El fiscal general de los Estados Unidos, Jeff Sessions, tiene la intención de que su país vuelva a la década de 1980, ignorando las pruebas empíricas y fomentando modelos obsoletos de educación y penas duras por los delitos de drogas.
El Gobierno camboyano ha autorizado que se prorrogue la campaña contra las drogas. Desde enero, se ha detenido a 10 000 personas por delitos de drogas.
La ley no permite que se venda de forma indiscriminada. Solo las personas que residen en Uruguay pueden inscribirse para comprar cannabis, con lo que se prevé evitar el turismo cannábico.
El Tribunal ha declarado que las penas de prisión por el cultivo de cannabis para uso personal son anticonstitucionales, mientras que el Gobierno está estudiando un proyecto de ley que contempla la despenalización.
Los trabajadores sociales han advertido que el cierre de ‘El Campamento’, en Filadelfia, solo desplazará a unas personas con numerosas necesidades y agravará su situación de vulnerabilidad.
En los últimos años, Costa Rica, Ecuador y Uruguay han adoptado alternativas al encarcelamiento para frenar el aumento sostenido de la población encarcelada por delitos de drogas en América Latina.
Distintas voces en los EEUU empiezan a alzarse a favor de dejar de tratar las sobredosis, queriendo acabar con la epidemia de opioides dejando morir a los adictos.
Las Farc y el gobierno buscan substituir la de coca por cultivos legales, pero las ganancias de la coca siguen siendo demasiado tentadoras y muchos desconfían de las promesas de las autoridades.
Aunque las pruebas aleatorias de drogas entre empleados es una práctica que sigue protegida por la ley federal, algunos tribunales se han puesto del lado de los usuarios de cannabis medicinal cuando los resultados de estas pruebas les han costado a los pacientes el puesto de trabajo.
