Aunque una mayoría de franceses están en favor de legalizar el cannabis para consumo personal, el país aún mantiene algunas de las leyes más severas sobre drogas. Más información, en inglés, está disponible abajo.

The survey, involving a quarter of a million people, was carried out last month by a parliamentary fact-finding mission, which showed that more than 80 percent of those polled agree that consumption and production should be allowed, governed by law.

“We now know that the legalisation of cannabis is no longer a taboo in France and that our fellow citizens are observing the ineffectiveness of the current legislation in the matter,” said LREM MP Caroline Janvier in a statement.

However, only 14 percent believe it should be decriminalised, while nearly five percent believe sanctions against it should be strengthened, but less than one percent believe that France should keep the legal framework the way it is now.

Estudio realizado por el Parlamento francés reporta que la mayoría de los franceses está en favor de legalizar el cannabis 

Dificultades que enfrentan activistas y algunas importantes reflexiones sobre las injusticias que confrontan las personas que consumen drogas en Túnez. Más información, en inglés, está disponible abajo.

A series of protests which began on January 15 in various cities and neighborhoods across the country have largely focused on economic inequality and police repression. But recently, some of those protesting have revived an old demand of decriminalizing cannabis usage. One event appears to have pushed some to take up this demand again with renewed visibility in the streets and on social media: on January 21, 2021 a judge in El Kef handed out 30-year jail sentences to three young men for cannabis consumption in a public place.

Law 52 passed in 1992 criminalizes more than 130 narcotics from cocaine to cannabis with no apparent distinctions made between the substances.

According to a statement by Faouzi Dhaouadi, the State’s assistant prosecutor at El Kef’s Court of First Instance, the as-yet unnamed individuals who were sentenced had already been in pretrial detention for a year and half and received the maximum sentence under article 11 of Law 52 because they were in a sports stadium—a circumstance that allows a judge to add 20 years to the five for consumption and five for possession covered in other articles of the law. An appeal scheduled to take place on February 16 was postponed to March 9.

Demonstrators in front of the National Theater in downtown Tunis on February 6, 2021. Photo by Fadil Aliriza.

Meshkal spoke with several people who participated in recent protests in downtown Tunis who were calling for authorities to not enforce Law 52.

“People from poorer backgrounds are definitely more singled out through this law, because if you put them in jail, they will not ask for employment,” said 25-year old cannabis user Fatma (not her real name).

Fatma said she began using cannabis for therapeutic reasons about five years ago.

“I just use it to feel better and sleep better,” she said.

As of late 2015, a Human Rights Watch report found that about 5200 out of 7451 people in jail for drug-related offences were there for using or possessing cannabis. The same report noted that those 7451 people in jail for drug-related offenses represented 28 percent of the country’s total prison population, and of them 98 percent were men.

“My fear has certainly gotten bigger with the current situation… since they [the police] hunted down the person whose picture was taken while rolling a joint in a protest, then it definitely means that they are targeting those people,” Fatma said.

Meanwhile, Fatma believes that it’s hypocritical for police to arrest young men for cannabis usage because she thinks that there are police who also use cannabis.

Algunos exigen descriminalización en Túnez tras decisión de sentenciar a 30 años de prisión a personas que consumían cannabis

El régimen de Duterte está socavando el mero principio de presunción de inocencia, al expandir la cobertura legal para la destructiva “guerra contra las drogas”. Más información, en inglés, está disponible abajo.

The House of Representatives passed a bill providing for legal presumption on who is considered an importer, financier, or protector of illegal drugs – meaning suspects would be presumed guilty upon apprehension.

On Tuesday, March 2, lawmakers approved on final reading House Bill (HB) No 7814, which aimed to give more teeth to Republic Act No. 9165 or the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.

A total of 188 legislators – a majority of whom are allies of President Rodrigo Duterte – voted in favor of HB 7814, while only 11 voted no and 9 abstained.

The Duterte-controlled House approved the bill just days after the shootout between agents of the Philippine National Police and the Philippine Drug Enforcement Agency – the vanguards of Duterte’s landmark but deadly campaign against illegal drugs.

