Estudio 2012: Políticas de Drogas y Opinión Pública en América Latina

Por Eduardo Vergara B. Director de Asuntos del Sur y Observatorio de Políticas de Drogas y Opinión Pública

No cabe la menor duda que el 2012 ha sido un año de extrema importancia para el debate sobre las drogas en América Latina. No solo la conversación ha llegado a todos los países de la región, sino que por primera vez para muchos, ésta ha traspasado las fronteras permitiendo también una re evaluación de muchas políticas internacionales y de cooperación que hasta antes se encontraban relegadas a segundo plano.

La tónica durante estos últimos 50 años, y principalmente a raíz de la miopía con la que se llevaron a cabo las convenciones internacionales, ha demostrado que la guerra frontal y la represión no han sido capaces de reducir el mercado de las drogas ilegales y menos el consumo. Es más, la violencia asociada al narcotráfico ha aumentado junto con sus ingresos. La guerra contra las drogas y el prohibicionismo se han transformado en uno de los principales obstáculos para el desarrollo en América Latina. A estas alturas es casi imposible no concordar en que las estrategias aplicadas han fracasado y pasarán a la historia como el mayor fracaso de una política pública que hemos enfrentado en nuestra historia moderna.

Históricamente, las políticas prohibitivas han sido usadas como herramienta de discriminación o exclusión social. Desde el cierre de las salas de opio en San Francisco, pasando por las leyes de marihuana en New York hasta la diversidad de políticas prohibicionistas en toda América Latina, los afectados siempre terminan siendo los mismos: los mas desposeídos, las minorías, jóvenes y mujeres.

A pesar del incremento en la violencia, el aumento descontrolado del financiamiento al crimen organizado y los niveles de consumo, como región no hemos sido capaces de entender que para avanzar es necesario cambiar el enfoque. Las mismas Naciones Unidas, una y otra vez han argumentado que es necesario redoblar las políticas que han fracasado, continuamente abordando la temática meramente desde el prisma del crimen organizado, dejando de lado los enfoques de salud pública que deben ser considerados en todo momento. Instituciones internacionales y diversos países se han dejado llevar por construcciones de realidad que han decantado en decisiones sobre lo que debe ser legal o ilegal, sin siquiera darse el tiempo para observar la evidencia, lo que demuestra la ciencia, pero por sobre todo lo que dice la ciudadanía. La miopía al conjugarse con la sordera ha logrado que continuemos imitando políticas que en otros países han fracasado. Una especie de receta internacional sin éxito o un implícito consenso de Washington en lo que a política de drogas se refiere.

No podemos hacernos trampa. Tal como la guerra contra las drogas ha sido un fracaso, también el dialogo actual, al seguir dirigido y reducido por las tendencias e ideologías convencionales, corre el riesgo de fracasar en lograr un cambio más allá́ de la retórica. No cabe duda que se han logrado enormes avances, pero si tuviésemos que detener el tiempo en el estado actual, deberíamos, lamentablemente, reconocer que los esfuerzos han fracasado en enmendar rumbo.

Miles de personas siguen muriendo en mando del crimen organizado y de las fuerzas de orden, el mercado de la droga ha demostrado una capacidad de adaptación sin precedentes, los patrones de consumo a nivel regional no solo muestran alzas sino que también una enorme diversificación en su variedad. Los actores políticos que han decidido sumarse a la causa, todavía no han logrado educar a una opinión pública que ignora la gran mayoría de las implicancias del actual enfoque y reaccionan de forma negativa cuando la palabra “droga” es parte de muchos debates. Con una ciudadanía poco educada en torno a estos temas, es bastante poco lo que se puede hacer.

Es ahora que se requieren figuras políticas, sociales, públicas y privadas con vocación de pedagogía que estén dispuestas a dar un paso al frente para liderar un cambio de paradigma. Con ex presidentes y actores políticos retirados no es suficiente. El actual estado desastroso que vemos por toda la región requiere de acciones urgentes, pasos audaces, pero por sobre todo de soluciones innovadoras. No hasta cuando que seamos capaces de debatir abiertamente las diferentes alternativas que nos entregaría la regulación de los mercados y sus implicancias, es que estaremos dando la oportunidad a una región que a gritos pide soluciones por parte de sus líderes. Pero como es de esperar, antes de iniciar nuevas estrategias e impulsar cambios, es necesario contar con nuevas herramientas.

