Una de cada cinco personas encarceladas en el mundo está en prisión por un delito relacionado con las drogas y, sobre todo, por la posesión o el uso personal.
Las políticas basadas en pruebas empíricas deberían incluir la despenalización del uso personal de drogas, un enfoque que ha demostrado que, además de ser eficaz, fomenta el respeto de la dignidad humana.
Aunque los intentos anteriores no consiguieron salir adelante, algunas voces afirman que la ley federal alemana contempla la experimentación en el ámbito local.
Las muertes relacionadas con drogas, en especial entre personas que se inyectan opioides, sigue siendo un importante problema de salud pública, y Escocia es la región del Reino Unido en la que se registran las tasas más elevadas.
Un grupo de 20 ONG rumanas se ha dirigido al Fondo Mundial de lucha contra el sida para solicitar que destine fondos a los programas contra el VIH, ya que las poblaciones marginadas cada vez están más olvidadas por los programas de los Gobiernos en el sureste de Europa.
El IDPC insta al Comité de Expertos de la OMS en Farmacodependencia (ECDD) a efectuar un examen exhaustivo sobre la inclusión del cannabis en las listas de fiscalización: “La clasificación de las sustancias… influye en la vida de las personas, en la salud pública y en los derechos humanos [y] nunca debería ser fruto de acciones arbitrarias o que respondan a motivos políticos”.
El consumo de drogas se definió como un problema "BioPsicoSocioCultural" que debe ser comprendido desde las perspectivas de los derechos humanos y de la salud pública.
Este es el primer acuerdo sobre la venta internacional de productos derivados de la coca para usos tradicionales, terapéuticos y medicinales en el mundo.