Most of the House members who opposed the bill or abstained from the vote raised red flags over the HB 7814’s provisions that presumes the guilt of drug suspects without proper investigation by law enforcement agents.

House committee on human rights chair Jesus “Bong” Suntay voted against the bill since it contained 20 presumptions of guilt on drug-related criminal acts that would result to a penalty of life imprisonment.

La Cámara aprueba propuesta de ley que presume que las personas sospechosas por delitos relacionados con drogas son culpables hasta que demuestren su inocencia en Filipinas

CIUDAD DE MÉXICO— Los legisladores de México aprobaron el miércoles un proyecto de ley para legalizar la marihuana recreativa, un hito para el país, que está inmerso en una guerra contra las drogas y podría convertirse en el mayor mercado de cannabis del mundo, lo que deja a Estados Unidos entre dos vecinos vendedores de marihuana.

La votación en la Cámara de Diputados, 316 a 129, se produjo más de dos años después de que la Corte Suprema de México dictaminó que la prohibición de la marihuana recreativa en el país era inconstitucional y más de tres años después de que el país legalizó el cannabis medicinal.

La cámara aprobó la ley en términos generales el miércoles por la tarde antes de pasar a una prolongada discusión de las posibles modificaciones presentadas por distintos legisladores de manera individual.

En su versión final, no obstante, se espera que el proyecto sea aprobado por el Senado antes de ser enviado al Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha dado señales de apoyo a la legalización.

México se dispone a legalizar la marihuana y a convertirse en el mayor mercado del mundo

En día pasados siete relatores especiales de las Naciones Unidas hicieron pública una carta que remitieron al Gobierno de Colombia, y en la que le piden a Iván Duque y al Congreso de la República que rechacen la intención de reactivar el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Glifosato (PECIG) por los riesgos que tiene para los derechos humanos y el medio ambiente.

La carta fue enviada luego de que, desde la sociedad civil, pidiéramos que los relatores activaran este mecanismo y contribuyeran así a contener los insistentes anuncios del Gobierno sobre la posible reanudación del PECIG. Esto, pese a que existen suficientes argumentos técnicos y jurídicos para no hacerlo.

A su turno, varios medios de comunicación dieron a conocer la carta de respuesta del Gobierno colombiano a los relatores. En ella, el Gobierno omitió pronunciarse sobre el contenido de las preocupaciones y la evidencia presentada por los relatores, y se negó a presentar la información adicional que éstos le solicitan.

Desde Dejusticia y otras 19 organizaciones campesinas, ambientales, de derechos humanos y de reforma a la política de drogas de Colombia, Noruega, Hungría, Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, decidimos pronunciarnos sobre la desafortunada respuesta del Gobierno.

Reaccionamos a la respuesta negativa del Gobierno frente a llamado de siete relatores sobre fumigaciones con glifosato

Con el propósito de contribuir al esfuerzo por encontrar soluciones con enfoque de derechos humanos para la crisis generada por la pandemia de la COVID-19, un grupo de organizaciones de la región solicitamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una audiencia pública para expresar nuestra preocupación por la situación de las mujeres privadas de la libertad durante la emergencia sanitaria.

La pandemia agudizó la crisis y agravó la emergencia sanitaria y de derechos humanos que ya se vivía al interior de las cárceles. Ante estas condiciones de vulnerabilidad, la CIDH recomendó en abril de 2020 a los Gobiernos reducir la población carcelaria para garantizar en el distanciamiento social en las prisiones, así como proveer productos de higiene y protección necesarios para evitar la propagación del virus, garantizar la atención médica adecuada y facilitar la toma de muestras para la detección efectiva tanto para las personas encarceladas como para el personal penitenciario. Lamentablemente, los gobiernos de la región han fracasado en implementar estas recomendaciones.

