Por una política de drogas que promueva la paz y el respeto de los derechos humanos

Carta abierta a los presidentes de América

En esta Sexta Cumbre de las Américas la agenda de las y los presidentes del continente incluye debatir las políticas de drogas. Las organizaciones de la sociedad civil que trabajamos desde distintos ángulos y países en el tema, hacemos un llamado a los mandatarios de la región a revisar las consecuencias de dos décadas de guerra que, como ha sido y sigue siendo ampliamente documentado, no han tenido como resultado la reducción del narcotráfico sino la multiplicación, concentración, especialización y diversificación del crimen organizado.

En cambio, esta guerra sin resultados positivos en la reducción del mercado de las drogas tuvo, y tiene, altos costos económicos y miles de víctimas inocentes: muertos y personas desaparecidas; encarcelamientos masivos e inhumanos para los eslabones más débiles del tráfico; familias campesinas tratadas como delincuentes; usuarios de drogas criminalizados.

Es tiempo que la agenda de política de drogas de los gobiernos cambie su sentido y centren el esfuerzo en respuestas alternativas, innovadoras y concertadas que permitan un abordaje integral de los problemas asociados a las drogas. Son propuestas audaces que requieren decisión política.

Proponemos:

1. Separar el uso de drogas del campo penal y de la seguridad. Las personas que usan drogas no deben ser penalizadas por su consumo, ni sospechosas de formar parte de la cadena de tráfico. Sólo una clara separación entre usuarios de drogas y mercado ilegal permitirá que el esfuerzo de las agencias de seguridad se enfoque en quienes realmente debe hacerlo. Esta medida redundará, además, en un primer descongestionamiento de las cárceles y los sistemas de justicia.
2. Penar en forma proporcional los delitos vinculados a las drogas. Las cárceles están superpobladas de personas de bajos recursos sin antecedentes en otro tipo de delitos, vendedores al menudeo, microtraficantes fronterizos o campesinos cultivadores de plantas con fines ilícitos. Las penas por drogas deben ser proporcionales al tipo de delito y deben evaluarse alternativas al encarcelamiento para las situaciones ligadas a mayor vulnerabilidad social.
3. Regular el mercado de cannabis, despenalizar la tenencia y el cultivo para consumo personal. Perseguir a los usuarios y al mercado de cannabis ha resultado ser inefectivo, costoso y contraproducente. El extendido uso de la planta y su enorme disponibilidad, aunado a la facilidad para ser producida en casi cualquier latitud y condición hacen necesarios cambios en su regulación que garanticen una fiscalización estricta del Estado sobre su producción, disponibilidad y consumo fuera del mercado abierto; de forma tal que además se fortalezca el esfuerzo de la autoridad en aquellas actividades que, como la violencia y el narcotráfico, son mucho más lesivas para el tejido social. Las enseñanzas derivadas de la experiencia de un mercado regulado de cannabis permitirían diseñar, en el futuro y en forma prudente y pragmática, formas de regulación de la producción y acceso a otras sustancias psicoactivas más riesgosas, a fin de arrancar a las organizaciones criminales el monopolio que hoy tienen de esos mercados, con todos sus graves efectos en violencia, corrupción y la propia salud de los usuarios.
4. Incorporar un abanico completo y diverso de respuestas de salud pública. La atención de las distintas situaciones de consumo problemático de drogas requiere respuestas diversas, especialmente en contextos donde tal consumo se combina con pobreza extrema. Debe ponerse especial atención en las disposiciones para la reducción de riesgos y daños.
5. Incorporar un enfoque integral en el desarrollo alternativo, frente a cultivos de uso ilícito. Los campesinos y pequeños productores viven en contextos de pobreza, exclusión social y abandono estatal. Este escenario incide dramáticamente en sus opciones de involucrarse en mercados ilegales de drogas. Un enfoque integral debe partir de esos escenarios locales y regionales, introducir medidas para el desarrollo rural integral, modificar las estructuras concentradas de tenencia de la tierra, dar acceso a créditos y mercados para los productos alternativos, y gobernanza democrática.
6. Reconocer los usos tradicionales de las plantas ancestrales como la hoja de coca. Distintos países de América Latina cuentan con el masticado y con otros usos cotidianos de la hoja de coca como una práctica ancestral de sus poblaciones. El reconocimiento de estos usos, y el impulso a los mercados de productos integrales de la hoja de coca, deben ser respetados, protegidos e impulsados por todos los países involucrados. Los potenciales usos terapéuticos deberían de ser investigados.
7. Reducir el despliegue represivo y poner énfasis en la persecución del crimen organizado. El modelo de persecución al crimen organizado que debe llevarse adelante no significa incremento de la violencia, porque su énfasis debería ser el desarrollo de acciones de inteligencia y castigo, basadas en herramientas propias de la persecución al crimen organizado, dirigidas a perseguir conductas dolosas de tipo financiero, lavado de dinero, corrupción de las fuerzas represivas y la convivencia del crimen con distintos sectores de los Estados y los gobiernos locales. Ese modelo de abordaje no requiere alto poder bélico sobre las poblaciones ni incrementa la violencia.
8. Lograr el consenso para estas reformas requiere generar un debate hemisférico que tenga en cuenta las lecciones aprendidas del pasado y las llamadas “consecuencias no deseadas” de la guerra contra las drogas. Este debate proponemos lo lidere un Grupo de Expertos de la región, en condiciones de elaborar los lineamientos para una política de drogas alternativa, centrada en la paz y la justicia.

Llevamos veinte años de recursos dilapidados en respuestas bélicas que sólo han servido para multiplicar la espiral de violencia, la corrupción y la criminalidad en nuestros países. Llegó la hora de probar con respuestas que promuevan la paz, el desarrollo, la atención de la salud y el respeto de los derechos humanos. Un camino en el que América Latina tiene grandes lecciones aprendidas y nuestros pueblos mucho aún por ganar.

Acción Andina- Colombia; Acción Andina- Bolivia; Centro de Investigación “Drogas y Derechos Humanos”, Perú; Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas A.C, México; DeJusticia- Colombia; Intercambios A.C., Argentina; Transnational Institute, Países Bajos; Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, Estados Unidos.

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