El Gobierno canadiense acaba de regular los mercados de cannabis medicinal, poniendo en marcha un mercado libre de 1.300 millones de dólares que podría garantizar sustancias de calidad a 450.000 canadienses.

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The Conservative government is launching a $1.3-billion free market in medical marijuana this Tuesday, eventually providing an expected 450,000 Canadians with quality weed.

Health Canada is phasing out an older system on Monday that mostly relied on small-scale, homegrown medical marijuana of varying quality, often diverted illegally to the black market.

In its place, large indoor marijuana farms certified by the RCMP and health inspectors will produce, package and distribute a range of standardized weed, all of it sold for whatever price the market will bear. The first sales are expected in the next few weeks, delivered directly by secure courier.

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Cannabis medicinal: el Gobierno canadiense pone en marcha un mercado libre

Una de las iniciativas está dirigida a la apertura de clubes privados donde se podrá consumir marihuana y disfrutar de actividades de ocio.
La segunda viene acompañada de un experimento dirigido a explorar cómo podría ser utilizada la droga como tratamiento para aquellos consumidores de cannabis vulnerables a sufrir trastornos psicóticos.

Ambos experimentos han sido propuestos por la municipalidad de la ciudad de Utrecht. "El municipio de Utrecht quiere implementar estos experimentos con el fin de reducir los daños que origina el consumo de cannabis en la salud”, responde Victor Everhardt, concejal de Salud de Utrecht.
“Nuestra municipalidad quiere ofrecer a los consumidores de cannabis la posibilidad de un lugar adecuado para consumir este tipo de droga en cantidades reducidas y controladas”, agrega Everhardt.
El concejal de Salud cree que estos dos proyectos permitirán “reducir el crimen y controlar mejor las molestias que el consumo de cannabis pueda ocasionar”.

La idea es innovadora y se ajusta al régimen de tolerancia que Holanda mantiene respecto del consumo de drogas blandas.

El modelo “club privado” se centra en usuarios recreativos adultos. Asimismo, esta iniciativa ofrece la posibilidad de llevar a cabo un cultivo controlado y regulado para uso personal y en un entorno seguro. Se trata de asociaciones privadas y pequeñas.
Everhardt: “Es una iniciativa controlada y a pequeña escala. Solamente los miembros del club podrán consumir en ese lugar y siempre cantidades pequeñas de la droga. El club asume la responsabilidad del consumo”.

“Clubes privados” para consumir cannabis en Utrecht

La Generalitat de Catalunya quiere regular los clubes de cannabis. El 

 de Salut, Boi Ruiz, tiene previsto convocar próximamente a los representantes de los grupos políticos en el Parlament con el objetivo de consensuar una propuesta que tiene que servir para poner orden y regularizar un sector que, en los últimos años, ha crecido con mucha fuerza. Según el Gobierno y las mismas asociaciones, en Cataluña puede haber unos 300 clubes de cannabis. Hay miles de consumidores.

Salut tiene previsto presentar una propuesta basada en una regulación de buenas prácticas que posibilitaría “un modelo restrictivo de club” con el objetivo de limitar el número de socios, fijar las cantidades máximas de cultivo y de consumo y la edad para asociarse, evitar las actividades promocionales, definir los horarios y las condiciones de salubridad de los locales y poner énfasis en prácticas preventivas de reducción de riesgos y de daños. La regulación también persigue evitar el contacto del consumidor con el mercado negro, conocer más a fondo la realidad del fenómeno, acceder a la población consumidora, conocer la composición de las plantas e involucrar a los usuarios en la elaboración de propuestas factibles de reducción de riesgos y de daños.

Desde hace unos años, el número de clubes de cannabis se han disparado en Cataluña, principalmente en Barcelona. “Pensamos que pueden haber unas 300 asociaciones, y más de 200 están en Barcelona, sobre todo en Ciutat Vella”, dice Jaume Xaus, portavoz de la CATFAC, la Federación de Asociaciones de Usuarios de Cannabis de Cataluña, una de las dos federaciones existentes.

Cataluña plantea regular los clubes de cannabis

Una carta del primer ministro de San Vicente y las Granadinas a la secretaría general de la Comunidad del Caribe (Caricom) ha abierto el debate público acerca de si conviene o no despenalizar el uso del cannabis con fines médicos en la región y hacer de su producción una pujante industria que contribuya a reflotar las deprimidas economías de las 15 naciones que conforman el bloque. “Ya es hora de que Caricom aborde este asunto a nivel regional, de una manera sensible, enfocada, y no histérica”, escribió Ralph Gonsalves en su carta del septiembre pasado.