Además, las limitadas acciones emprendidas por los Estados frente a la emergencia fueron diseñadas e implementadas sin una consideración del enfoque de género ni interseccional, lo que ha tenido efectos negativos desproporcionados en mujeres en general y en mujeres LBTIQ+, indígenas y con discapacidad. También las decisiones de los gobiernos sobre la prohibición de visitas provocaron impactos desproporcionados en las mujeres y sus familias y las dejó sin su red de apoyo. El vaivén de las demoras de los penales dificultó el acceso a materiales de aseo e higiene. La suspensión de los juzgados perjudicó el avance en los procesos e impidió que los abogados a los establecimientos ingresaran a los establecimientos.

Durante la pandemia, aquellas mujeres que estaban en detención domiciliaria o que habían salido de la cárcel enfrentaron la ausencia de recursos para llevar a cabo los cambios de la vida propia, familiar y social. Esto implicó que, aunque en libertad, no tuvieran condiciones para vivir dignamente y que algunas de ellas estuvieran (y aún lo están) expuestas a violencia de género.

Las mujeres encarceladas en su domicilio también enfrentan retos cotidianos que los Estados no han atendido. Denunciamos que las mujeres que vivieron la pandemia en el arresto domiciliario enfrentaron serias dificultades para poder trabajar y sobrevivir y que los castigos que se imponen sobre las madres terminan afectado a sus hijes.

Varios gobiernos de la región hicieron promesas para excarcelar a las mujeres con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas, con discapacidad, adultas mayores, pero en casi todos los países esto no se cumplió y se ve reflejado en el bajo porcentaje de mujeres que han salido.

Debido a toda la situación expuesta, solicitamos a la CIDH:

Recordar a los Estados que la prisión debe ser una medida excepcional y que la excarcelación de un número significativo de mujeres podría contribuir a solucionar el problema de hacinamiento, de vital importancia para dar respuesta a la pandemia de la COVID-19. Es decir, debería reducirse el hacinamiento a partir de la liberación de las mujeres que presenten riesgos de salud, embarazadas, con niñes a su cargo, mujeres de edad avanzada y mujeres trans a través de medidas alternativas a la prisión, amnistías e indultos.

Con respecto al impacto de la pandemia en las cárceles de mujeres, la CIDH debe utilizar todas sus herramientas para recordar a los Estados la necesidad y urgencia de implementar las recomendaciones relacionadas con personas privadas de la libertad de la Resolución 1/2020, ya que en gran medida no se han cumplido.

Para aquellas mujeres que continúan privadas de la libertad, los gobiernos tienen la obligación de garantizar el acceso a la salud: deben proveer tests y tratamientos para el Covid-19 y mantener el acceso regular a servicios de salud mental y física, incluyendo atención ginecológica, tratamientos hormonales, productos sanitarios, artículos de higiene personal básicos.

Debe garantizarse por todos los medios la continuidad del contacto con familiares y personas cercanas, lo que no está ocurriendo en la actualidad.

La falta de información sobre la situación de las mujeres recluidas sigue siendo dramática. Urgimos a la CIDH a que recomiende la recolección y diseminación de datos veraces y actualizados, así como estadísticas referidas al impacto de la COVID-19 en mujeres privadas de la libertad, teniendo en cuenta una perspectiva de género e interseccional.

Debido a la alta incidencia y mortalidad de la COVID-19 en prisiones, es urgente que la CIDH recomiende la inclusión de las personas privadas de libertad y personal penitenciario como población prioritaria en los planes nacionales de vacunación, sin discriminación por identidad ni expresión de género.

Asociación Costarricense para el Estudio e Intervención en Drogas (ACEID) de Costa Rica,

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina,

Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC)

Equis: Justicia para las Mujeres de México,

Red Latinoamericana de Mujeres Libres (Colombia, Chile, El Salvador y México)

Oficina en Washington sobre Asuntos Latinoamericanos (WOLA),

La respuesta de los sistemas penitenciarios de América Latina frente a la crisis por COVID-19 no ha tenido en cuenta a las mujeres privadas de la libertad

