Desde que el gobierno mexicano lanzó su guerra contra los cárteles de drogas en 2006, en el país han desaparecido más de 22.000 personas, dejando a las familias de las víctimas en un limbo. Más información, en inglés, está disponible abajo.

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More than 22,000 people have disappeared since the Mexican government launched its war against drug cartels in 2006 - leaving the victims' families in limbo, wondering if they are dead or alive.

Kidnappings are a source of income for cartels, serving as a way to extort civilians but also to force people to work for them. As the Mexican government struggles to battle the cartels, there are also allegations of disappearances by the state's security forces.

"When they put the marines, army and federal police on the streets it was to create terror. Then citizens are submissive and live locked in their homes and people don't complain - despite economic problems, despite corruption amongst officials at the highest levels. We are caught in the middle trying to keep ourselves safe not only from criminals but also from [the] authorities," says Raymundo Ramos Vazquez, the director of the Human Rights Committee of Nuevo Laredo in the Mexican state of Tamaulipas, just across the border with Texas.

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Las desapariciones en México

Las conversaciones entre Santos y Clegg reforzarán de forma significativa la emergente alianza liberal en torno a la reforma de las leyes de drogas durante el período previo a la Sesión Especial de la ONU de 2016. Más información, en inglés, está disponible abajo.

Nick Clegg wants the UK to take a lead role in forging an alliance between European and Latin American countries aiming to reform global drugs laws focused on prohibition.

The deputy prime minister believes that the UN special session on drugs in 2016 offers a “unique opportunity” to push for alternatives to the current system. “We need to seize it,” Clegg said. “The war on drugs has failed and there are now a large number of states who agree on the need for change.”

Clegg was speaking after meeting Colombia’s president, Juan Manuel Santos, for talks about his country’s peace negotiations with the Farc guerrillas and what both see as an emerging international consensus for reform of international drugs policy.

The talks between Santos and Clegg will be seen as a significant strengthening of the emerging liberal alliance on drugs reform, a move heavily resisted by the Lib Dems’ coalition partners.

Nick Clegg y Juan Manuel Santos encabezarán una iniciativa global para reformar las leyes de drogas

Esta encuesta pretende averiguar cómo es de verdad la vida con hepatitis C (VHC) y con su tratamiento.

Muchas de las complicaciones que plantea la vida con hepatitis C son difíciles de medir y, a veces, incluso de describir. Puede resultar difícil expresar el efecto que ejerce la hepatitis C sobre aspectos como la confianza, la energía y el ánimo, los temores que pueden surgir en relación con la salud o el tratamiento, y la experiencia de tener que confesar el diagnóstico a los seres queridos o los compañeros.

Los datos anónimos que recopile esta encuesta en todo el mundo se usarán para aportar conocimientos nuevos a los profesionales sanitarios (médicos, enfermeros y especialistas) y al público en general; ahora tiene la ocasión de decir la verdad sobre la hepatitis C y de hacer un llamamiento a los demás para que se unan a la lucha contra ella.

Bienvenido a la Búsqueda del VHC

Recientemente, nuevos estados de Estados Unidos han avanzado en regular legalmente los mercados del cannabis para uso recreativo. Aquí una sencilla infografía para ver las diferencias entre los varios estados del país.

 Regímenes legales del cannabis en Estados Unidos

Los ciudadanos del Perú, exigen que se detengan las detenciones de usuarios de drogas, una práctica ilegal y abusiva y que la Policía Nacional apruebe de inmediato la propuesta de Directiva que el Centro de Investigación “Drogas y DDHH” (CIDDH) presentó al Ministerio del Interior en julio del 2014. Este instrumento pretende reorientar los escasos recursos asignados a la Policía Nacional en materia de lucha contra la inseguridad ciudadana y el tráfico ilícito de drogas y establecer procedimientos de prevención y reducción de daños para la protección de los DDHH de los usuarios de drogas que no cometen delitos.

El Perú es el mayor productor de cocaína del mundo. Sin embargo, la Policía resulta tener muy mala puntería en su lucha contra el narcotráfico. En promedio, más del 50% de las intervenciones policiales por delitos de drogas, son por actos de posesión o consumo de drogas . Es decir que la Policía detiene a un promedio anual de 7,000 personas (mayormente ciudadanos hombres jóvenes) que poseen pequeñas cantidades de drogas para su uso personal, tanto en lugares públicos como privados. Y esto pese a lo establecido por la Ley penal (CP Art. 299 – posesión no punible). La Policía no parece distinguir entre usuario, micro comercializador y traficante.