El tema divide a las Antillas: San Kits y Nevis se opone a la idea, con la misma fuerza con que Jamaica la celebra. La secretaría de la Caricom ha decidido, por lo tanto, trabajar en un reporte sobre los beneficios y perjuicios que traería consigo la medida, para presentarlo en febrero próximo a la consideración de los jefes de Estado y de Gobierno del grupo.

El Caribe se abre al debate sobre la despenalización de la marihuana

En Perú el uso de drogas no está penado de acuerdo a la Ley Penal. En ese sentido, una persona puede poseer hasta 8 gramos de marihuana para su consumo. El cultivo de marihuana sí lo está y se prevé una pena privativa de la libertad de 2 a 6 años (menos de 100 plantas) y 8 a 15 años (más de 100 plantas). Sin embargo, el cultivo de marihuana debe destinarse necesariamente al tráfico ilícito de drogas. En teoría, no se castiga el cultivo de plantas para el propio consumo – el auto cultivo. La práctica demuestra todo lo contrario.

¿Cuándo hablar de tráfico o de consumo? Según declaró Eugenio Raúl Zaffaroni, juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, en la Revista THC[1], solo se podría detener a alguien si se tiene indicios suficientes de que está vendiendo o por vender esa sustancia “

o que la está teniendo en una cantidad que genera un riesgo de distribución, gratuita o no. […] no pueden iniciar una causa si no hay una presunción de delito, si no hay un indicio serio y concreto. Se habla de ‘sospecha’, pero la sospecha es subjetiva […]. El indicio es una cosa más objetiva, el tipo que va con una bolsa al hombro llena de marihuana es un indicio”

En el caso de allanamientos a casa de consumidores, declaró que 

“[e]s lo mismo que tener un porro, una macetita podés tener. Si tengo todo el jardín plantado […] eso es otra cosa

.” Asimismo refiere que el cultivo de por lo menos cinco plantas no es una producción

¿Cuál es el límite entonces? Según Zaffaroni, el límite es “

“[s]iempre y cuando se presuma que el sujeto vende, produce, o que por la cantidad de sustancia genera un riesgo de distribución

el allanamiento hay que hacerlo con orden judicial y la orden judicial se da cuando hay un indicio serio de delito, sino el juez no puede dar la orden. Es la responsabilidad del juez. Nadie puede ordenar un allanamiento por un porro o una planta

Nicolás, de 21 años, vive con su pareja e hijo en una chacra de Pachacamac, en las afuera de Lima. Es rasta[2] y tiene cinco plantas de marihuana para uso en ceremonias y rituales. Nicolás lleva dreadlocks y su apariencia le causó temor en su vecina evangélica quien veía en él la imagen del diablo. Es así que lo denunció a la Policía. Nicolás estuvo detenido en la comisaría durante 15 días hasta que lo trasladaron al Penal de Lurigancho donde le cortaron el pelo y sufrió malos tratos por parte de otros internos. Nicolás estuvo en 

 durante cuatro meses mientras peleaba la apelación de su mandato de detención. Con el apoyo de la Línea Verde enfrenta ahora su proceso penal en libertad.

La detención preventiva como pena anticipada

El Juez de primera instancia dictó el mandato de detención por el mero de hecho de no contar con domicilio conocido o trabajo formal. A esto se suma el alto impacto social de los delitos de drogas y la mala interpretación de la Ley Penal y Procesal Penal. Sin embargo, ¿era motivo suficiente para dictar tal medida?

Pues, no. Para dictar la detención preventiva se debe tener en cuenta tres criterios: 1) suficientes pruebas de la comisión de un delito; 2) una sanción a imponerse mayor a los cuatro años; y 3) que exista peligro de fuga o perturbación de la investigación. Ya que no existían suficientes pruebas de que Nicolás estuviera traficando marihuana y que la sanción a imponerse es menor a cuatro años por la cantidad de plantas, la imposición de esta medida cautelar fue arbitraria por basarse únicamente en el peligro de fuga.

El equipo legal de la Línea Verde apeló el mandato de detención y logró en base a una argumentación sólida variar el mandato de detención por el de comparecencia a fin de que Nicolás pueda demostrarle al Estado que no solo es inocente sino que no es traficante ni mucho menos delincuente y que la simple tenencia de una o varias plantas de marihuana para el propio consumo no representa un delito.

