La administración Humala ve con espasmo el deterioro de la seguridad ciudadana en el Perú, sin haber emprendido reformas estructurales largamente requeridas en la Policía Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial, como lo demuestran los feminicidios, invasiones, asesinatos violentos, falsificaciones, y corrupción generalizada.
Comunidades, gobiernos y funcionarios de policía han invocado la reforma y profesionalización mediante una mayor fiscalización, legitimidad y vigilancia policiales basadas en evidencias, a fin de satisfacer las necesidades actuales de la comunidad.
El curso se propone desarrollar las competencias de los participantes para apoyar a los gobiernos de sus países a adoptar políticas de drogas basadas la salud pública y la seguridad ciudadana, afirmadas en enfoques basados en evidencias para la reducción de daños, y respaldadas por leyes y prácticas que cumplen con los derechos humanos.
El cada vez más difundido uso de ancianos para transportar drogas por parte de los cárteles de drogas ha generado invocaciones de las autoridades en Hong Kong para reevaluar los severos lineamientos para la determinación de sentencias.
La mayoría de los delitos relacionados a drogas por los cuales los tribunales nacionales aplican la pena de muerte no constituyen “delitos más graves” según la legislación internacional de derechos humanos.
El Sr. Ivanov afirma que cada año 200.000 consumidores de drogas enfrentan sanciones administrativas y penales, y opina que reorientar estas personas hacia el tratamiento ayudará resolver la situación general del consumo de drogas en el país.
Expertos en políticas sobre drogas afirman que severas leyes en muchas naciones asiáticas no están ayudando a reducir el consumo problemático de drogas en la región.
Durante la 68ª edición de la Asamblea Mundial de la Salud, el ex-Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, resaltó la necesidad de regular las drogas a fin de ofrecer una mejor protección de la salud.
Recientes ejecuciones masivas en Indonesia han concitado la atención a nivel internacional sobre la pena de muerte para delitos relacionados a drogas, y han encendido debates entre los estados abolicionistas y retencionistas sobre la legalidad de esta sanción.
En marzo de 2012, un pequeño grupo de ciudadanos de Belice comenzó a estudiar la posibilidad de modificar la legislación vigente con el fin de hacer recomendaciones al Gobierno para despenalizar la posesión de hasta diez gramos de marihuana.
De acuerdo con el Mandatario, Colombia busca promover una solución integral que ataque todos los eslabones de la cadena del narcotráfico de forma diferenciada.
Tania Correa, responsable de la Iniciativa Colaborativa Mujeres Resistencias y Poderes en la Sombra, junto a Laura Carlsen, directora del Programa de las Américas del Center for International Policy denuncian la escalada de violencia que vienen provocando las políticas prohibicionistas frente a las drogas.