Principios de políticas del IDPC

La membresía IDPC ha adoptado cinco principios de políticas para nuestro trabajo de incidencia política con gobiernos nacionales y agencias internacionales:

Principio 1: Prioridades y evidencia

Las políticas de drogas se deberían desarrollar mediante una evaluación estructurada y objetiva de las prioridades y las pruebas empíricas.

La mayoría de países ha desarrollado políticas de drogas mediante la formulación de leyes de control de la producción, la distribución y el consumo de estas sustancias que se ajustaran a sus obligaciones en virtud de las convenciones correspondientes de la ONU. A medida que los responsables políticos han ido tomando conciencia de la complejidad de los factores que influyen en los niveles y patrones de producción, suministro y consumo de drogas entre sus poblaciones, se ha ido haciendo cada vez más evidente que se necesitan estrategias nacionales integrales e integradas.

El IDPC promueve un enfoque sumamente estructurado para desarrollar y revisar las políticas sobre drogas, que incluye:

• Una declaración de objetivos de alto nivel que surgirán a raíz de evaluar qué consecuencias del consumo y los mercados de drogas son más perjudiciales para la sociedad. La sociedad civil puede participar positivamente en un debate sobre qué aspectos del problema de las drogas les preocupan más.
• La elaboración de actividades basadas en pruebas empíricas, que desplegará el gobierno para apoyar la consecución de los objetivos. Por ejemplo, hay claras evidencias del impacto del tratamiento de dependencia de las drogas sobre la reducción de la delincuencia en las calles y de los daños de salud.
• La participación y colaboración de departamentos y organismos responsables de las actividades, en los ámbitos de sanidad, asuntos sociales, justicia, educación y asuntos exteriores. Una buena ejecución de programa debería realizarse a través de las oficinas locales de estos departamentos, en colaboración con las autoridades municipales, los grupos comunitarios y de base confesional.
• La movilización de una cantidad de recursos suficientes por el gobierno para respaldar estas actividades.
• Una clara articulación del alcance y el calendario de la estrategia, así como una medición de su avance.

Principio 2: Derechos humanos

Todas las actividades se deberían desplegar en plena conformidad con las normas internacionales de derechos humanos.

Los abusos de los derechos humanos siguen multiplicándose bajo los auspicios de la política de drogas. Aparece evidente que gobiernos y autoridades encargadas de la aplicación de la ley, en su entusiasmo por elaborar y aplicar políticas de drogas, han prestado poca atención a los derechos y las libertades fundamentales, a pesar de sus obligaciones según los tratados de la ONU para respetar, proteger y cumplir los derechos humanos.

El IDPC promueve un cambio de paradigma que reconozca las normas sobre derechos humanos como elemento clave del marco jurídico de la política sobre drogas. Este nuevo marco jurídico debería centrarse en:

• La salud pública, con miras a mejorar el acceso a medicamentos esenciales y desarrollar programas de reducción de daños, prevención, tratamiento y atención.
• El desarrollo, con miras a poner el acento no sólo sobre el desarrollo alternativo, sino también sobre la reducción de la pobreza y la mejora de la educación, el empleo, la seguridad social, etcétera.
• La seguridad humana, con miras a poner el acento de las iniciativas de aplicación de la ley sobre aquellos más responsables de los problemas relacionados con las drogas y no sobre pequeños traficantes que no constituyen un peligro, consumidores de drogas y comunidades campesinas vulnerables.

Principio 3: Reducción de daños

Las políticas de drogas deberían centrarse en reducir las consecuencias nocivas de las drogas y no en las dimensiones del consumo y los mercados de estas sustancias.

En el último siglo, los países han centrado gran parte de sus iniciativas de control de drogas en reducir las dimensiones de los mercados de drogas, fundamentalmente a través de medios punitivos, con el convencimiento de que así se rebajarían los daños relacionados con estas sustancias. Estas iniciativas han resultado, en gran medida, en un fracaso y, muchas veces, han desembocado incluso en daños adicionales. Por ejemplo, las leyes que criminalizan el consumo de drogas y la posesión de ‘accesorios’ de inyección animan a la policía a acosar a los consumidores de drogas en los centros de intercambio de agujas, lo cual los aleja de los servicios de prevención de enfermedades como el VIH y la hepatitis.

Las pruebas demuestran que las políticas y los programas que persiguen explícitamente reducir en daños concretos son más eficaces que las que intentan alcanzar una “sociedad sin drogas”. El término "reducción de daños" suele utilizarse para aludir a medidas de fomento de la salud (como programas de intercambio de agujas, prevención de drogas, tratamiento y otros programas de ayuda social), pero también abarca medidas que buscan reducir un amplio abanico de daños relacionados con las drogas para las personas, la comunidad y la población en general. La reducción de daños, por tanto, es un enfoque pragmático que parte del reconocimiento de que la reducción general de las dimensiones de los mercados de drogas no es el único objetivo –ni el más importante– de la política de drogas. Los gobiernos deberían empezar por evaluar los daños relacionados con las drogas que tienen el impacto más negativo sobre sus ciudadanos para diseñar y poner en práctica políticas eficaces.