Por Klarem Valoyes Gutiérrez / Newsroom Infobae

A Manuel González Segura, uno de los 75 líderes de sustitución de cultivos ilícitos asesinados desde la firma en 2016 del acuerdo de paz en Colombia, lo desaparecieron en junio de 2019. Su homicidio marcó un periodo sangriento contra el trabajo comunitario de miles de campesinos del país. El cuerpo de Gónzalez fue encontrado con impactos de arma de fuego, las manos atadas y signos de tortura en el departamento de Córdoba (norte) donde unas semanas después un grupo narcoparamilitar decapitó en el municipio de San José de Uré al campesino Manuel Osuna Tapias. Los asesinatos de Gónzalez y Osuna, ambos vinculados a la Asociación Campesina del Sur de Córdoba (Ascsucor), hacen parte de una ofensiva contra este tipo de defensores que se agudizó desde 2016, cuando el Gobierno colombiano y la antigua guerrilla de las FARC pactaron la paz, según un informe divulgado hoy por la organización colombiana Somos Defensores. De acuerdo con el estudio, los 75 crímenes, ocurridos entre el 24 de noviembre de 2016 y el 30 de junio de 2020 en 12 de los 32 departamentos del país, evidencian los tropiezos de la política antidrogas de Colombia, así como los obstáculos que enfrentan miles de familias acorraladas por los grupos armados ilegales y la fuerza pública.

Líderes de sustitución de cultivos sufren más violencia desde el acuerdo de paz en Colombia

El gobierno de Colombia se está acercando a restablecer un programa, suspendido en 2015, que asperjaría herbicidas desde aviones sobre territorios donde se cultiva la coca. Veinticinco organizaciones estadounidenses y colombianas se han unido en esta carta dirigida al presidente Joe Biden en la que le instan a evitar el apoyo a un renovado programa de “fumigación”, exponiendo sucintamente las razones por las que esto sería un desafortunado error político. La carta fue compartida con la Casa Blanca el 26 de marzo.

Presidente Joseph R. Biden, Jr.
La Casa Blanca
Washington, DC

Le escribimos con gran preocupación por el inminente reinicio de un programa que su administración está heredando de su antecesor: un esfuerzo para erradicar la coca en Colombia mediante la fumigación de herbicidas desde aviones. 

Le animamos a que no financie este programa

, que no sólo no ha logrado los objetivos anteriores, sino que envía un mensaje de crueldad e insensibilidad con el que Estados Unidos no debería seguir asociado. Socavará los acuerdos de paz que son un poderoso legado de la administración Obama-Biden.

La fumigación aérea puede reducir a corto plazo el número de hectáreas sembradas de coca. Pero la experiencia del pasado muestra no sólo que estas ganancias se revierten rápidamente, sino que la estrategia debilita otros objetivos de seguridad de Estados Unidos y Colombia. Recurrir a la fumigación es como retroceder en el tiempo, ignorando mucho de lo que hemos aprendido sobre lo que funciona y lo que no.

Muchas de nuestras organizaciones han publicado estudios que documentan el daño que las fumigaciones han causado en el pasado. El informe de diciembre de 2020 de la Comisión de Política de Drogas del Hemisferio Occidental del gobierno estadounidense, de carácter bipartidista, encontró que la erradicación forzada trajo “enormes costos y pésimos resultados”. Sólo desde finales de febrero, hemos visto fuertes críticas a la erradicación forzosa y a las fumigaciones por parte del International Crisis Group; la Fundación Ideas para la Paz, un think tank del sector empresarial colombiano; una lista de más de 200 académicos, y siete relatores de derechos humanos de la ONU.

Entre 1994 y 2015, un programa respaldado por Estados Unidos apoyó una flota de aviones, y equipos de pilotos contratados y personal de mantenimiento, que rociaron el herbicida glifosato en 1.8 millones de hectáreas de territorio colombiano, una superficie de tierra tres veces y media el tamaño del estado de Delaware. En 2015, el gobierno colombiano suspendió el programa de fumigación, alegando problemas de salud pública basados en un estudio de la Organización Mundial de la Salud que determinó que el glifosato era “probablemente cancerígeno para los seres humanos.”

Durante los años siguientes, el gobierno colombiano no sustituyó la estrategia por nada, ni la erradicación ni la asistencia a las zonas afectadas. A finales de la década de 2010, los cultivos de coca en Colombia aumentaron hasta alcanzar niveles récord. Casi todo el aumento 

se produjo exactamente en los municipios y comunidades donde la fumigación había sido más intensa

. Tras 20 años de erradicación constante, los agricultores siguen enfrentándose a la misma realidad sobre el terreno.