Enfocados en entender lo que opina la ciudadanía y en desarrollar una herramienta de acceso público, es que hemos dado inicio al estudio anual de políticas de drogas y opinión publica bajo el alero de Asuntos del Sur. Pretendemos ser una herramienta que contribuya, por medio de la generación de datos y estudios, al debate en torno a las políticas de drogas, los derechos humanos, la salud, el bienestar, el desarrollo y la seguridad. Por sobre todo, buscamos entregar propuestas audaces e innovadoras sobre cómo enfrentar la actual problemática. Al sondear anualmente las actitudes, percepciones y comportamientos frente a las drogas y sus políticas, generamos un espacio de sondeo permanente que no solo permite obtener radiografías de la realidad latinoamericana, sino que también evaluar las estrategias existentes, las posturas de los diferentes gobiernos, sus campañas educativas y publicitarias y la efectividad, popularidad y aprobación de las diferentes políticas propuestas o implementadas.

No tenemos miedo a preguntar lo que pocos se atreven. Indagamos en patrones de consumo, cómo, cuándo y dónde usan drogas; desde dónde consiguen la droga; cómo la financian; con quienes, gracias a quienes; cómo evalúan las políticas del gobierno; cómo ven el futuro de las drogas en la región; si se sienten o no discriminados; perseguidos; los efectos de la sociedad que consume y la que no; y en particular la efectividad y aprobación de las estrategias nacionales y regionales.

En este primer estudio 2012, las principales conclusiones tienen que ver con el futuro de este debate en la región y el cómo enfrentaremos el 2013, que ya no será el año del debate, sino que de la acción, el año en que las iniciativas legislativas serán discutidas, el año en que ya podremos evaluar los efectos e implicancias de la legalización en los estados de Colorado y Washington y, tal vez, hasta en el mismo Uruguay.

Entrevistamos cerca de 4,000 personas en 6 países de la región. Les preguntamos sobre una amplia gama de temáticas relacionadas con el consumo de drogas y las políticas asociadas. Un trabajo nunca antes realizado en América Latina sobre un tema que ha sido ignorado desde la perspectivas de la opinión pública. Como esperábamos, los niveles de consumo de drogas lícitas reportados son altos, destacando que en ciudades como Buenos Aires el 98% de los encuestados ha consumido alcohol y sobre el 70% marihuana. Ciudades como Santiago, presentan también altos niveles en lo que a consumo de cocaína se refiere, con un 23% de los encuestados. Esto se debe principalmente a las edades de los encuestados, que van entre los 18 y 34 años de edad. Sin duda, una generación que consume más pero que también presenta actitudes frente a la droga radicalmente diferentes a las generaciones más viejas. En cuanto a disponibilidad de drogas, en todos los casos más de la mitad de los encuestados aseguran que ha aumentado, tanto en el caso de la marihuana, la cocaína y la pasta base. El 80% de los paceños asegura que la disponibilidad de marihuana ha aumentado, mientras que el 84% lo asegura respecto a la cocaína. Son los bonaerenses que en un 80% aseguran que la disponibilidad de pasta base es la que ha aumentado. En el caso del narcotráfico, el 88% de los paceños asegura que el narcotráfico ha aumentado, en su otro extremo se encuentran los bogotanos, quienes solo en un 42% comparten esa visión. Estos datos sin duda van de la mano con las políticas nacionales implementadas por estos países y los esfuerzos comunicacionales que en el caso del Gobierno Colombiano han generado frutos.

Pero a pesar de las políticas represivas, y ciertamente contrario a lo que pensábamos, un gran numero de encuestados no se siente discriminado por consumir marihuana, llegando al 75% en el caso de La Paz (Bolivia) y al 71% en San Salvador (El Salvador). Quienes más se sienten discriminados son aquellos encuestados en Ciudad de México.

A pesar de las campañas que buscan ligar el consumo de drogas con la delincuencia, el 54% de los encuestados no cree que exista una relación directa entre ambos. Junto con estos resultados, la percepción y actitudes frente a algunos “supuestos” como la relación directa entre drogas y comportamientos, o incluso en percepción de riesgo, muestran mayores grados de información y conocimiento. Pareciera que las campañas del terror afortunadamente no están dando los efectos esperados.