Hace unos meses, el Centro de Investigación “Drogas y DDHH” (CIDDH) presentó al Ministerio del Interior una propuesta de Directiva que busca establecer procedimientos policiales para casos de posesión de drogas ilícitas para uso personal. Dichos procedimientos (con enfoque de prevención y reducción de daños) para la protección de los Derechos Humanos de los usuarios de drogas que no cometen delitos y son intervenidos y/o detenidos por efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) con el objeto de mejorar la labor policial en las calles y comisarías del Perú.

¡Firma la petición en la página web de Avaaz!

Policía del Perú, ¡La seguridad ciudadana no pasa por la detención de usuarios!

El viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, y el jefe de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), Alberto Otárola, sostuvieron hoy en Lima una reunión para coordinar acciones conjuntas para la lucha contra el narcotráfico.

Bolivia y Perú perfilaron desarrollar a partir del 2015 un trabajo conjunto de reducción de cultivos ilegales de coca en la frontera común y encarar operativos de interdicción al narcotráfico en el lago Titicaca. El viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, aseguró que los resultados ya se verán en el primer semestre.

El acuerdo es resultado de la IV Reunión de la Comisión Mixta Peruano-Boliviana sobre cooperación para luchar contra el narcotráfico, celebrada hoy en Lima

, con presencia del jefe de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), Alberto Otárola, y Cáceres, según informó la agencia peruana de información Andina.

Otálora informó que trabajarán en una agenda para iniciar el próximo año la erradicación de cultivos de coca ilegales en la zona de frontera, principalmente en el área de Puno y la zona vecina boliviana. Los operativos, añadió, evitarán se destine materia prima al narcotráfico y la fuga de narcotraficantes de un país a otro y viceversa.

Bolivia y Perú perfilan erradicación conjunta de coca en zona de frontera e interdicción en el lago Titicaca

Este martes será un día histórico para el Congreso de la República y la política colombiana pues por primera vez se debatirá sobre la posibilidad de permitir el uso legal de la marihuana.

La comisión primera del Senado dará discusión por primera ocasión al proyecto encaminado a permitir el uso del cannabis con fines medicinales.

El senador Juan Manuel Galán, promotor de la iniciativa, ha insistido en repetidas ocasiones que su intención es sólo buscar la legalización con fines terapéuticos.

“Invito a los críticos del proyecto a que lo lean. Les pidió que lean la iniciativa y me den la oportunidad de intercambiar argumentos sobre la base de evidencia empírica y no de prejuicios ni ideas prefabricadas”, dijo.

Y explicó: “Mi proyecto se limita estrictamente a una regulación de la marihuana para lo terapéutico y medicinal, no toca para nada el tema recreacional. Le hago la misma invitación al doctor Alejandro Ordóñez para que lea el texto del proyecto”.

Día histórico: Senado abre debate a legalización de marihuana con fines medicinales en Colombia

Los tomadores de decisión deben dejar de dar por hecho que existe una conexión entre el uso de drogas y la criminalidad, máxime si el objetivo es el de responder con efectividad a “la demanda”, y las necesidades de salud de las personas con un problema de adicción. Catalogar a las personas que usan drogas como criminales es, sin duda, el enfoque equivocado para la oficina encargada de velar por un acercamiento de salud pública al fenómeno de las drogas.

El nuevo comisionado contra las adicciones en México, Manuel Mondragón y Kalb, expresó su opinión sobre la reforma de la política de drogas. "Legalizar la mariguana tendría serias implicaciones, generaría problemas de salud, no se terminaría con la venta en clandestinidad, podría generar diferendos internacionales, impactaría en el campo mexicano y no acabaría con las organizaciones criminales", dice.

Aram Bara, Espolea, cuestiona algunas de las afirmaciones del nuevo comisionado contra las adicciones, ylas asunciones que subyacen en ellas.

El debate de Mondragón sobre el cannabis en México

, a la que han adherido organismos y comunidades locales e internacionales, la Iglesia Evangélica Protestante de El Salvador – IEPES se pronuncia debido a la evasión a tratar la temática de parte de las autoridades correspondientes.

Hace un año la IEPES junto a la agrupación ciudadana La María Guanaca y el CIRCA - Centro de Investigaciones de Recursos Centroamericanos, inician un 

 que se ha ido fortaleciendo con el tiempo y que realizó su primer muestra pública en la 

Primer Marcha por una Nueva Política de Drogas

, realizada el pasado 3 de mayo con el apoyo de otras organizaciones locales e internacionales.

Al Estado a establecer mesas de diálogo con organizaciones de defensa de derechos humanos, la sociedad civil, usuarias y usuarios de drogas para la urgente modificación a las actuales políticas de combate al narcotráfico y reducción de demanda de drogas.

A la Asamblea Legislativa, la inmediata reforma a la actual legislación que violenta los derechos de los y las salvadoreñas.

