Para responder a la situación preocupante de violencia asociada al mercado de drogas en el país, México podría concentrarse en disminuir los delitos violentos del crimen organizado, en vez de enfocarse en detener a consumidores de drogas y pequeños traficantes.
Las circunstancias nacionales e internacionales de México han cambiado en los últimos tiempos hacia una mayor apertura y reforma de las políticas de drogas, por lo que el país puede replantear las estrategias para enfrentar los desafíos que las drogas le suponen.
En esta es la segunda entrega de nuestra serie de blogs sobre México, se hace referencia a las tendencias en el uso de drogas en el país y se hacen observaciones sobre el tratamiento dado a los consumidores.
Esta es una serie de blogs que busca presentar en forma concisa la actual situación de México dentro del contexto global de la política de drogas y los retos que tal contexto implican para este país. Esta primera entrega se enfoca específicamente sobre el contexto internacional de dicha política.
El Gobierno de Uruguay envió el 8 de agosto al Parlamento un proyecto de ley para despenalizar la marihuana y controlar la producción, distribución y comercialización de la misma. El mayor desafío para el Estado uruguayo parece ser los controles. Resulta prioritario para ellos evitar que el cannabis que se producirá en forma legal no termine en el mercado negro local ni regional.
El lunes, 9 de julio, la Comisión Brasileña sobre Drogas y Democracia (CBDD) y Viva Rio lanzaron una campaña nacional para cambiar la ley de drogas en Brasil. A pesar de que los organizadores esperaban recoger 50,000 firmas en los primeros 30 días de la campaña, lograron alcanzar este número en tan solo tres días.
Sobre la Conferencia Internacional realizada el 25 y 26 de junio en Lima, Perú - la Conferencia Internacional de Ministros de Relaciones Exteriores y Jefes de Organismos Nacionales Especializados contra el Problema Mundial de las Drogas - se originaron muchas expectativas. Esta tuvo tres ejes centrales trabajados por las delegaciones de 65 países y 10 organismos internacionales participantes (oferta, demanda y desarrollo alternativo).
Desde la sociedad civil se esperaba el establecimiento de medidas concretas y operativas que demuestren un renovado interés político por parte de la comunidad internacional respecto al control del narcotráfico. Sin embargo, hubo mucha restricción a la prensa y a la participación de la sociedad civil, a pesar del pedido explícito del Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos (CIDDH) para participar como observador.
Se esperaba que mencionadas medidas quedaran cristalizadas en una declaración política que incentivara el compromiso y los medios para ejecutarlas. Sin embargo, el resultado fue la Declaración de Lima, un documento de carácter político diplomático que, en sus contenidos, establece lineamientos muy generales de cooperación y compromisos débiles para abordar el fenómeno.
Salvo compromisos y declaraciones bilaterales específicos entre el Perú y Francia, la Federación Rusa y la Unión Europea, por separado, las conclusiones de los paneles de trabajo de Reducción de la Demanda, Reducción de la Oferta y Desarrollo Alternativo se orientaron a reconocer el estado de la problemática, además de establecer consensos genéricos sobre las mejores políticas para contrarrestar el problema de las drogas. Sin embargo, no existió documento ni mecanismo alguno que estableciera las medidas concretas para asegurar la realización de las mencionadas políticas y lineamientos generales.
Aún con los compromisos de cooperación bilateral mencionados, persiste una sensación de que la Conferencia Internacional pudo haber conseguido más resultados orientados a la concretización y aterrizaje de los objetivos de la Declaración Política y Plan de Acción antidrogas de Viena 2009 (su motor original), sobre todo cuando la comunidad latinoamericana se encuentra en un período de reflexión para el estudio de alternativas a las políticas actuales (mandato a la OEA, VI Cumbre de las Américas). Sin embargo, detrás del discurso político, la reunión de Lima solo nos deja muchos compromisos diplomáticos, pero pocas iniciativas tangibles.
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En cuestiones de drogas, durante la campaña, Peña Nieto y el PRI dejaron muy claro su rechazo a la “legalización de las drogas” y garantizaron la continuidad de los esfuerzos de México contra el crimen organizado. La llegada del General Naranjo, si se concreta, manda la señal también de que la nueva administración considera la estrategia colombiana como un “éxito”.
El desmantelamiento de centros y servicios sanitarios en España está al orden del día, sobre todo en algunas Comunidades Autónomas como Madrid, Valencia o Galicia. Muchos de los servicios públicos que estaban siendo gestionados por ONGs están desapareciendo por los recortes en políticas sociales.