Mujeres, personas jóvenes, campesinas y personas usuarias de drogas han sido desproporcionadamente violentadas por las estrategias securitistas de las que depende la prohibición.
Deshacer los daños de las políticas punitivas sobre drogas y construir alternativas sostenibles requiere centrar las experiencias de las comunidades negras con la “guerra contra las drogas”.
Para afirmar los derechos, las políticas públicas deben rechazar tanto la criminalización como el paternalismo, buscando responder a las causas que subyacen la implicación en economías criminalizadas.
Al integrar a las personas usuarias en la distribución de naloxona y programas de derivación, el pañis ha reducido significativamente sus muertes por sobredosis.
Los debates de alto nivel sobre la descriminalización de la posesión de drogas y cambios a criterios de imposición de sentencias no se han materializado, pese a la urgencia.