La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó vez una audiencia para analizar los graves impactos de las políticas de drogas en los derechos humanos. Esta tendrá lugar el 25 de marzo.
En el evento se presentaron algunos de los instrumentos para fortalecer la formulación y consolidación de las políticas públicas basadas en la evidencia.
Ecuador abogó por unificar y poner al día los tratados internacionales sobre drogas para incorporar lo aprendido en las últimas décadas, y centrarlas en los derechos humanos.
La misión de este conjunto de subvenciones es llamar la atención a los abusos en centros cerrados de tratamiento de personas que usan drogas en América Latina, con el fin de presionar a los gobiernos a establecer mecanismos para el monitoreo de abusos y para regular instalaciones ofreciendo "tratamiento" o "rehabilitación".
La aparición de nuevas sustancias psicoactivas plantea importantes problemas a los responsables de la formulación y la aplicación de políticas, y es difícil encontrar una respuesta global.
Las nuevas normas de la UE acelerarán la acción comunitaria y permitirán la retirada inmediata del mercado de sustancias con efectos nocivos graves durante un período de un año.
Las redes LANPUD y CARIPUD instan a la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) a reconocer los riesgos de VIH a los que se enfrentan las personas que usan estimulantes a base de coca en América Latina y el Caribe.
Michel Kazatchkine pone de relieve la necesidad de ofrecer servicios de reducción de daños para luchar contra el VIH y la hepatitis entre las personas que usan drogas.
Las redes INPUD y ENPUD están llamando la atención de la sociedad civil, las Naciones Unidas y los Estados miembros sobre la situación catastrófica en materia de salud y derechos humanos en la península de Crimea.