Este hecho es particularmente importante si se tiene en cuenta el contexto de criminalización de las drogas en el Perú que, en cierta medida, vulnera los derechos fundamentales de aquellas personas que las usan. El imaginario social suele asociar uso de drogas y delincuencia, por ende, no se diferencia entre detención preventiva y pena privativa de la libertad. La variación del mandato de detención de Nicolás es un primer paso hacia un cambio muy necesario en la racionalización del uso excesivo de la detención preventiva y las representaciones sociales negativas respecto del uso de drogas.

Línea Verde, Centro de Investigación Drogas y DDHH

Cana por plantas en Perú ¿Qué hay de mis derechos?

Suiza prohíbe el cultivo, el consumo y la venta de cannabis. Pero desde el 1 de octubre cualquier persona mayor de 18 años que la policía descubra en posesión de hasta 10 gramos de cannabis deberá pagar una multa de 100 francos, sin quedar inscrita en el registro de antecedentes penales. Un trato similar a cuando un conductor comete una infracción de tráfico simple.

Los partidarios de esta revisión, aprobada por el Parlamento hace un año, sostienen que es un pequeño acercamiento a la realidad del consumo del cannabis en este país.

La modificación coloca a Suiza en el grupo de países europeos que toleran el consumo de marihuana en pequeñas cantidades. Medio millón de los 8 millones de población que tiene la nación alpina han admitido ser fumadores ocasionales. Y la tendencia es que cada vez menos personas consumen esta hierba.

Suiza descriminaliza la posesión para uso personal de cannabis

Crean comisión para reformar la actual política antidrogas marcada por el combate frontal al narcotráfico, impulsado por Washington, a fin de buscar alternativas en esa lucha, informó este martes el presidente de Guatemala en un comunicado.

La recién creada Comisión Nacional para la Reforma de la Política de Drogas evaluará "los planes y estrategias sobre narcóticos implementados en los últimos años", "formulará propuestas y políticas públicas" y promoverá debates sobre las drogas, detalló el boletín publicado en la página de internet del gobierno.

La Comisión será encabezada por el ministro del Interior, Mauricio López, funcionarios de la Cancillería y prevé invitar a "expertos de la materia".

Crean en Guatemala comisión para reformar política antidrogas

Un importante grupo de personalidades mexicanas ha instado a su Gobierno a descriminalizar el cannabis en un intento por frenar la violencia de las pandillas y la corrupción.

Since 2007, about 80,000 people have been killed in turf wars between drug cartels and their clashes with security forces, leading to calls for a change in policy in Mexico and elsewhere in the U.S.-led war on drugs.

This 26th of September's newspaper advertisement urging the decriminalization of cannabis brought together one of the most diverse coalitions pushing for change in Mexico. Those lobbying included a number of influential figures in public life.

Among the signatories were several former ministers from the ruling Institutional Revolutionary Party, famous actors, media tycoon Ricardo Salinas Pliego, one of Mexico's richest men, and 1995 Nobel laureate for chemistry, Mario Molina.

The ad argued that criminalisation made narcotics more lucrative for cartels, noted that a number of U.S. states had liberalized marijuana laws and that Uruguay's Congress was taking steps to legalize the cultivation and sale of the drug.

Personalidades mexicanas instan al Gobierno a descriminalizar el cannabis

En los últimos cinco años, los Estados Unidos han presentado a Bolivia como un país poco dispuesto a colaborar e incapaz de reducir la producción ilícita y el tráfico de drogas.

The White House’s decision to “decertify” Bolivia’s drug control efforts for the sixth time is no surprise. Since Bolivian President Evo Morales expelled the US Drug Enforcement Administration (DEA) in 2008, the US has portrayed Bolivia as uncooperative and incapable of curtailing illicit drug production and trafficking.

The White House’s corresponding Memorandum of Justification lacks objectivity and attempts to hold Bolivia to higher standards than Peru and Colombia (which are both fully certified), or even the US. As a result, as in previous years, it fails to acknowledge that although problems persist, Bolivia has made steady progress in drug control according to the US’s own yardsticks.

Doble rasero: los Estados Unidos retiran la certificación a Bolivia

Los proyectos de ley promueven la marihuana medicinal y crean una estructura regulatoria integral en el país para acceder a ella.

The president of the California Senate and Chair of Assembly Public Safety introduced bills to crack down on illegal cultivation and distribution under guise of medical marijuana, and to create one of the most comprehensive regulatory structures in the country to allow bona fide patients to access medical marijuana, from state registered growers, transporters and dispensaries, and to reduce diversion to non-medical users.

