Diputados salvadoreños de diferentes bancadas piden una apertura del debate sobre la ley de drogas en el país, uno de los principales lugares de tránsito de cocaína de la región, tras el fracaso del modelo prohibicionista.
La carta, enviada por 145 organizaciones Obama y a líderes mesoamericano, exige abandonar la estregia de militarización de la seguridad pública, que ha exacerbado la violencia y violaciones de derechos humanos.
La Federación Andaluza ENLACE, de entidades de Drogodependencias y Adicciones, VIH y Exclusión Social valora de manera muy positiva la iniciativa del Gobierno andaluz para hacer frente al gravísimo problema de exclusión social que vive un número creciente de personas y familias en nuestra comunidad autónoma y espera que no se olvide a los colectivos que ya antes de la crisis sufrían situaciones de exclusión social, como drogodependientes de larga duración, personas sin hogar, mujeres con especiales dificultades añadidas, personas privadas de libertad, etc.
Ciertamente, la situación de absoluta excepcionalidad que estamos viviendo, obliga a poner en marcha iniciativas que protejan a las personas y familias más vulnerables. En palabras de Antonio Escobar, presidente de ENLACE, “los recursos económicos de la Junta de Andalucía, que pertenecen a todas y todos los andaluces, deben volcarse en hacer frente a este drama humano”.
Por otro lado, ENLACE pide al Gobierno de Griñán que no se olvide de las personas que ya venían sufriendo exclusión social antes de que la crisis económica actual irrumpiera en Andalucía. Podría ser el caso de las personas drogodependientes más deterioradas, que en estos momentos no cuentan con programas como el “Andalucía Orienta”, que se ha mostrado imprescindible en un colectivo con muy poca formación y escasos hábitos laborales pues incidía en la preparación pre-laboral, siempre necesaria para situar a la persona en posición de búsqueda de empleo a largo plazo. O con los programas de reducción de daños para las personas consumidoras de drogas en activo, que se están viendo reducidos e incluso cancelados en todo el Estado.
Finalmente, la Federación Andaluza pide al equipo de Gobierno de la Junta de Andalucía que cuente con la experiencia y cercanía del tejido asociativo, con las redes del tercer sector y con los recursos ya existentes para llevar a cabo las medidas planeadas.
Suscríbase a las Alertas mensuales del IDPC para recibir información sobre cuestiones relacionadas con políticas sobre drogas.
Durante la Asamblea de la Unión Interparlamentaria, celebrada en Quito, Ecuador, cuatro ponentes expertos de Afganistán, Serbia, Uruguay y México discutieron si la legalización de las drogas podría servir para reducir la delincuencia organizada
Chris Ford, director de la organización IDHDP, analiza el efecto de las políticas de drogas que van en detrimento de la salud y arguye que los médicos tienen un papel importante para definir y promover un enfoque más saludable en esta materia. Más información, en inglés, está disponible abajo.
Suscríbase a las Alertas mensuales del IDPC para recibir información sobre cuestiones relacionadas con políticas sobre drogas.
Chris Ford, director of IDHDP, outlines the effect of unhealthy drug policies and argues that doctors have an important role in shaping and influencing a healthier approach to drug policy.
Keep up-to-date with drug policy developments by subscribing to the IDPC Monthly Alert.
Un proyecto de ley presentado en el Congreso de los Estados Unidos podría solucionar el conflicto entre la ley del Gobierno federal, que prohíbe la marihuana, y las leyes estatales que permiten el uso médico o recreativo.
Una de las políticas discriminatorias más evidentes a la hora de reducir la transmisión del VIH entre niños y jóvenes que usan drogas se encuentra en las estrictas restricciones de edad para poder acceder a la reducción de daños.
El proyecto tiene como objetivo realizar un seguimiento y documentar la asistencia internacional para intervenciones de seguridad ciudadana en Centroamérica.
El Senado del estado de Arkansas, de mayoría republicana, ha aprobado un preocupante proyecto de ley por el que se exigirían análisis aleatorios para la detección de drogas a los ciudadanos y ciudadanas de Arkansas que reciben prestaciones por desempleo.
