Más de 3,000 personas son condenadas cada año por delitos menores relacionados con las drogas, perjudicando a las comunidades y desviando fondos públicos hacia la represión.
Los expertos acogieron con satisfacción la abolición de la pena de muerte obligatoria y la voluntad del gobierno de considerar la descriminalización, al tiempo que subrayaron que la criminalización no debe sustituirse por un tratamiento obligatorio.
Se han retractado ya dos de los 15 países que objetaron a la maniobra que Bolivia empleó en 2013 para legalizar el uso tradicional de la coca en relación a las normas internacionales.
Las organizaciones que trabajan para la reducción de daños advierten que esta ley socava los derechos y la dignidad de las personas, y que entorpecerá la respuesta del país ante el VIH.
La Declaración de Antipolo, bajo los auspicios del gobierno y de la ONU, se compromete a alinear las estrategias de control y tratamiento de drogas con los estándares internacionales, en colaboración con la sociedad civil.
Maydany Salcedo, lider cocalera, subraya la importancia del cese de la violencia a las comunidades cultivadoras, tanto de organizaciones criminales como por parte de las fuerzas del Estado.
El Gobierno afirma que se retiró del Estatuto de Roma antes de que se iniciara el procedimiento, pero el fiscal de la CPI se opone a tal interpretación porque ya se estaba realizando un estudio preliminar.
Los pilotos beneficiarán a un grupo reducido de personas en la localidad, siguiendo el modelo de los ensayos de provisión de cannabis en curso a nivel federal.
El informe aboga por la descriminalización de las drogas y un acceso más fácil a espacios de inyección más segura, en un esfuerzo para reducir los daños, así como para alentar tratamiento y apoyo para quienes consumen drogas.
Disponibles en espacios públicos, estas máquinas facilitarían el acceso a la naloxona, que puede salvar vidas y revertir sobredosis de opiáceos en cuestión de minutos.
Los activistas en favor de la reducción de daños crearon el espacio como un acto de desobediencia civil, resaltando las deficiencias en la respuesta de salud pública del país para quienes consumen drogas.
El encarcelamiento sólo fragiliza aún más la precariedad de las personas involucradas en los eslabones bajos de las cadenas de suministro, por lo que urgen medidas que prioricen el bienestar social y la salud.
