La mayoría de los asesinatos tienen lugar en zonas con altos niveles de desigualdad en la tenencia de la tierra, poca o ninguna presencia del Estado y cultivos ilícitos.
El Gobierno federal tiene la intención de asignar 30,5 millones de dólares extraordinarios durante cinco años para enfrentar la crisis que vive el país.
El encarcelamiento en masa, la detención obligatoria y las ejecuciones solo han agravado los problemas relacionados con las drogas, lo cual perjudica a quienes ya se encuentran en una situación de vulnerabilidad.
Las minorías étnicas siguen viéndose afectadas de manera desproporcionada por la aplicación de la ley y atendidas de forma inadecuada por el sistema sanitario.
El anuncio marca un claro distanciamiento con las políticas de drogas represivas y abre la puerta a complejas discusiones con instancias internacionales.