La mayoría de los productores colombianos del arbusto de coca no son delincuentes vinculados al crimen organizado ni partidarios de grupos armados ilegales. Son familias con pequeñas parcelas. Las estimaciones sobre el número de familias que viven de la coca varían entre “más de 119.500″ y 215.000. Si se supone que hay cuatro personas por familia, más del 2% de los 50 millones de colombianos dependen de la coca. Los hogares ganan alrededor de 1.000 dólares por persona al año con el cultivo, lo que los convierte en el eslabón peor pagado de la cadena de suministro de cocaína.

Viven en zonas de “frontera agrícola” en las que escasean las evidencias de la existencia del gobierno de Colombia. No hay carreteras asfaltadas ni mantenidas. La red eléctrica nacional está muy lejos. No existe agua potable ni títulos de propiedad. En algunas zonas, incluso el efectivo es difícil de conseguir, y las tiendas ofrecen la opción de pagar los alimentos con pasta de coca.

Estas personas necesitan ser gobernadas y protegidas por su Estado. Un avión que sobrevuele anónimamente, rociando productos químicos en zonas pobladas, es exactamente lo contrario de eso. Pero el programa tiene otras desventajas importantes:

Debido a que se dirige a los hogares pobres en áreas no gobernadas, la fumigación química envía un 

y asocia ese mensaje con los Estados Unidos. Su administración está trabajando para deshacer las crueles medidas migratorias de la administración Trump, que impusieron el sufrimiento a una población débil y empobrecida en la frontera entre Estados Unidos y México. Le pedimos que también evite volver a la “disuasión a través de la crueldad” en la Colombia rural.

Como toda erradicación sin asistencia, la fumigación 

debilita aún más la gobernabilidad y amenaza con empeorar la seguridad 

en los territorios no gobernados de Colombia, donde prosperan las economías ilegales y los grupos armados. La erradicación forzada, especialmente cuando no se coordina con los esfuerzos para llevar físicamente los servicios del gobierno al territorio, envía a las familias desde la pobreza a la extrema pobreza, sin ayuda oficial a la vista. Esto perjudica la legitimidad del gobierno en las zonas fronterizas, donde tanto necesita fortalecerse.

Después de una posible disminución a corto plazo de los cultivos, la fumigación no es eficaz para reducir los cultivos de coca. La experiencia pasada muestra 

y otras maneras de minimizar las cosechas perdidas, en contextos de ausencia de gobierno y pocos cultivos alternativos.

La fumigación va en contra de lo que prometió el acuerdo de paz de Colombia de 2016

. Los capítulos primero y cuarto de ese documento ofrecían un plan para reducir los cultivos ilícitos: primero, involucrando a las familias en programas de sustitución, y luego llevando a cabo un esfuerzo de “reforma rural integral” de 15 años para llevar la presencia del Estado a las zonas rurales. La fumigación debía ser el último recurso, para circunstancias en las que las familias rechazaran las oportunidades de sustituir los cultivos y cuando la erradicación manual se considerara demasiado peligrosa. Apurar la fumigación es una bofetada a los valientes líderes de las asociaciones de cultivadores que dieron el arriesgado paso de desafiar a los traficantes y llevar a sus comunidades a los programas de sustitución de cultivos del cuarto capítulo.

fumigación corre el riesgo de provocar una ola de protesta social a gran escala 

en las zonas rurales de Colombia. En 1996, tras la puesta en marcha del programa, gran parte de las zonas rurales de Colombia se paralizaron durante semanas o meses debido a las protestas de los cocaleros, en su mayoría pacíficas, que estallaron en todo el país. Hoy en día, los cultivadores están aún mejor organizados que hace 25 años.

