Mujeres trans tras las rejas: estrategias de resistencia en la pandemia del COVID-19

A medida que los países de América Latina continúan enfrentando el empeoramiento de la situación en las prisiones y el impacto del COVID-19 en las personas encarceladas, un grupo en condiciones de vulnerabilidad continúa siendo invisibilizado: las mujeres trans privadas de la libertad. A pesar de que los Estados tienen la responsabilidad de proteger la salud física y mental, así como el bienestar de todas las personas bajo su custodia, en particular de las que vienen de situaciones más vulnerables, la mayoría de los gobiernos de la región no han implementado medidas específicas para proteger a las personas LGBTI+ tras las rejas. El impacto de la pandemia del COVID-19 en las mujeres trans privadas de la libertad ha sido desproporcionado comparado con otros grupos, en particular, por las diversas interseccionalidades que atraviesan sus vidas.

Ante esta preocupante situación, organizaciones de la sociedad civil lideradas y/o que trabajan con personas trans privadas de la libertad han desarrollado diversas iniciativas para garantizar el ejercicio pleno de la dignidad y la protección de los derechos humanos de este colectivo. En este contexto, dichas organizaciones convocaron al taller Las mujeres trans tras las rejas: estrategias de resistencia en el contexto de la pandemia del COVID-19 con el fin de compartir experiencias y estrategias de resistencia, así como buenas prácticas y retos que enfrentan grupos de la sociedad civil.

Durante el taller, mujeres trans que han estado en prisión abogaron por alternativas al encarcelamiento y plantearon la necesidad de incorporar perspectivas interseccionales y un enfoque diferenciado que proteja los derechos de las personas LGTBI+. Las recomendaciones incluyen:

• Implementar acciones inmediatas para liberar a las trans mujeres quienes tienen mayores riesgos asociados con la salud y se encuentran en condiciones de encarcelamiento inhumanas e inseguras. Dicha liberación podría ser a través de alternativas al encarcelamiento, indultos, reducciones de sentencias u otros medios de acuerdo con el sistema legal y judicial del país.
• Garantizar el acceso a la información a las personas LGTBI+ privadas de la libertad sobre la situación del COVID-19.
• Establecer un Programa de Monitoreo Penitenciario sobre el COVID-19 con perspectiva de género y diversidad sexual con la finalidad de identificar los impactos diferenciados en grupos en situación de vulnerabilidad.
• Proporcionar todos los insumos necesarios para monitorear y salvaguardar la salud de las personas LGTBI+ privadas de la libertad ante la situación de la pandemia COVID-19.
• Garantizar que las mujeres trans tengan acceso adecuado a la salud integral y consejería apropiada a sus necesidades y particularidades, en particular ante un posible contagio de COVID-19. Se deberá asegurar la continuidad de los tratamientos hormonales y la cirugía de reasignación, cuando sea elegida por las mismas.
• Promover la sensibilización y capacitación permanente de lo/as operadores penitenciarios y el resto de los actores y funcionario/as del sistema de justicia en orientación sexual, identidad y expresión de género. Estas capacitaciones deberían ser coordinadas con las organizaciones de la sociedad civil especializadas y con experiencia en el tema y con la participación activa de mujeres trans.
• Apoyar la reinserción social de las mujeres trans que salen de prisión garantizando, al menos, pruebas de detección del COVID-19, servicios de atención médica apropiados, forma segura de transporte a casa o a una casa intermedia, y suministro inmediato de documentos de identificación oficiales.
• Implementar programas y alianzas entre el Estado y organizaciones de la sociedad civil—incluyendo el sector privado cuando sea oportuno—para garantizar el acceso al trabajo, desarrollo personal, salud, vivienda, y educación a personas que han estado privadas de la libertad.
• Promover la participación de mujeres trans que han estado privadas de la libertad en las instancias de planificación e implementación de políticas públicas destinadas específicamente para la promoción de derechos humanos de la población trans.