El 2 de julio de 2020, llegó otra noticia más sobre una masacre de jóvenes en un centro de rehabilitación (conocido como anexo) y sin ninguna regulación por parte del gobierno. No es la primera vez que sucede una matanza de este tipo en un centro de atención al uso de sustancias psicoactivas, sino que se suma a una larga lista de eventos similares ocurridos en los últimos años. La guerra contra las drogas en México ha puesto a las personasen situación de pobreza, especialmente las personas jóvenes, en el fuego cruzado de las disputas territoriales entre grupos armados, que incluyen tanto agentes estatales como actores privados. 

La criminalización del uso de drogas arroja a las personas consumidoras -y, en especial, a las más jóvenes- hacia situaciones de alta exposición a violencias de todo tipo y cuando estas violencias resultan en violaciones a sus derechos las condena a la impunidad. Sus muertes importan poco en la opinión pública porque la estigmatización del uso de sustancias ilegales se ha encargado de despojarlas de su humanidad.  

Desde #RegulaciónPorLaPaz denunciamos el abandono en que viven las personas que se encuentran recluidas en centros de tratamiento para uso problemático de drogas, muchas de ellas privadas ilegalmente de su libertad en contra de su voluntad. Ante la reiteración de asesinatos de personas en estos centros, la indiferencia institucional ante estos eventos y la total impunidad con la que ocurren, señalamos la urgencia de que el Estado mexicano modifique su relación con las personas usuarias de drogas. 

Hacemos un llamado a las autoridades gubernamentales a que esclarezcan los hechos de violencia ocurridos en centros de rehabilitación, tanto los hechos de esta semana como hechos previos. Las personas usuarias de drogas también merecen verdad, justicia y garantías de no repetición.