La fumigación, por su parte, puede conllevar 

riesgos para la salud humana y el medio ambiente

. El documento de la OMS de 2015 es uno de los muchos estudios que arrojan dudas razonables sobre los efectos en la salud de la aspersión desde aviones de altas concentraciones de glifosato sobre zonas pobladas. Bayer, la empresa que compró a Monsanto, el productor de glifosato, ha llegado a acuerdos con los demandantes estadounidenses que podrían ascender a más de 11.000 millones de dólares, otro motivo de duda razonable. Aunque los impactos ambientales son menos claros, el propio etiquetado del glifosato advierte de que no se debe rociar cerca de fuentes de agua estancada, y nos preocupa su uso en las proximidades de los ecosistemas de selva tropical. Sin embargo, es probable que el mayor impacto medioambiental sea la forma en que muchos agricultores del pasado han respondido tras perder sus cultivos por la fumigación, mientras permanecían en un vacío de presencia gubernamental: se trasladan a otro lugar y talan más selva para volver a cultivar coca.

Como toda erradicación forzosa no acompañada de asistencia, la fumigación es 

. En 2013, no mucho antes de la suspensión del programa, la guerrilla de las FARC derribó dos aviones de fumigación en el espacio de dos semanas. Aunque los aviones y sus helicópteros de escolta estarán más blindados que antes, la vulnerabilidad se mantiene. La erradicación es mucho más segura cuando es acordada con las comunidades por un gobierno que está físicamente presente en su propio territorio.

En marzo de 2020, Donald Trump se reunió con el presidente colombiano Iván Duque y le dijo: “Vas a tener que fumigar”. El máximo tribunal del país ha exigido al gobierno de Duque que cumpla con una serie de requisitos sanitarios, ambientales, de consulta y otros. El Ministro de Defensa de Colombia prevé ahora que las fumigaciones podrían reanudarse en abril.

Esta vez, ha declarado el embajador estadounidense Philip Goldberg, el papel de Estados Unidos en el programa no será tan amplio. Aun así, durante la administración Trump, el Departamento de Estado apoyó el mantenimiento de la flota de aviones de fumigación, la mejora de algunas bases, y la formación del personal de erradicación, entre otros servicios. Los informes del Departamento de Estado enviados al Congreso a finales de febrero y a principios de marzo saludaron el inminente reinicio de la fumigación como una señal de progreso.

reiteramos nuestra esperanza de que el gobierno de Biden deje de apoyar el programa de fumigación de Colombia mientras haya tiempo de evitarlo

. Estados Unidos no debe apoyar la fumigación aérea en Colombia de nuevo. Tampoco tiene que hacerlo. Sabemos lo que hay que hacer.

Los agricultores con títulos de propiedad casi nunca cultivan coca. Los agricultores que viven cerca de carreteras pavimentadas casi nunca cultivan coca. Los grupos criminales se ven muy debilitados por la proximidad de un gobierno que funciona y es capaz de resolver disputas y castigar las infracciones.

Se trata de un proyecto a largo plazo, pero el acuerdo de paz de Colombia de 2016 ofrecía un buen plan para ponerlo en marcha: un programa de sustitución de cultivos consultivo y de rápida ejecución, vinculado a un programa de reforma rural más lento pero integral. Aunque estos programas existen y algunas partes del gobierno de Duque los están llevando a cabo con diligencia, carecen de fondos suficientes y están muy por detrás de lo que deberían estar cuando la implementación del acuerdo entra en su quinto año.

No es demasiado tarde para ayudar a Colombia a poner en marcha el modelo que ofrece el acuerdo de paz de Colombia, que la administración Obama-Biden apoyó tan enérgicamente. Le instamos a que tome ese camino en lugar del de las nuevas fumigaciones, que sabemos que es un callejón sin salida.

Center for International Environmental Law

Centro Estudios sobre Seguridad y Drogas, Universidad de los Andes (Colombia)

Chicago Religious Leadership Network on Latin America

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Colombia)

Fellowship of Reconciliation: Peace Presence

Institute for Policy Studies, Drug Policy Project

Institute on Race, Equality, and Human Rights

Mennonite Central Committee U.S. Washington Office

Presbyterian Church (USA), Office of Public Witness

United Church of Christ, Justice and Witness Ministries

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