Todos los actores implicados en el debate sobre políticas de drogas comparten un objetivo común: maximizar el bienestar social, medioambiental, físico y psicológico. En época de crisis económica, es especialmente importante que el gasto en políticas de drogas alcance la mejor relación posible entre coste y eficacia. Sin embargo, a pesar de los miles de millones de dólares que se gastan todos los años en iniciativas relacionadas con las drogas, la eficacia de los actuales enfoques a escala nacional e internacional suscita muchas dudas. Ha llegado el momento de establecer un mecanismo objetivo para evaluar los méritos relativos de distintos enfoques normativos, desarrollando una evaluación del impacto (EI) de las políticas de drogas que se base realmente en pruebas empíricas y que sirva para comparar los efectos de políticas alternativas sobre ámbitos como el desarrollo humano, la seguridad humana y los derechos humanos.

El carácter histórico del debate sobre políticas de drogas ha supuesto que el desarrollo de estas políticas carezca, a menudo, de un examen objetivo. Las EI, al centrarse de forma racional y metódica en las pruebas, analizar los costes y beneficios de distintas opciones y utilizar metodologías consolidadas que ya están integradas en procesos de la mayoría de Gobiernos, son una excelente forma de volver a situar las políticas de drogas en la esfera de la ciencia, evitando los enfrentados choques que han caracterizado durante mucho tiempo al debate. La propuesta de una EI busca fundamentalmente mejorar las pruebas disponibles y crear un enfoque estructurado para valorar las opciones normativas con el fin aportar evidencias al debate y determinar la mejor forma de seguir avanzando. Como tal, se trata de una reivindicación políticamente neutra y muy razonable.

Como mínimo, la realización de una EI sobre algunos elementos clave de las políticas de drogas permitiría que, por primera vez, los contribuyentes puedan valorar lo bien o mal que se está gastando su dinero. En el mejor de los casos, brindaría también la posibilidad de dar un paso hacia unas políticas de drogas basadas realmente en la ciencia, que promuevan el desarrollo humano, la seguridad humana y los derechos humanos, y que esté preparada para afrontar los desafíos del siglo XXI.