Aunque el Territorio de la Capital Australiana (ACT) despenalizó el cultivo de cannabis, las restricciones siguen poniendo en riesgo legal a muchas personas.
A pesar de las reservas iniciales, las tasas de consumo de drogas han permanecido similares mientras que el acceso a los servicios de reducción de daños ha aumentado.
Tras décadas de avances graduales en políticas de drogas del país, una nueva coalición se moviliza para presionar a las autoridades nacionales hacia una reforma de la legislación sobre drogas basada en los derechos.
La ex primera ministra de Aotearoa/Nueva Zelanda, Helen Clark, hace un llamado a invertir en la reducción de daños y la reforma de las leyes de drogas para prevenir los crecientes daños relacionados con las nitazenas.
Aunque ofrecen una vía para la no criminalización de la primera y segunda intervención en delitos de posesión de drogas, las elevadas multas conllevan el riesgo de perpetuar el involucramiento de las personas que usan drogas en el sistema legal penal, particularmente las más vulnerables.
La primera sala de inyección segura de Victoria obtiene el estatus de permanente, marcando un hito en los esfuerzos de reducción de daños y despertando la esperanza de un enfoque más compasivo y basado en pruebas hacia las personas usan drogas por inyección en Australia.
El primer espacio para inyección más segura de drogas en Victoria obtiene el estatus de permanente, marcando un hito en toda Australia respecto a los esfuerzos por la reducción de daños, y generando esperanzas en un enfoque basado en evidencias y con mayor compasión hacia quienes se inyectan drogas.
Más de 3,000 personas son condenadas cada año por delitos menores relacionados con las drogas, perjudicando a las comunidades y desviando fondos públicos hacia la represión.
McLauchlan et al. exploran la recurrencia con la cual los políticos expresan su apoyo a la reforma de políticas sobre drogas sólo después de dejar sus cargos, lo que indica la necesidad de estudiar más de cerca los factores que influyen el respaldo público.
La reforma, que entrará en vigencia en 12 meses, reemplazará las acusaciones penales con una multa que puede ser condonada a cambio de la asistencia a un programa de derivación.