Las diferencias nacen al consultar sobre las alternativas más efectivas para controlar el consumo, en otras palabras, sobre las formas de cómo enfrentar esta problemática. Mientras ciudades como Buenos Aires y Ciudad de México están de acuerdo en la legalización de las drogas como alternativa (51 y 53%), La Paz y San Salvador continúan viendo en el prohibicionismo la mejor alternativa (61 y 71% respectivamente). El auto cultivo de marihuana también emerge como una alternativa, en Santiago el 36% de los encuestados concuerda con este planteamiento como alternativa. Todo esto en medio de un año donde el debate en torno al auto cultivo y la despenalización ha tomado más fuerza que nunca en Chile, concretándose en un proyecto de ley presentado por los senadores Lagos Weber y Rossi y, apoyado por marchas que han congregados a miles en las calles.

Concretamente frente a la legalización de la marihuana, el 80% de los bonaerenses se muestra de acuerdo, seguidos por santiaguinos en un 79% y defeños en un 73%. Buenos Aires y Santiago son las ciudades que lideran la opinión respecto a cómo el consumo recreativo debería ser un derecho individual, logrando un 73% y 71% de adhesión a la idea. Por su parte, ciudades en países donde el debate se centra en el narcotráfico, y no tanto en el consumo, las opiniones son diferentes. En Bogotá y San Salvador el 59% no cree que es un derecho individual.

Las evaluaciones a estrategias y políticas también merecen un enfoque especial. Transversalmente las evaluaciones son mayoritariamente negativas. En Santiago el 52% asegura que las campañas del gobierno enfocadas en prevención al consumo son negativas y en el DF el 46%. Los gobiernos de Bolivia y El Salvador pueden estar más tranquilos, ya que, ahí la opinión pública que las evalúa de forma negativa solo llegan al 36 y 23% respectivamente. Hay algo que pocos están haciendo bien, mientras otros mal. Ahora bien, en cuanto a las evaluaciones de las políticas de drogas, los ciudadanos son más críticos. El 58% de los defeños las evalúa de manera negativa, seguidos por santiaguinos (54%) y bonaerenses (55%).

Luego de las evaluaciones los enfrentamos a soluciones. El 44% de los bonaerenses y el 36% de los santiaguinos cree que el Ministerio de Salud debería estar encargado de las políticas de droga. Sin embargo, en ciudades como el DF y La Paz, creen que los responsables deberían ser tanto el Ministerio de Salud como el de Interior de manera conjunta, esa opción alcanza un 74% de preferencia en México.

La relación de consumidores con las drogas también abre puertas para entender de menor manera el comportamiento. Casi la mitad de los consumidores en Santiago han asistido a clases bajo la influencia de alguna droga ilícita, en México DF ésta cifra aumenta al 55% y en San Salvador al 66%. Los bonaerenses destacan por ser los más “responsables” ya que el 64% de los consumidores no incurre en tal acción.

Especial atención requieren las ciudades de La Paz y San Salvador. En estas ciudades los porcentajes de consumo entre los encuestados son mucho menores a los de otras ciudades. De manera general, se presentan más conservadores frente a cambios en políticas de drogas y apoyan de cierta manera las políticas actuales. Sin embargo, al mirar la población que consume, encontramos posturas mucho más abiertas y liberales, incluso en comparación con los países que más consumen. En el caso específico de El Salvador, hablamos de un reducido grupo de personas, con niveles de educación e ingreso sobre el promedio, que presentan actitudes abiertas frente a estas temáticas. Al mirar solo al grupo que consume, sus patrones de consumo suelen ser más grandes que los de otras ciudades. Un grupo menor de la ciudadanía se comporta de manera diametralmente opuesta y tal vez más radical que la mayoría. En el caso de La Paz también indagamos sus percepciones sobre el uso y cultivo de la hoja de coca. Así, un 69% de los encuestados cree que el aumento en los cultivos de coca en su país se debe a la demanda internacional por la cocaína, mientras que, solo el 16% cree que se debe a una demanda interna de cocaína. Estas percepciones están directamente relacionadas con la demanda interna de drogas y los niveles de consumo.

Les presentamos así este primer estudio de políticas de drogas y opinión pública en América Latina. Esperamos sea una herramienta útil no solo para comprender de mejor manera estos fenómenos, sino que también para mejorar un debate que todavía requiere de mucha atención y trabajo.

Agradecemos de especial manera el apoyo del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes de Colombia, al Centro de Estudios Municipales y Provinciales (Cemupro) de Argentina, Espolea y SSDP de México, la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN) de El Salvador, la Facultad de Ciencia Política de la Universidad Alberto Hurtado de Chile y las decenas de investigadores y colaboradores de toda América Latina. Pero por sobre todo, al constante apoyo de la Open Society Foundations (OSF).

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