Amnistía Internacional renueva su invocación a la ONU y sus Estados Miembros para acabar con el uso de la pena de muerte para delitos relacionados con drogas.
Urgen políticas de drogas basadas en la evidencia, programas de cuidado y bienestar de calidad que integren consideraciones de carácter socio-estructural y discursos que rechacen el estigma y la marginalización.
El estudio pone de manifiesto el pésimo estado de la prestación de servicios a las personas que consumen drogas y reclama importantes inversiones en los sistemas sanitarios y de apoyo.
El sistema de derechos humanos de la ONU debe continuar arrojando luz sobre el impacto destructivo de leyes punitivas referidas a drogas sobre el disfrute de derechos, incluyendo el encarcelamiento y la detención administrativa.
El Congreso ha designado fondos específicamente para programas que distribuyen jeringas estériles y otros implementos destinados a proteger a las personas que consumen drogas.
La vasta mayoría de muertes relacionadas con la acción policial involucran amplias facultades para la policía, incluyendo las referidas a delitos de poca monta relacionados con drogas, crisis de salud mental, y operaciones especiales de la “guerra contra las drogas”.
Cuando se basa en un enfoque de salud y derechos humanos, la descriminalización brinda un marco legal propicio que promueve, protege y satisface el derecho a la salud de las personas que consumen drogas.
La “guerra contra las drogas” se desarrolló como una solución a inquietudes relacionadas a la salud pública, violencia y crimen organizado, que en su conjunto han empeorado a causa de este enfoque.
Los orígenes de la prohibición de drogas en Asia revelan en qué medida los intereses económicos fueron priorizados sobre las preocupaciones sociales y de salud.
Patologizar a las personas que consumen drogas desmerece la capacidad de agencia individual de maneras que pueden servir para estimular respuestas coercitivas dañinas.
