Las ofensivas represivas en México y Colombia –respaldadas por los Estados Unidos– sólo han conseguido desplazar a los traficantes en una región donde la corrupción es endémica, las fronteras carecen de mínimos controles de inmigración y las bandas locales proporcionan una infraestructura ya operativa para la delincuencia organizada.
La guerra contra las drogas genera muchísimos costes, derivados, entre otros, del enfoque represivo que deja el control del comercio en manos de la delincuencia organizada. Es ya hora de contar esos costes y explorar posibles alternativas utilizando las mejores pruebas de que disponemos para caminar hacia un mundo más seguro, más sano y más justo.
La Red sobre políticas de drogas en el sudeste europeo, impulsada por el IDPC a principios de 2010, celebró su tercera reunión en la ciudad griega de Tesalónica en marzo de 2011. En ella, se compartieron conocimientos y experiencias de la región, y se identificaron problemas comunes y prioridades clave para las actividades de incidencia política en materia de políticas de drogas.
El jueves 17 de marzo se llevó a cabo la presentación de la Guía de políticas sobre Drogas del IDPC en el Museo del Centro de Investigaciones Culturales de la Universidad Autónoma de Baja California.
Una coalición de grupos rusos e internacionales que representan a comunidades, activistas, profesionales y ONG que trabajan en el ámbito del VIH/SIDA y la reducción de daños ha estado instando al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos a que exhorte al Gobierno ruso a poner en marcha programas de reducción de daños con el objetivo de frenar la concentración de la epidemia del VIH entre los consumidores de drogas.
Entre el 21 y el 25 de marzo de 2011, la Comisión de Estupefacientes se reunirá en la capital austriaca para discutir la situación internacional de las drogas y la aplicación de las convenciones de la ONU en la materia. El sitio web del IDPC se irá actualizando con todas las novedades que vayan llegando del encuentro.
Una plataforma de organizaciones que trabajan sobre cuestiones de salud y derechos humanos teme que la medida anunciada recientemente por el Gobierno tailandés de recluir a las personas que se sospecha que consumen drogas suponga un atropello para los derechos humanos y reavive los abusos contra los grupos más vulnerables.
Este mes se ha puesto en marcha el primer programa de mantenimiento con metadona en la región del África subsahariana, en un hospital de Dar es Salaam, Tanzania, donde se calcula que el 40 por ciento de los estimados 25.000 consumidores de drogas inyectadas están afectados por el contagio del VIH.
'Contando los costes' es una campaña mundial financiada por Open Society Foundations que la organización Transform presentará en la Comisión de Estupefacientes en marzo, en colaboración con la Red Eurasiática de Reducción de Daños (EHRN). Si desea dar apoyo a la campaña, envíe todo tipo de material (informes, imágenes o vídeos) que ilustre los costes de la guerra contra las drogas a Transform.
El Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT) está preparando un informe temático que destacará algunas cuestiones clave desde la perspectiva de personas que están intentando reducir su consumo de estupefacientes, tabaco y alcohol o superar la dependencia de éstos, y desea recibir información de aquellos y aquellas que trabajan en este ámbito y de personas que están intentando reducir o acabar con el consumo de drogas.
El 17 de febrero de 2011, una coalición internacional de expertos de la reducción de daños – formada por la Asociación Internacional de Reducción de Daños (IHRA), la Red Jurídica Canadiense VIH/SIDA y CACTUS Montréal – consiguió la condición necesaria para comparecer ante el Tribunal Supremo de Canadá y apoyar a 'Insite', el centro de venopunción supervisada de Vancouver, frente a los intentos del Gobierno canadiense para cerrarlo. El resultado de esta decisión supondrá importantes implicaciones para otras jurisdicciones del país.
En 2009, Bolivia envió una solicitud a las Naciones Unidas para que se levante la prohibición internacional que pesa sobre la masticación de la hoja de coca. Los países tenían hasta el 31 de diciembre de 2011 para presentar objeciones a la propuesta. Transcurrido el plazo fijado, el número final de objeciones presentadas por la comunidad internacional asciende a 17.