La pena de muerte, que constituye un ejemplo extremo de las formas perversas en que los Gobiernos castigan a las personas sospechosas de estar implicadas en asuntos de drogas ilegales, todavía se utiliza en varios países de todo el mundo, como Malasia.
El primer ministro, Gaston Browne, aboga por que se apruebe una ley que no permita que se procese a ningún adulto por la tenencia de menos de 10 gramos de cannabis.
Tras una investigación caracterizada por numerosas irregularidades, violaciones de los derechos humanos e imprecisiones, el Gobierno de Kazajistán está dando marcha atrás con respecto a un programa esencial de reducción de daños.
El Gobierno de Singapur está tratando de aprovechar los beneficios médicos del cannabis, aunque mantiene unos castigos severos contra cualquiera que intente usar la planta en su forma natural.
Las críticas contra las salas de consumo supervisado ignoran la evidencia científica sobre las mismas y la experiencia de las personas que usan drogas, las cuales demuestran los beneficios de estas intervenciones de reducción de daños.
El candidato del presidente Trump carece de experiencia en este ámbito y toma las riendas del organismo en un momento de importantes recortes presupuestarios.