Si bien las políticas de indulto han reducido el porcentaje de mujeres encarceladas por delitos de drogas, su alcance es limitado y apuntan a la necesidad de reformas estructurales.
Un relevamiento pone de relieve el impacto del COVID-19 en una población altamente vulnerabilizada y subraya la inadecuación de mecanismos de apoyo oficiales.
La introducción de salas de consumo supervisado contribuiría a los esfuerzos de reducción de daños en Escocia, país actualmente sumido en una crisis por sobredosis.
Viena, Ginebra y todo el sistema de la ONU deben trabajar más estrechamente para garantizar un mejor alineamiento entre los compromisos de control de drogas, desarrollo y derechos humanos.
Columbia Británica pide la descriminalización de la posesión y consumo personal de drogas a fin de salvar vidas, reducir el estigma, y empezar a tratar la dependencia a las drogas como un tema de salud y no uno penal.
Niveles de distribución fueron casi 10 veces mayores en estados cuyas poblaciones tenían un estatus socioeconómico más elevado, que en aquellos con estatus más bajo.
Los expertos rechazan la decisión del presidente colombiano de reanudar las aspersiones aéreas y le piden que considere los riesgos de la actividad para los derechos humanos, la salud y el ambiente.