A la Corte Suprema de Justicia y en especial a la Sala de lo Constitucional, a velar y hacer respetar los derechos esenciales de la persona humana.

A la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, a que acompañe y garantice el respeto de los derechos esenciales de las y los salvadoreños, en especial de aquellos criminalizados por el consumo de sustancias psicoactivas.

A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a garantizar el cumplimiento de la legislación internacional y a sancionar de ser necesario a los estados americanos que atenten contra los derechos esenciales de la persona humana y en especial al gobierno de El Salvador.

Al Arzobispo de San Salvador y a la Conferencia Episcopal de El Salvador, a no ser complices del narcotráfico y a reconocer como medidas efectivas la reducción de daños y riesgos.

Iglesia exige regulación de drogas en El Salvador

La Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó ayer el decreto presidencial de indulto 2131 que beneficia a privados de libertad que cometieron delitos menores.

El beneficio, que se aprueba por tercer año consecutivo, ahora alcanza a procesados por tráfico de drogas y mujeres en etapa de gestación. Según el artículo 2 de la normativa, los detenidos por tráfico de sustancias controladas establecido en la Ley 1008 podrán acceder al beneficio siempre y cuando hayan cumplido cuarta parte de su condena. El beneficio no alcanza a reincidentes.

También tiene alcance para embarazadas con seis meses o más de gestación cumplidos hasta dentro de los 90 días calendario siguientes a la publicación del Decreto Presidencial y que hayan cumplido cuarta parte de su condena, según el inciso d) del artículo 2 de la norma.

Los detenidos con los beneficios de extramuro y detención domiciliaria también pueden beneficiarse. Además, de los reos preventivos con procesos en etapa preparatoria que se sometan a juicio abreviado obteniendo sentencia durante la vigencia de la norma.

Parlamento Boliviano aprueba nuevo indulto presidencial por otro año

El ex Presidente chileno aseguró que Chile debe comenzar por legalizar la marihuana para luego de una evaluación continuar con la cocaína. Lagos es miembro de la Comisión Global de Políticas de Drogas junto a una serie de mandatarios y ex mandatarios.

El ex mandatario chileno, asegura que el contexto en el país ha cambiado. Reconoce “que el Chile del 2000 es distinto al de 2006 y al de 2010. Es una sociedad que se ha hecho cada vez más liberal, más abierta. Yo llegué a la convicción de que la política prohibicionista había fracasado”. El miembro de la Comisión Global asegura que para llegar a esta postura fue tomando en cuenta las experiencias de otros países como Colombia y México, entendiendo que “que este no es un tema individual de un país, aunque cada uno deba definir sus propios caminos”. Aseguró en una entrevista a la Revista Qué Pasa.

Las palabras de Lagos generan alta resonancia, justo cuando el país ha logrado llegar a un debate histórico sobre las drogas, debate que ha incluido la presentación de proyectos de ley por parte de congresistas de diferentes partidos políticos que buscan legalizar, despenalizar o regular el porte, consumo y cultivo de drogas, junto con lograr una correcta categorización de las drogas. Según el Observatorio Latinoamericano de Políticas de Drogas, el 48% de los chilenos evalúan negativamente las políticas de drogas en el país y un porcentaje similar evalúa negativamente las campañas gubernamentales enfocadas en la prevención. Dado este contexto, Lagos aseguró que en Chile “estamos atrasados en cuanto no nos planteamos el tema a nivel de la agenda pública, tenemos muchos temas donde queremos introducir cambios”

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Ex Presidente Lagos: “Debemos legalizar todas las drogas en Chile”

El mensaje global sobre la lucha contra el VIH y el SIDA está claro: no se puede excluir a nadie. Más información, en inglés, está disponible abajo.

The global message on tackling HIV and AIDS is clear - no one should be left behind. However, 30 million men and women spend time in prisons every year and are often overlooked in national strategies and global commitments; the time to turn the HIV tide in prison is pressing. Such a response must also include prison staff and should pay special attention to women in prisons.

UNODC Executive Director Yury Fedotov opened on 16 October 2014 in Vienna the Global Consultation on HIV Prevention, Treatment, Care and Support in Prison Settings. The meeting, addressing the HIV needs of the prison population and staff, is part of UNODC's work to ensure that efforts are intensified globally to tackle the large gaps and disparities existing in the HIV response in prisons.

Mr. Fedotov, referring to the urgent necessity to address comprehensively HIV and the broader health needs of staff and prisoners said "Health in prison is a right guaranteed in international law, as well as in international rules, guidelines, declarations and covenants. Prisoners should have access to medical treatment and preventive measures without discrimination on the grounds of their legal situation." He underlined the need to foster and strengthen collaboration and integration among all stakeholders, including ministries of health and other ministries with responsibilities in prisons, as well as civil society and community-based service providers.

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