Si bien el sistema depende de la discreción policial, el cambio refuerza los llamados de activistas de enfocar las cuestiones de drogas desde una perspectiva de salud.
La regulación de las cooperativas y del cultivo doméstico pretende llenar el vacío de los planes originales que giraban en torno a la despenalización del cultivo doméstico.
El IDPC y el HRI hacen un llamamiento para que la sociedad civil y las comunidades participen de forma significativa en el Programa Conjunto de la ONU sobre Filipinas, y para que éste se centre en alinear la política nacional de drogas con las normas de derechos humanos.
Cuando se le implementa correctamente, la descriminalización del consumo y la posesión personal de drogas puede tener beneficios significativos para la salud, el bienestar y los derechos de las personas que consumen drogas
