Con fecha 6 de julio del 2011, el CIDDH ha interpuesto una demanda de Habeas Corpus denunciando la detención arbitraria de nuestro patrocinado a nivel policial.
Por primera vez en su historia, en la Cumbre se discutieron alternativas a la prohibición. El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, propuso la creación de un grupo especial para analizar las realidades del problema mundial de las drogas con el objetivo de reformar la actual estrategia de fiscalización de estupefacientes.
La Fundación Andrey Rylkov ha puesto en marcha una campaña con el fin de recaudar fondos y comprar una furgoneta para llegar a 1.000 jóvenes consumidores de drogas en situación de desamparo en Moscú. La campaña llama la atención sobre la falta de intervenciones para la prevención del VIH entre los jóvenes que usan drogas en el país.
En abril de 2012, la Fundación Andrey Rylkov presentó un recurso ante la UNESCO en que se denuncia que Rusia está obstaculizando el derecho a gozar de los beneficios del progreso científico.
La nueva estrategia impulsada por el gobierno británico (Road to Recovery) puede poner en peligro los avances alcanzados durante los últimos 25 años en los ámbitos de la salud y de reducción de la delincuencia.
Las personas que viven en el sur de los Países Bajos y que deseen seguir adquiriendo cannabis en los coffee shops, deberán presentar su permiso de residencia para demostrar que viven oficialmente en el país.
La estrategia detalla 113 acciones concretas que se van a emprender para reformar la política sobre drogas de los Estados Unidos a través de enfoques de salud pública innovadores y basados en pruebas empíricas, con el objetivo de reducir el consumo de estupefacientes y sus consecuencias.
La campaña promueve medidas alternativas a la prisión preventiva, ampliar el acceso a los servicios de asistencia legal, utilizar “paralegales” para que intervengan en las etapas preliminares del proceso penal y diseñar políticas a largo plazo y compromisos de financiamiento para apoyar el cambio.
Instalan puestos policiales en favelas que fueron bastión de narcos en Río. El Gobierno regional del estado de Río de Janeiro tiene planeado instalar otros seis puestos policiales.
