Con motivo del 13º Día Mundial contra la Pena de Muerte, que se conmemora el 10 de octubre, expertos de la ONU coincidieron en que “las ejecuciones por delitos de drogas constituyen una violación del derecho internacional y representan un homicidio ilícito”.
Los eurodiputados votaron mayoritariamente a favor de que la abolición de la pena de muerte por delitos relacionados con drogas se convierta en un prerrequisito para la prestación de la ayuda financiera y técnica de la UE a terceros países.
El Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT) ha desarrollado una herramienta que permite examinar y comparar las sanciones o las respuestas de rehabilitación a los principales delitos de uso, posesión para uso personal y otros delitos relacionados con la oferta en los países europeos.
Reducción de Daños Internacional (HRI) ha abierto la convocatoria de propuestas de socios locales con capacidad para coorganizar la próxima Conferencia Internacional de Reducción de Daños, que se prevé que tenga lugar en mayo o junio de 2017.
Con motivo del Día Internacional de los Cuidados Terminales y Paliativos, dos expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas instaron a los Estados y a la comunidad internacional a priorizar la disponibilidad y el acceso universal y no discriminatorio a los cuidados paliativos y al tratamiento para el alivio del dolor a toda persona que los necesite.
A la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la agencia que ha supervisado la guerra global contra las drogas durante 50 años, se le ha impedido que anuncie su revolucionaria nueva posición: que todos los países deberían descriminalizar la posesión de drogas para uso personal.
ACEID, con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil, ha emitido un llamado al Poder Judicial, instituciones estatales, organizaciones defensoras de derechos humanos y a la sociedad civil en general, para que se pronuncien en contra de la criminalización y el encarcelamiento de personas que usan drogas en Costa Rica.
Bajo las nuevas iniciativas anunciadas por Obama, las agencias del Gobierno federal deberán facilitar a sus proveedores de atención sanitaria y la capacitación necesaria sobre la prescripción de opiáceos.
