Los centros de detención forzada para personas que usan drogas militarizan el tratamiento, ignorando la necesidad de un enfoque basado en la salud y la descriminalización.
El IDPC se une a más de 30 organizaciones de todo el mundo que piden que se ponga fin a la operación Yukthiya y que, en su lugar, se allane el acceso voluntario a una atención basada en pruebas.
Los retos de la acción policial, la ambigüedad en cuanto a políticas regulatorias, y la falta de infraestructura para medir el consumo beneficioso, obstaculizan la exploración del cannabis en relación con sus propiedades medicinales.
Aunque las repercusiones a largo plazo de esta prohibición sobre la oferta mundial de heroína dependerán en gran medida de las posteriores posibles prohibiciones del cultivo y el comercio, los medios de subsistencia de miles de trabajadores sin tierra están en peligro.
Mainline revisa los actuales programas de reducción de daños en Nepal desde la perspectiva de las mujeres que se inyectan drogas, y formula recomendaciones para mejorar la prestación de servicios.
Las organizaciones juveniles se movilizan para exigir un tratamiento más accesible y programas de reducción de daños, y para acabar con la criminalización y la violencia estatal.
HRI documenta el drástico aumento de ejecuciones relacionadas con el narcotráfico ocurridas a lo largo de 2022, las respuestas inadecuadas de los actores institucionales, y la firme resistencia por parte de la sociedad civil.
Los centros de rehabilitación obligatoria para quienes consumen drogas constituyen una grave violación a los derechos humanos y deben ser sustituidos por un tratamiento voluntario y de base comunitaria que ofrezca servicios centrados en evidencias y en los derechos humanos.
La legislación, que permite la detención de personas que consumen drogas en centros controlados por militares, fue aprobada con apenas 23 votos a favor y 6 en contra, en un Parlamento compuesto por 225 curules.
El proyecto de ley se traduciría en un aumento de los abusos contra los derechos humanos en nombre del control de drogas, entre otras cosas mediante la participación de las fuerzas armadas en el tratamiento y la ampliación de la detención obligatoria.
Esta colección de ensayos ponen de manifiesto que las ejecuciones extrajudiciales y legitimadas por el Estado en nombre del control de las drogas tienen menos que ver con la preservación de los valores culturales, y más con la preservación del poder político.
La propuesta de ley otorgaría a las autoridades amplias facultades para detener u torturar de manera arbitraria a quienes consumen drogas y casi a cualquier persona.
