Por Lucia Alvarez

Representantes de organizaciones civiles y de la justicia coincidieron en la necesidad de que el Congreso modifique la Ley 23.737 de Estupefacientes, para lograr que los recursos públicos se concentren en persequir al narcotráfico.
 
La necesidad de terminar con la actual política sobre drogas y de que se apruebe en el corto plazo una ley para despenalizar a los usuarios y poner el foco en la persecución de las redes de narcotráfico, fueron las principales conclusiones de la VIII Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas, que aconteció a principios de Octubre en el anexo del Congreso de la Nación.

“Todavía mantenemos una política irracional que viola los Derechos Humanos y que encuadra como delito un problema que debe entenderse desde la salud mental”, sentenció la voz inaugural del panel, la de la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez.

También participaron de la conferencia –bajo el auspicio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS)–, Mónica Cuñarro, secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional Coordinadora de Políticas Públicas en Materia de Prevención y Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, la Delincuencia Organizada Transnacional y la Corrupción; Fabián Peralta, presidente de la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico de la Cámara de Diputados; la doctora Lucía García, en representación del ministro de Trabajo, Carlos Tomada; y Graciela Touzé, investigadora de la UBA y presidenta de la Asociación Civil Intercambios, que organizó el encuentro.

Se esperaba además contar con la presencia del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, pero no asistió: envió en un comunicado su apoyo irrestricto al impulso de “reforma a las leyes de droga, de salud mental y de prevención y atención de su consumo”. Asimismo, la apertura contó con las adhesiones del ministro de Educación Alberto Sileoni y los diputados Ricardo Alfonsín (UCR), Victoria Donda y Cecilia Merchán, quienes saludaron “la apertura de un debate que nos saque de la parálisis de legislación vigente”. Precisamente ayer, las legisladoras del Movimiento Libres del Sur presentaron un proyecto para modificar la Ley 23.737 de Estupefacientes (ver recuadro).

También se encontraban respaldando la iniciativa Rubén Mayorga, coordinador de ONUSIDA para América del Sur; Marcelo Vila, representante de la OPS; y Carola Down, de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (ONUDD).

Graciela Touzé, titular de Intercambios, señaló como un avance el hecho de que cada año nuevos actores se sumen al debate, consolidando una masa crítica que espera del Estado respuestas más integrales a la simple criminalización. “Es necesario reconocer el fracaso de los intentos de los últimos 50 años por controlar la oferta y la demanda de drogas. En este sentido, nos resulta muy auspicioso que en la reciente reunión del Consejo Directivo de la OPS, los ministros de Salud de todo el continente se comprometieron a adoptar acciones centradas en la prevención, la intervención temprana, la reducción de daños, el tratamiento, la rehabilitación, la reintegración social y la administración del sistema de salud”, explicó, y concluyó: “La salud pública y los Derechos Humanos deben estar en el centro de las políticas de drogas en la Argentina.” 

Mónica Cuñarro, por su parte, puso la atención sobre el cambio en los abordajes de las políticas de drogas, más vinculadas desde hace tres años a los Derechos Humanos, la prevención, el desarrollo de la atención de la salud, y no sólo a la seguridad. “La guerra de las drogas es un fracaso si la medimos por la violencia. No sólo se vincula a otros delitos como la trata o los homicidios violentos, también tiene un enorme impacto carcelario que significa un gasto enorme de recursos públicos y la imposibilidad de generar una reinserción social.”

A pesar de los avances, todos los panelistas coincidieron en que el camino no está allanado y mencionaron que todavía existe mucha superficialidad, hipocresía y diletancia para tratar el tema. “A un año de que la Corte Suprema se expidiera en el fallo Arriola, todavía hay voces que ven a los usuarios como delincuentes y no como sujetos de derecho. Hay voces que proponen un ‘servicio cívico voluntario’ que va a estar destinado a las personas con problemas de estupefacientes. Eso es volver al patronato”, reclamó Stella Maris Martínez. 

En septiembre de 2009, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó por unanimidad el fallo Arriola, declarando inconstitucional el segundo párrafo del Articulo 14 de la Ley 23.737, que reprime la tenencia de drogas para uso personal. Los magistrados explicaron, siguiendo el artículo 19 de la Constitución Nacional, que esas acciones privadas no perjudican a terceros. También aseguraron que los consumidores son víctimas visibles de las bandas criminales y que la respuesta punitiva del Estado no hace más que revictimizarlos.

En ese fallo, el doctor Raúl Zaffaroni apeló además a un argumento que se repitió en diversas oportunidades durante la conferencia de ayer. La persecución del delito de tenencia para el consumo genera enormes gastos materiales y de personal, tanto para las fuerzas policiales como para el Poder Judicial, impidiendo que toda esa fuente de recursos pueda ser utilizada para combatir el narcotráfico.

“Hay que preguntarse a quién benefician estas políticas. Hoy la mayoría de los arrestos son de usuarios de cuantía mínima. Desgastamos esfuerzos en eso y después no contamos con lugares adecuados para tratamientos”, explicó Martínez.  

Los expositores coincidieron además en exigirle al Senado que apruebe este año los proyectos de ley de salud mental y de creación del Programa Nacional de Asistencia Pública Integral de las Adicciones, redactados por los legisladores con mandato cumplido Leandro Gorbartz y Sylvestre Bennis, que a fines de 2009 obtuvieron por unanimidad media sanción en la Cámara de Diputados.