Entre fines de marzo y mediados de abril de 2014, se organizarán dos módulos virtuales sobre reducción de daños y terapia de sustitución de opiáceos en prisiones. El plazo para inscribirse finaliza el 9 de marzo.

Más información, en inglés, está disponible abajo.

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“Opioid substitution treatment in prison” 

have been launched in the framework of the CARE project. The modules will run between the end of March and mid-May 2014.

All information about the training, its content and structure and required timeframe are available here.

The harm reduction course is primarily addressed to professionals in health and social services working either within the prison or outside. They may be employed as civil servants within state agencies or in NGOs. The opiate substitution therapy in prisons training wants to support prison doctors, contracted doctors, prison health care workers, prison administration, NGOs and others in delivering or supporting substitution treatment. Preference will be given to participants from European Union and neighbouring countries.

Colleagues interested in taking part in the training, should fill in the attached registration form and send it back to Ms. Cinzia Brentari before the 9 March.

, so the only expectation from trainees is a sufficient knowledge of English, as well as a specific interest and possibly some expertise on drugs, infections and the prison setting.

Please advertise this opportunity widely among your contacts and colleagues at the prison administration and other health and social care structures in your area and through your website and newsletters.

For any further information please contact Ms. Cinzia Brentari.

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Curso virtual sobre reducción de daños y terapia de sustitución de opiáceos en prisiones

A partir de 2015, los y las jóvenes de Escocia tendrán más derechos para seguir en centros de acogida hasta alcanzar la edad adulta temprana.

Hundreds of Scotland’s most vulnerable young people are to be given greater rights to continuing their care placement into early adulthood from next year, the Scottish Government has announced.

From April 2015, teenagers in residential, foster or kinship care who turn 16 will be entitled to remain looked after until the age of 21 under new provisions proposed for the Children and Young People Bill.

This increased support, to be funded by £5 million a year up to 2020, is in addition to the Scottish Government’s recent commitment to provide support up to the age of 26-years-old for care leavers to help them move into independent living.

Minister for Young People Aileen Campbell said:

“It is vitally important that the support available to young people leaving care will help make the transition to independent living as comfortable and successful as possible. Care leavers in Scotland currently receive care and financial support up to the age of 21 and we have already committed to extending this to 26. We are now able to announce that, from April next year, those 16-year-olds in foster, kinship or residential care will have a right to stay up until the age of 21 before receiving aftercare.

Más derechos para los y las jóvenes en centros de acogida

Pese a las críticas de que los centros de uso de drogas pueden promover la delincuencia, los estudios han demostrado que reducen el consumo de sustancias en espacios públicos y que salvan vidas.

Denmark has joined a handful of other countries worldwide in providing “fix rooms,” or drug consumption centers (DCR’s) where users are supervised when using. The Danish Parliament passed legislation in June 2012 that would allow municipalities to open these centers and Copenhagen launched the first one in October of that year. Two other Danish cities have since followed suit.

A second DCR was opened in Copenhagen last August and both centers now host 1,800 users who smoke and inject heroin and cocaine. Nurses witness up to 800 injections each day at the centers. However, that isn’t to say that drug use at DCR’s is necessarily safer. Although no deaths have taken place in the two Copenhagen fix rooms, 135 people overdosed on site in the first year.

But despite claims from some that DCR’s encourage and promote illegal drug use, studies are now showing that the rooms reduce the issue of public drug use without increasing crime and actually save lives in the process. "It's very similar to the early days of needle exchange in the U.S., where there was a lot of opposition," explained Laura Thomas with the New York-based Drug Policy Alliance. "Pretty much all of that opposition has now faded away and a lot of people acknowledge they were wrong to oppose it: that it didn't increase drug use, that it didn't do a lot of things that people feared. But at the same time, there's a very human cost to a slow learning curve."

The Danish DCR’s also assist addicts when they leave the rooms. Rasmus Christansen, manager at one of the Copenhagen DCR’s, said they have helped over 1,000 users get access to housing and medical care through the country’s welfare system.