Se presentan dos proyectos de ley en la legislatura de California para regular la marihuana medicinal

Los casos de violencia contra las personas que usan drogas parecen vuelto a aumentar en Kenya desde julio de 2013.

Kisauni lies towards the North Coast of Mombasa in Kenya. It is about 15 minutes away from the main Mombasa Island, just after the Nyali Bridge. The area is described as a low income area, making a good hideout place for people who do not want publicity. It has also become an ideal hideout for forty brothers, who were accused of murder, rape and criminal activity in the area. The area also serves as a good hideout for 500 people who use drugs (PWUD), since they can use drugs while hiding from law enforcement.

Between 2000 and 2008, as a result of the high insecurity in the area, the community came together and initiated community policing. As part of the strategy to deal with this, the community came up with ‘funga file’. ‘Funga file’, translating to ‘closing a file’ in English entails arresting someone, taking them to a common ground (Kisauni Baptist Primary School), prosecuting them, and ‘closing their file’ which means executing them. Very many PWUD found themselves in this makeshift legal system and lost their lives, since when the arrests were made, they were arbitrary, and any PWUD would be arrested and executed.

The Muslim Education and Welfare Association (MEWA), approached the community leaders and held dialogues with them to handle the sensitive situation. After a series of community meetings, bringing together the community and MEWA staff, the ‘funga file’ cases ended around 2011 to 2012. The hostility against PWUD also somewhat subsided.
The current Situation

From July 2013, the violence cases against PWUD seem to have risen again. Following Government devolution and subsequent takeover of security matters by County governments, drugs became one of the priority areas Mombasa County focused on. However, the situation again targeted the PWUD themselves. In addition, during the NACADA conference in 2013, the President issued a directive to the officials responsible for security at grassroots level to deal with alcohol and drug use and gave them a ninety days’ period. This also happened to coincide with an insecurity rise in Kisauni area, and PWUD have found themselves in the same predicament. The community is considering reintroducing ‘funga file’, and already a number of PWUD have experienced violence meted out against them, regardless of not being caught in criminal activity. It is estimated that less than ten percent of the PWUD are engaged in violent crime, but whenever a criminal activity takes place in the area, the first targets are the PWUD, much as they may not even directly be linked with the crime. The directive has also seen police activity against PWUD increasing, and this is slowly creeping to harassment of outreach workers as they carry out their activities.

On the other hand, the police are being accused of corruption, and demanding bribes of up to a thousand shillings for one to secure their release (1 Kenyan Shilling equals 0.011 US Dollar). Without this money, innocence does not count as the PWUD are roughed up and harassed.

Once again, MEWA is in the process of holding various meetings with the community, PWUD and the police to see a speedy resolution of this situation. Community awareness on sensitivity to PWUD is being conducted, as well as holding meetings and outreaches with PWUD regarding crime. PWUD have responded by encouraging citizenship among them, and volunteering to arrest the criminals among them and take them to police. The police department also has champions, who have taken to engaging with PWUD and encouraging them to refrain from crime.

Although a step at a time, the efforts being made by MEWA, supported by the Community Action on Harm Reduction, envisage advocating for the rights of PWUD, so that justice can be served rightfully, while on the same breath, health services can be provided to PWUD without outreach workers feeling their safety being threatened.

‘Cierre de expedientes’ en Kenya

En el foro tricameral: De la prohibición a la regulación: nuevos enfoques en política de drogas, expertos nacionales e internacionales debatieron temas como la legalización y la regularización de drogas, pronunciándose a favor de alternativas que implementen un enfoque de derechos humanos y se alejen de los patrones prohibicionistas.

El foro tricameral contó con la participación de miembros de organizaciones de la sociedad civil como Ethan Nadelmann, de Drug Policy Alliance; Steve Rolls y Lisa Sánchez, de Transform Drugs Policy Foundation y José Miguel Vivanco de Human Rights Watch.

Además, en el foro participaron miembros gubernamentales como Antonio Navarro Wolff, ex comandante del M19 y vocero nacional de Progresistas; Fernando Gómez Mont, abogado y ex secretario de Gobernación de México; y Carlos Ominami, ex ministro de Estado y presidente honorario de la Fundación Chile 21. Así como representantes de instituciones transnacionales como José Miguel Insulza, secretario general de la OEA o representantes de países que ya han vivido experiencias de descriminalización de drogas, como Dolf Hogewoning, embajador de los Países Bajos en México; Joao Gulao, coordinador Nacional de Drogas de Portugal.

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