Rethinking Chile’s drug policy through human rights and harm reduction – Report to the CESCR for the periodic review of Chile

HRI and LANPUD call for reform of punitive laws that fuel mass incarceration and violate rights, and for investment in health, harm reduction, and community leadership. For more information, in English, see below.

Las organizaciones firmantes y agrupaciones representantes de personas que usan drogas en Chile agradecen la oportunidad de informar al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) en el marco de la revisión periódica de Chile en su 78th periodo de sesiones.

Este informe analiza el impacto de las políticas de drogas sobre el goce y ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales, particularmente en relación con el derecho a la salud y participación efectiva de las personas que usan sustancias psicoactivas lícitas e ilícitas, incluyendo aquellos aspectos mencionados en el listado de cuestiones previas (E/C.12/CHL/QPR/5, párrafo 23).

La metodología utilizada para la elaboración de este informe combinó técnicas de recolección y revisión de documentación oficial, con el propósito de identificar y sistematizar los marcos normativos, lineamientos técnicos y políticas públicas vigente. Asimismo, se realizaron entrevistas semiestructuradas a actores clave, seleccionados por su experiencia, rol institucional o nivel de incidencia en el ámbito de estudio, con el fin de incorporar perspectivas prácticas y conocimientos situados. Adicionalmente, se realizó una consulta con organizaciones de la sociedad civil (anexo II), redes y profesionales, con el objetivo de identificar buenas prácticas y comprender los principales desafíos desde la perspectiva de quienes trabajan directamente en la temática.

El documento se organiza en seis apartados:

• contexto general sobre los patrones de consumo en Chile, las características del marco normativo vigente y las principales brechas de acceso a derechos;
• análisis de las políticas de prevención, tratamiento, reducción de daños y acceso a medicamentos esenciales, evaluando su orientación, cobertura y pertinencia;
• identificación de las medidas institucionales implementadas por el Estado;
• análisis crítico de la participación de las personas que usan drogas, los obstáculos estructurales y sus propuestas de incidencia;
• conclusiones del informe; y
• recomendaciones dirigidas al Comité DESC, estructuradas en seis ejes estratégicos .