Statement on behalf of Dejusticia (Colombia), Intercambios Asociación Civil (Argentina), Mexico Unido contra la Delincuencia (MUCD), the Costa Rican Association for the Study and Intervention on Drugs (ACEID), the Latin American and Caribbean Network of People who Use Drugs (LANPUD), the Washington Office on Latin America (WOLA), and the International Drug Policy Consortium (IDPC), a global network of 192 organisations working to promote human rights-based drug policy, the Washington Office on Latin America (WOLA), and the International Drug Policy Consortium (IDPC), a global network of more than 190 organizations working to promote drug policies based on human rights, human security, social inclusion, development and health.


Original text in Spanish

Declaración en nombre del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), Intercambios Asociación Civil, México Unido contra la Delincuencia (MUCD), la Asociación Costarricense para el Estudio e Intervención en Drogas (ACEID), la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas que Usan Drogas (LANPUD), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), y el Consorcio Internacional de Política de Drogas (IDPC), una red global de más de 190 organizaciones, que trabajamos promoviendo políticas de drogas basadas en los derechos humanos, la seguridad humana, la inclusión social, el desarrollo y la salud pública.

Notamos con preocupación que la participación de la sociedad civil en escenarios hemisféricos y multilaterales, que tuvo un periodo de consolidación hace algunos años, se ha debilitado recientemente. Las circunstancias de la pandemia y la virtualidad, que requieren celebrar estas reuniones en modalidad virtual, podrían propiciar convocatorias más amplias, considerando que se eliminan las barreras de gastos de viaje, y en este sentido, alentamos a los Estados miembros a promover de manera más decidida la participación de la sociedad civil en estas instancias.

La pandemia y la crisis social y económica que vive la región como efecto del virus mismo, y de las medidas para contrarrestar el contagio, tienen también repercusiones en la vida de las personas involucradas con economías ilícitas y drogas. Por ejemplo, en los centros penitenciarios de la región, algunos con índices de hacinamiento de hasta el 200 por ciento, se requerían urgentes medidas de descongestión, así como priorizar a las poblaciones allí para su vacunación, hechos que no ocurrieron, con efectos devastadores para las personas privadas de la libertad. Las poblaciones rurales que dependen de economías ilícitas como única alternativa de subsistencia, quedaron aún más aisladas en medio de los confinamientos, y a merced del control de actores armados.

También resulta de suma importancia incorporar en la agenda medidas relacionadas con la respuesta al VIH en la región, tomando en cuenta que este año se discutió en Naciones Unidas la Declaración política sobre el VIH y el SIDA: acabar con las desigualdades y estar en condiciones de poner fin al sida para 2030. Esta declaración menciona la necesidad ampliar la cantidad y cobertura de los programas de reducción de daños y tratamiento para el consumo de sustancias, así como la necesidad de reformar leyes restrictivas que marginan y discriminan a las personas que usan drogas, como aquellas que penalizan la tenencia para consumo personal o el auto-cultivo. El estigma y la discriminación asociados son barreras para el acceso a dispositivos sanitarios y sociales.

Este año se celebran dos aniversarios amargos. Los 60 años de la Convención Única de Estupefacientes y los 50 años de la declaración de la guerra contra las drogas de Presidente Nixon. El tratado global, en sus enunciados fundamentales, buscaba proteger el bienestar de la humanidad, pero en este aniversario lo que las Américas han visto son 60 años de fortalecimiento de las redes del narcotráfico, con poder devastador en violencia y corrupción, a la par de efectos desalentadores en materia de derechos humanos, como es el encarcelamiento desproporcionado y masivo, los contagios evitables de enfermedades transmisibles, la crisis por falta de alivio de dolor, entre tantas otras tragedias de la prohibición. Por su parte, los 50 años de la guerra que declaró Nixon, transformaron y potenciaron conflictos armados internos y fortalecieron una mirada de estigmatización hacia personas que usan drogas, sin mejorar sus condiciones de vida y salud. En resumen, en estos aniversarios se conmemoran décadas de fracaso.

Pero este escenario hemisférico tiene mucho que aportar para asegurar que no se sigan repitiendo y reciclando fórmulas fallidas. La CICAD ya ha estado a la vanguardia de debates que las Américas pueden ofrecer para tomar lecciones aprendidas, definir principios rectores de mejores políticas de drogas, y orientar políticas basadas en la evidencia y en los compromisos comunes de los derechos humanos. Alentamos a los Estados Miembros a asumir liderazgo político y hemisférico que vuelva a poner sobre la mesa debates como el de alternativas al encarcelamiento, enfoque de desarrollo sostenible, y orientación de recursos hacia el desarrollo y la salud pública.

En el escenario internacional, la sociedad civil permanece comprometida, en la medida de sus posibilidades, con participar en instancias de decisión de la política de drogas, y asegurar que los compromisos globales frente a la UNGASS 2016, la Declaración Ministerial de Alto Nivel de 2019, y la Posición Común frente a las políticas de drogas de las Naciones Unidas, avancen con implementación efectiva a nivel regional y nacional. Más recientemente, se publicó elinforme del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias, con énfasis en los impactos a los derechos humanos de detenciones arbitrarias asociadas a políticas de drogas. Desde la CICAD, y en colaboración con el Grupo de trabajo, se debería propiciar un espacio de socialización de los contenidos y recomendaciones del informe para los Estados Miembros.

Profundizar en los enfoques de derechos humanos, políticas basadas en la evidencia, y desarrollo sostenible, son ejes de las organizaciones que hoy represento, pero cuyos contenidos están lejos de la realidad cuando se insiste en medidas criminalizadoras en contra de personas que, por condiciones de vulnerabilidad socio-económicas, se involucran de alguna manera con las drogas ilícitas.

Reiteramos la disposición de las organizaciones que representó para seguir siendo interlocutoras críticas, pero también constructivas en pro de estos objetivos comunes.