Reforma en la ley de drogas de Costa Rica beneficia a mujeres en condiciones de vulnerabilidad y sus familias

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Reforma en la ley de drogas de Costa Rica beneficia a mujeres en condiciones de vulnerabilidad y sus familias

20 agosto 2013
Ernesto Cortés

En Costa Rica, todo comportamiento relacionado con la producción y comercialización de drogas ilícitas es considerado un delito grave y penado con un mínimo de 8 años en prisión, sin importar el tipo de delito cometido o las condiciones de vulnerabilidad de la persona sentenciada. Una pequeña reforma en la ley de control penal de drogas de Costa Rica (Ley 8204), busca introducir criterios de proporcionalidad y especificidad de género para disminuir las penas privativas de libertad a mujeres en condiciones de vulnerabilidad que introduzcan drogas a un centro penitenciario de hombres.

El proyecto de Ley 17980 denominado: “Reforma a la Ley sobre Estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, Ley No. 8204 del 25 de diciembre de 2001, para Introducir la proporcionalidad y especificidad de género.”, fue presentado a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa en el mes de junio del 2012 por el Partido Liberación Nacional y la Defensa Pública del Poder Judicial. Este proyecto agrega un apartado (bis) al artículo 77 de la Ley 8204, para reducir las penas por introducir drogas en centros penitenciarios que son de 8 a 20 años por penas de 3 a 8 años, o incluso sentencias alternativas a la privación de libertad si las mujeres detenidas cumplen uno o varios de los siguientes criterios:

  1. Se encuentre en condición de pobreza.
  2. Sea jefa de hogar en condición de vulnerabilidad.
  3. Tenga bajo su cargo personas menores de edad, adultas mayores, o personas con cualquier tipo de discapacidad que amerite la dependencia de la persona que la tiene a su cargo.
  4. Sea una persona adulta mayor en condiciones de vulnerabilidad.

La discusión de este proyecto en la Asamblea Legislativa duró un poco más de un año, siendo aprobado en segundo debate el día 31 de julio del 2013, con un claro compromiso de diputados y diputadas de distintos partidos del parlamento.

Según un estudio realizado en el 2012, un 65% de las 780 mujeres que se encontraban recluidas en ese momento en el Centro Institucional el Buen Pastor, lo estaban por violación a la Ley de Psicotrópicos; de las cuales un 23.5% (120) fueron sentenciada por introducir drogas en un centro penitenciario, siendo este su primer delito. La gran mayoría de estas mujeres son jefas de hogar, viven en condiciones de pobreza y tienen a su cargo 1 o más hijo/as, los y las cuales también han visto gravemente afectada su desarrollo personal y familiar como consecuencia de esta separación forzosa de su madre.

Este proyecto de ley es un primer paso para reconocer en la legislación la especificidad de género, siendo así consecuente con algunos de los instrumentos internacionales de derechos de las mujeres, como por ejemplo las Directrices de las Naciones Unidas para el tratamiento de mujeres condenadas a penas privativas de libertad, no privativas de libertad y medidas para mujeres delincuentes. “Directriz 61.- Teniendo en cuenta el desproporcionado número de mujeres que son detenidas por delitos menores relacionados con drogas, frecuentemente como resultado de resultar víctimas de mayores traficantes de drogas, la pobreza y coerción, los juzgados deberían tener el poder de considerar, al condenar, la mitigación de la condena de las mujeres que han cometido este tipo de delitos por las circunstancias y características personales.”

Celebramos esta reforma en la legislación costarricense, esperamos que este sea el inicio de un camino que lleve las políticas de drogas en Costa Rica hacia el enfoque de derechos humanos. Este es un claro ejemplo de cómo las políticas de drogas no se deben medir por los decomisos, detenciones o condenas, sino más bien en la protección de las poblaciones más vulnerables; violentada actualmente por una legislación de control de drogas desproporcional que criminaliza abiertamente la pobreza. Definitivamente esta es una mejor alternativa a la guerra contra las drogas.

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