La Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS) sobre drogas, celebrada en abril de 2016, brindó a las ONG una gran oportunidad para generar relaciones sólidas y constructivas con sus Gobiernos, así como para ofrecer su asesoramiento especializado con respecto al camino que se debe seguir en el ámbito de las políticas de drogas. En la propia UNGASS, 45 Estados miembros apoyaron de forma explícita el papel desempeñado por la sociedad civil en la concepción, la puesta en práctica, la revisión y/o la evaluación de las políticas y los programas en materia de drogas.

Sin embargo, es importante que estos compromisos se trasladen a la práctica, y no solo se queden en el plano de las promesas. En abril de 2016, un pequeño grupo de Estados miembros de la ONU ―Bolivia, Costa Rica, Ghana, Japón, México, Nueva Zelanda, Noruega, Suecia, Suiza y Ucrania― integraron a representantes de la sociedad civil en sus delegaciones oficiales en la UNGASS. Y al menos otras tres delegaciones gubernamentales (Argentina, Francia y el Reino Unido) contaron con representantes de la sociedad civil en la Reunión de alto nivel para poner fin al SIDA que tuvo lugar dos meses después, en junio de 2016.

En esta nota para la incidencia política, el IDPC recoge las lecciones que se pueden extraer de una serie de entrevistas con representantes de la sociedad civil que participaron en las delegaciones gubernamentales de los países mencionados anteriormente, tanto en la UNGASS como en la Reunión de alto nivel para poner fin al SIDA. Y a partir de las entrevistas, ofrecemos algunas orientaciones y recomendaciones generales para fortalecer aún más la participación significativa de las ONG en los debates sobre fiscalización de drogas a escala internacional.

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