Salas de uso de drogas en Dinamarca: un éxito demostrado en su primer año

Por el Instituto sobre políticas de drogas y sostenibilidad (IPDS)

El Estado español vive días de inquietud social. Cada vez más personas y colectivos advierten de la regresión democrática que parece querer imprimir el Partido Popular en diferentes frentes. El ante-proyecto de seguridad ciudadana, conocido ya popularmente como “Ley mordaza” es uno de ellos. En este texto nos proponemos acercar lo ocurrido el pasado mes de enero en Barcelona en materia de políticas de drogas en general, y en las consecuencias concretas derivadas de dicho ante-proyecto, en caso de que finalmente se apruebe, para las personas consumidoras de cannabis en particular.

El 14 de enero en la universidad (UPF) de Barcelona se organizó una mesa redonda titulada “Cannabis: ¿Criminalizar o Regular?” en la que tres personas expertas en la materia y unas 90 personas de público compartieron, a lo largo de dos horas, argumentos sobre el desafío que representa el ante-proyecto de ley de Protección de la Seguridad Ciudadana que aprobó el PP a finales de 2013. Pinchando aquí se puede leer el texto “Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana: Represión de las personas consumidoras de cannabis y otras drogas” que IPDS, como organizadores del evento, elaboramos para compartir y dar a conocer sucintamente lo que implica este ante-proyecto de ley con relación al cannabis y a los Clubes Sociales de Cannabis

Los ponentes de la mesa redonda eran Gemma Calvet, abogada y diputada en el Parlament de Catalunya por ERC, Vendúla Belackova, economista de la República Checa y José Carlos Bouso, doctor en farmacología de ICEERS e IPDS.

Vendúla explicó (vídeo) que es un sinsentido para un gobierno líder europeo en deuda pública hacer leyes coercitivas y con afán recaudarorio contra las personas consumidoras de cannabis pudiendo optar por una regulación de las actividades relacionadas con el cannabis. En la República Checa una ley parecida, con conceptos que pueden ser interpretados de una manera muy amplia por la policía, dieron pie al cierre de todos los smart-shops en 2011 y de todos los grow-shops en noviembre de 2013.

Por su parte, José C. Bouso (vídeo) desmontó uno por uno los argumentos que se utilizan para justificar un endurecimiento de las leyes sobre cannabis. Para ello, solo necesitó datos estadísticos extraídos de fuentes oficiales como son las del Plan Nacional Sobre Drogas. Las cifras oficiales no sustentan la idea del "potencial de abuso" del cannabis, es decir, no es cierto que haya una relación a lo largo de los años entre los inicios de consumo (que no han dejado de subir) y el consumo continuado (que se mantiene estable). Si los consumos suben pero no hay un mayor abuso por parte de la población implementar políticas punitivas no responde a la evidencia científica.

En último lugar, Gemma Calvet (vídeo en catalán) quién ya ha mostrado su rechazo a este ante-proyecto de ley en el mismo parlamento catalán (vídeo en catalán), expuso que los redactores del ante-proyecto denotan una nostalgia de tiempos pre-democráticos. El proyecto de ley vulnera el estatus jurídico del ciudadano, el concepto de derechos y libertades fundamentales y es propio de un estado totalitario y no democrático. Además, añadió que en el ante-proyecto no se persigue el cannabis, se persiguen colectivos, personas y fenómenos vinculados a la libertad de expresión o libertad de prensa.

El 18 de enero se celebró, en 12 ciudades de todo el Estado español, la onomástica de San Canuto, santo adoptado por los consumidores de cannabis para festejar y reivindicar los valores que rodean la marihuana. Un día en que fiesta y revuelta comparten significados. El día antes, en Barcelona, el Moviment Cannàbic Català organizó un evento de reflexión en el Hemp Museum. Ciencia, política y activismo.

José C. Bouso abrió la tarde con una charla sobre cannabis medicinal por medio de la cual acercó, a los más de 100 asistentes, los últimos avances en materia de estudios científicos internacionales. El plato fuerte de la tarde fue la mesa redonda de políticos, que además contó con las aportaciones de Martín Barriuso. Un representante de cada partido político del arco parlamentario catalán (menos del partido socialista catalán, PSC) expuso su punto de vista y el de su partido sobre la situación actual de la potencial regulación de la actividad de los CSC de Cataluña en un interesante debate. En este sentido, todos los ponentes se mostraron a favor de una regulación, incluso sobre temas muy delicados a nivel de competencias entre diferentes administraciones como son el cultivo y el transporte de cannabis. El elemento más disonante de la tarde fue la representante del PP de Cataluña. La señora Eva García anunció una supuesta ponencia creada a partir de la iniciativa de su partido en el Congreso español para estudiar el fenómeno de los CSC. Supuesta porque, a día de hoy, nadie conoce absolutamente nada de ella. La Sra. García se comprometió públicamente a facilitar que Martín Barriuso pudiera ir al Congreso a explicar su situación (el PP de Madrid no le recibe pese a los dos años que él lleva pidiendo una reunión).

