El IDPC se une a decenas de ONG en solicitar que la próxima conferencia sobre políticas de drogas entre Colombia y México marque distancia con el enfoque bélico y construya una estrategia regional basada en la evidencia, la salud pública, la participación y el respeto a los derechos humanos.
Aunque no se trata de un modelo de regulación integral, la nueva legislación permite a los adultos poseer hasta tres gramos de cannabis y cultivar hasta cuatro plantas en un lugar seguro.
El gobierno anunció que el proyecto de ley pretende sustituir las políticas fracasadas sobre el cannabis, reducir el mercado informal y proteger a la juventud, pero se enfrenta a un feroz debate parlamentario.
Las políticas y derivas securitaristas, militaristas y estigmatizantes del presidente mexicano empañan lo auspicioso de una cumbre que debería alentar una estrategia regional progresista en materia de drogas.
La cobertura reciente simplifica en exceso y tergiversa las causas profundas de la falta de vivienda, los problemas de drogodependencia y la delincuencia, que no responden a la despenalización de las drogas, sino a factores socioestructurales más amplios, como la exclusión social, la crisis de la vivienda, la inseguridad económica y las repercusiones duraderas de una pandemia mundial.
La caída de los precios ha sumido en la miseria a miles de familias cocaleras, subrayando la necesidad de soluciones sostenibles a la precaria dependencia de las comunidades rurales a este inestable mercado ilícito.
En vez de negar la existencia de fentanilo y arremeter contra la reducción de daños, el gobierno federal debería invertir en respuestas de salud y desestigmatización que protejan a la ciudadanía.
Al simplificar la compleja relación entre los actores estatales, los ciudadanos y las economías informales globalizadas de la droga, el término sirve a menudo para alimentar la estigmatización, los estereotipos nocivos y el aumento de la violencia.