Principio 4: Inclusión social

Las políticas y actividades deberían perseguir el fomento de la integración social de grupos marginalizados y no centrarse en medidas punitivas con respecto a estos.

Esta sobradamente documentado que la dureza de las condiciones de vida, y los traumas y dificultades emocionales asociados, son importantes factores en el desarrollo de problemas de drogas. Gran parte del trabajo de los departamentos y organismos de asuntos sociales de los gobiernos nacionales y agencias internacionales se centra en mejorar las condiciones de vida de grupos pobres y marginalizados, y en integrarlos más en la corriente social y económica dominante. No obstante, muchos aspectos de las políticas de control de drogas han tenido el efecto contrario sobre los consumidores de drogas y comunidades campesinas que producen drogas ilícitas. Por ejemplo, la estigmatización y la condena del consumo de drogas limita su capacidad para participar en la actividad social y económica, y castigar a jóvenes que consumen drogas suele derivar en su exclusión de educación o empleo. Las pruebas empíricas demuestran que los programas que se centran en arrestos y duras sanciones penales hacia los consumidores de drogas tienen un escaso efecto de disuasión.

El IDPC promueve políticas que desafían la marginalización y la estigmatización sociales de las personas y grupos en mayor situación de riesgo. Los programas de aplicación de las leyes, de prevención y de tratamiento deberían incluir una dimensión social:

• Las leyes de drogas deberían evitar las medidas que exacerban la marginalización de los consumidores de drogas y los cultivadores, y centrarse en animarlos a participar en programas de reinserción y desarrollo alternativo. La dependencia a las drogas debería ser considerada como un problema de salud, y no como un crimen.
• Los programas de prevención y educación se deberían elaborar cuidadosamente para evitar procesos que impidan a los consumidores dependientes de drogas seguir una transición sana hacia la edad adulta (como la exclusión de la escuela o la negación de servicios).
• Los programas de tratamiento de dependencia de las drogas se deberían centrar en facilitar que los consumidores dependientes se reintegren plenamente en la comunidad.
• El diseño de las políticas y los programas de drogas deberían de contar con la participación de representantes de los grupos más afectados por ellos, como consumidores de drogas y cultivadores.

Este enfoque necesita que se adopten políticas sociales, económicas y sanitarias más generales. Los niveles de pobreza, desigualdad y cohesión social tienen un mayor impacto a largo plazo sobre la prevalencia del consumo de drogas y los problemas relacionados con éste en cualquier sociedad que las políticas nacionales de drogas concretas. Si la prioridad de un gobierno consiste en reducir el nivel general de dependencia de las drogas, lo mejor que puede hacer es centrarse en abordar estos grandes retos en materia de políticas sociales en lugar de ahondar la exclusión social a través de políticas severas.

Principio 5: Participación de la sociedad civil

Los gobiernos deberían construir relaciones abiertas y constructivas con la sociedad civil para debatir y desarrollar sus estrategias.

A menudo, las susceptibilidades políticas han llevado a los responsables de adoptar políticas a ver a la sociedad civil como un problema que es mejor evitar. Sin embargo, las ONG y los representantes de consumidores y cultivadores son una fuente de conocimientos de gran valor debido a su visión de los mercados de drogas ilícitas y de las comunidades que las consumen. Los principios básicos para una interacción positiva con la sociedad civil son:

• Apoyar una formulación de políticas y un establecimiento de prioridades adecuados y basados en experiencias y asesoramientos prácticos;
• Reforzar el apoyo político en la elaboración y puesta en práctica de las estrategias adecuadas;
• Facilitar una comunicación eficaz entre responsables de políticas y actores clave de la sociedad civil, garantizando que las personas y las comunidades participen en las intervenciones que les afectarán;
• Buscar asociaciones mutuamente ventajosas con organizaciones de la sociedad civil para emprender la elaboración conjunta de programas y/o actuar como ejecutores de éstos; y
• Promover una red dinámica de organizaciones de la sociedad civil que pueda seguir apoyando un diseño y una aplicación eficaces de políticas y programas.

Los gobiernos nacionales y las agencias internacionales deben reconocer el papel positivo de la sociedad civil para elaborar e aplicar políticas sobre drogas eficaces. El IDPC intenta facilitar la creación de líneas de comunicación claras y abiertas entre los responsables políticos y los representantes de la sociedad civil para establecer un intercambio significativo y respetuoso de información y perspectivas.