La segunda parte del debate fue sobre el ante-proyecto de ley de protección de la Seguridad Ciudadana. De nuevo, todos los representantes coincidieron en rechazar el ante-proyecto y la valoraron como pre-democrático, menos la representante del PP, quien dijo que “no se trata de una ley, es un proyecto y lo que pretende es intentar controlar, no de una forma restrictiva, sino mucho más... ejem... puede tener alguna restricción, no os voy a decir que no, pero no restricciones severas para ir contra nadie sino precisamente intentar que la banalización que hay sobre vuestra actividad (CSC) no sea lo que hasta ahora ha sido, ¿no?”.

Al día siguiente, tuvo lugar uno de los “Sant Canutos” más concurridos y bien organizados de los acaecidos en los últimos años en Barcelona (vídeo). Durante el acto se leyó un texto en recuerdo de Xavier Sánchez Pretel, amigo y compañero de la lucha por las libertades y por unas políticas de drogas más justas. Un año más, la lluvia apareció para cerrar el acto prematuramente.

Visto lo visto, se prepara un 2014 con más movilizaciones y revuelta ante la involución democrática del Estado español. En los últimos días hemos conocido un caso que, por su crudeza, ha vuelto a levantar la crítica. Quique y Lupe son una familia gallega que corre riesgo de embargo de su casa porque la Guardia Civil encontró una planta de cannabis en su huerto. Ya hay en marcha varias campañas de apoyo (firmas-donaciones).

Para saber más del Instituto de Políticas de Drogas y Sostenibilidad (http://www.politicasdedrogas.org/) siga su twitter, @PolíticasDrogas, Facebook o visite su página web.

Enero de actividades cannábicas en Barcelona

Las grupos de autodefensas surgidos en Michoacán se incorporarán a los Cuerpos de Defensa Rurales o a las policías municipales, con lo que entrarán a la “institucionalidad”, según una serie de ocho acuerdos firmados este lunes 27 de enero entre los grupos de vigilancia, el gobierno federal y el estatal.
La firma alcanzada en el marco del Acuerdo para el Apoyo Federal a la Seguridad de Michoacán, establece que el gobierno de la República y el estado de Michoacán llegaron con la “convicción de reconstruir la tranquilidad y el orden públicos”. Asimismo, las autodefensas, se comprometieron a entrgar una lista con todos sus integrantes.

Las autodefensas se institucionalizan al incorporarse a los Cuerpos de Defensa Rurales.

 Para este fin, los líderes de las autodefensas presentarán una lista con todos los nombres de sus integrantes, los cuales serán validados con la formación del expediente respectivo, controlado por la Secretaría de la Defensa Nacional. Estos cuerpos serán temporales y estarán bajo el mando de la autoridad en los términos de las disposiciones aplicables.

 personal de las autodefensas podrá formar parte de la Policía Municipal

 siempre y cuando acrediten los requisitos de ley y cuenten con el aval del Cabildo de su Ayuntamiento para ser propuesto para formar parte de dicha policía.

Legalización de los grupos de autodefensa en México genera preocupaciones 

Líderes políticos, fiscales y otros expertos reunidos en el Foro Económico Mundial de Davos han abordado por primera vez en la historia la despenalización del consumo de drogas y su legalización.

El Foro ha debatido la legalización de las drogas desde su repercusión para la salud y la seguridad públicas, que en algunos casos se llega a ver, incluso, como una amenaza.

Este paso se produce después de que países como Uruguay y algunos estados estadounidenses hayan legalizado el consumo de la marihuana.
"Cómo le voy a decir a un agricultor que puede ir a la cárcel por cultivar una hectárea de marihuana si en algunos estados de EE. UU es legal fumarla" , dijo Santos.

Noticias

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En el Foro Económico Mundial, mandatarios del mundo coinciden en que la represión de drogas no ha sido una política adecuada