En los últimos años, con el aumento de la población carcelaria y el consecuente hacinamiento, así como con el emergente acuerdo sobre lo inadecuado que resulta usar el derecho penal como la primera alternativa para enfrentar el problema de las drogas, se han venido impulsando alternativas a la privación de la libertad, entre las que se destacan las Cortes de Drogas –CdeD-. Estas, más que una institución, son un modelo que tiende a implementarse con múltiples variaciones. Originalmente desarrollado en Estados Unidos, ha sido implementado en varios países alrededor del mundo, con resultados diversos.

Este documento, escrito por el IDPC y DeJusticia, pretende aportar algunos elementos relevantes a la discusión sobre la conveniencia de adoptar CdeD. En particular, analiza cuáles son los verdaderos alcances del modelo, reconociendo sus límites y los obstáculos que existen para implementarlo. El punto de partida conceptual es que para enfrentar el problema de las drogas se requieren de vías diferentes a la privación de la libertad, en especial frente a aquellas personas cuyo comportamiento delictivo está asociado con el uso de sustancias estupefacientes, y aquellas que no tienen una participación importante en las redes de tráfico, pues la cárcel no ofrece respuestas al uso de drogas, pero si aumenta la exposición a las redes criminales y promueve la desintegración familiar. De allí la importancia de identificar y desarrollar alternativas a la prisión. Sin embargo, lo que resulta fundamental al momento de optar por alguna de las alternativas posibles en términos de política pública, es contar con evidencia sólida sobre sus alcances, reconocer  us límites y evitar los riesgos que se pueden derivar.

Suscríbase a las Alertas mensuales del IDPC para recibir información sobre cuestiones relacionadas con políticas sobre drogas.