Para la ex juez, en Venezuela operan cárteles mexicanos del narcotráfico como el de Sinaloa.

Mildred Camero cree que la reciente reforma a la legislación sobre drogas intenta darle un barniz de legalidad a la apropiación indebida de los bienes decomisados a presuntos narcotraficantes en averiguaciones penales. La ex presidenta de la Comisión Nacional contra el Uso Ilícito de las Drogas advirtió que muchos de esos bienes se han extraviado o están siendo utilizados por funcionarios con fines personales.

El mes pasado se reformó la legislación antidrogas. Hay preocupación por el destino de los bienes incautados en averiguaciones sobre estos delitos, especialmente por la incorporación de normas que permiten al Gobierno disponer de los bienes apenas son decomisados.

Pareciera que la ley fue reformada para buscar dinero a como dé lugar, simplemente. Tiene un carácter de índole económico; el articulado sólo apunta a la emancipación económica de la Oficina Nacional Antidrogas. Tanto, que en este momento la ONA es un poder con más dinero que muchos ministerios. Llama la atención la forma tan descarada como el Estado se apropia de los bienes, independientemente de que la persona sea un delincuente o no, o de su procedencia. Pero no hay un proceso transparente, con pruebas ventiladas en los tribunales, para determinar si los bienes son de origen ilícito. Un Estado decomisa no para que alguien se quede con los bienes, sino para luchar contra las drogas.

¿Qué está sucediendo entonces con los bienes confiscados?

La información que recibo es que se han desaparecido. Eso me lo dicen porque no hay claridad con respecto al manejo de esos bienes. Claro, si los decomisan e inmediatamente comienzan a utilizarlos, ¿qué se le va a devolver a la persona que es absuelta? Nada. Debe haber otras formas de proteger esos bienes, pero sin necesidad de que los funcionarios los utilicen. Eso es corrupción.

Sin embargo, eso es lo que se está viendo. Ya se han realizado entregas públicas de los bienes confiscados, como la flota de vehículos que entregaron a la policía judicial, inclusive antes de que la ley fuera reformada.

Esa es una violación expresa de las normas. Pero eso se ha venido haciendo. Han facultado a un órgano administrativo para que realice investigaciones penales, cuando la Constitución no le da funciones policiales. Lo que no entiendo es cómo el Poder Judicial admite actuaciones de la ONA. Mildred Camero de inmediato hubiera anulado esas actas; son ilegales. Esa gente no tiene poder para hacer investigación policial.

Además, la nueva ley faculta a la ONA para hacer inteligencia. Sobre esto siempre hubo una vieja pelea. Antes de que usted entrara a la Conacuid se hablaba de los aparatos que habían colocado en la azotea del edificio sede.

Esa discusión era entre el Comando Antidrogas de la GN y Drogas de antigua PTJ. Por resolución, le correspondía a este último hacer las inspecciones y las mismas organizaciones le pagaban las movilizaciones. Por supuesto, los informes sobre las empresas siempre eran positivos. Por eso, cuando estuve en Conacuid se investigó a la División de Químicos de la PTJ y se logró que fuera intervenida. Eran muy permisivos con el tema de los químicos. Ahora se le dio el poder de fiscalizar los químicos a la GN, pero esa ha sido una pelea de todos los días.

¿Quién se fortalece con la nueva legislación?

La Guardia Nacional. La ONA es dirigida por un general de esta fuerza (Néstor Reverol). Me parece que ellos quisieron siempre estar allí, en la ONA, quizás el Cicpc no. Tiene una mentalidad mucho más policial. La GN ha hecho excelentes trabajos en drogas con generales como Páez Cabrera, Verde Acosta y Hernández Villegas, pero en materia de investigación el Cicpc siempre estuvo mejor preparado. En este momento me dicen que hay problemas entre la GN y el Cicpc. Siempre fue así, pero se ha agravado.

Luego de las recientes detenciones de traficantes en Colombia y Venezuela, ¿en manos de quién quedó el mercado ilegal de las drogas en el país?

