención administrativa.
El Congreso ha designado fondos específicamente para programas que distribuyen jeringas estériles y otros implementos destinados a proteger a las personas que consumen drogas.
La vasta mayoría de muertes relacionadas con la acción policial involucran amplias facultades para la policía, incluyendo las referidas a delitos de poca monta relacionados con drogas, crisis de salud mental, y operaciones especiales de la “guerra contra las drogas”.
Cuando se basa en un enfoque de salud y derechos humanos, la descriminalización brinda un marco legal propicio que promueve, protege y satisface el derecho a la salud de las personas que consumen drogas.
La “guerra contra las drogas” se desarrolló como una solución a inquietudes relacionadas a la salud pública, violencia y crimen organizado, que en su conjunto han empeorado a causa de este enfoque.
Los orígenes de la prohibición de drogas en Asia revelan en qué medida los intereses económicos fueron priorizados sobre las preocupaciones sociales y de salud.
Patologizar a las personas que consumen drogas desmerece la capacidad de agencia individual de maneras que pueden servir para estimular respuestas coercitivas dañinas.
La Fiscal Fatou Bensouda subraya que existe una base razonable para creer que se han cometido crímenes contra la humanidad en la “guerra contra las drogas” en el país.
