Un repaso a las principales políticas y prácticas que gobiernos, organizaciones internacionales y sociedad civil llevan a cabo para prevenir y contrarrestar la corrupción vinculada con los mercados ilícitos de drogas.

Hace pocos días, un sargento de la Fuerza Aérea del Ejército de Brasil era detenido en el aeropuerto de Sevilla por transportar 39 kilos de cocaína, durante una parada técnica en el viaje del presidente Jair Bolsonaro hacia la Cumbre del G20 en Japón. Unos meses antes, un inspector de policía y un agente de Aduanas del puerto de Algeciras fueron detenidos al demostrarse su vinculación con una organización dedicada al tráfico de drogas en el estrecho de Gibraltar: proporcionaban información clave sobre qué contendores iban a ser registrados, y cuándo. El juicio a Joaquín Chapo Guzmán ha revelado la corrupción que envuelve no solo el desarrollo del negocio del tráfico de drogas, sino también la guerra al narco lanzada por las propias autoridades mexicanas, llegando a apuntar a las más altas esferas de la administración del expresidente Enrique Peña Nieto.

Las prácticas de corrupción relacionadas con el tráfico ilícito de drogas no son solo una cuestión de la sección de sucesos de los informativos. Son una preocupación importante de los gobiernos, de las sociedades y de los organismos internacionales, en particular en aquellos contextos donde tiene lugar de manera generalizada o afecta a los niveles más altos de la judicatura, de las fuerzas de seguridad, de la administración o de la política. Y hace ya más de dos décadas que este nexo comenzó a ser un asunto relevante en la agenda internacional.