Hay mucha gente operando en el país. Inclusive, para desgracia nuestra, hay gente de los carteles mexicanos. Eso es muy peligroso.

Pero los mexicanos ya vienen trabajando en Venezuela desde hace algún tiempo.

Eso preocupa, pues no sólo son los traficantes colombianos sino también los mexicanos. Se dice que hay gente del "Loco" Barrera. De manera que la situación en el país, en materia de drogas, se está poniendo caótica. Se produjo una atomización de los grupos y lo peor es que no queremos reconocer, como Estado, que tenemos un problema. Dicen que todo está perfecto, que decomisan tantos kilos de droga y tantos detenidos.

De los siete grandes grupos mexicanos ¿quiénes tienen la presencia más activa en el país?

Creo que la gente de Sinaloa. Tienen un trabajo desde hace tiempo. Carabobo amerita una atención especial; dicen que la mafia rusa está allí, así como los etarras y los sicilianos. Hay que estudiar eso. Como es un estado próspero, con cercanía de Caracas, pueden operar.

Ahora van 10.800 detenidos. Eso es considerable.

Yo quisiera saber dónde están metiendo a toda esta gente. Esos que están deteniendo son microcomerciantes de drogas, pero no traficantes. Muy pocos son grandes figuras y cuando es así es porque existe una razón. Generalmente son pases de factura. Pero en las cárceles venezolanas no está el Boyaco (José María Corredor) sino Juan Bimba, que no tiene nada que ver con los grandes grupos.

¿Sugiere que las autoridades están actuando de manera sesgada para favorecer a ciertos grupos?

Pareciera así. Es que hay demasiado dinero de por medio.

¿Qué está pasando en oriente?

Allí están los paramilitares, inclusive, con anuencia de ciertos gobernantes. Pero ésa es otra gente.

Usted estuvo en investigación de drogas cuando era juez. Luego fue presidenta de la Conacuid. ¿Se le parece el caso Makled a algún otro que haya visto en el país?

Es único, debido a sus implicaciones políticas.

Si fuese magistrada de la Corte Suprema colombiana, ¿cómo decidiría usted la extradición de Walid Makled?

En los países latinoamericanos está vigente el Código Bustamante. Se toma en cuenta la nación de origen del detenido, así como los países donde se cometieron los delitos más graves. Yo creo que la preferencia debe ser para Venezuela porque se trata de los delitos más graves y aquí se cometieron primero. Además, él es venezolano. Luego de la entrega, la obligación de Venezuela será juzgarlo. Llama la atención que Makled haya decidido tener un perfil tan alto en estos días, al revelar sus relaciones con operadores políticos del Gobierno central y militares.

¿En esas normas que refiere no se toma en cuenta si la vida del extraditado corre peligro en su país de destino?

Sí. Creo que Makled considera que aquí su vida corre peligro. Así serán de graves sus relaciones políticas, que tiene miedo de que le pasen factura. Él prefiere irse a Estados Unidos que a Venezuela. Además, hay una doctrina según la cual cuando el caso es político no procede la extradición. A lo mejor ésa es la estrategia de él. Su carta es decir que aquí no lo van a juzgar como a un delincuente común.

En la solicitud de captura a Walid Makled, Estados Unidos refirió el caso del megaalijo hallado en un jet que aterrizó de emergencia en Ciudad del Carmen, México, en 2006. ¿Por qué la DEA escogió ese caso entre los muchos que podían tener sobre Makled?

Allí había 5.600 kilos de cocaína. Los estadounidenses ya sabían que ese avión iba a salir desde Venezuela y le hicieron un seguimiento. Sabían que iba a Toluca, pero por la falla mecánica se desvió. Es un caso emblemático porque había involucrada mucha droga y lo tenían todo montado con grabaciones telefónicas, fotos e infiltrados en la organización. Era un caso resuelto con pruebas. Esa droga era de las FARC, aunque él trabajaba con muchas organizaciones criminales.