Más de 400 asistentes de variados puntos del país presenciaron exposiciones y debatieron con funcionarios públicos, académicos y especialistas; junto a organizaciones de la sociedad civil y activistas.
The Lancet, la revista médica más prestigiosa en el mundo acaba de crear su propia comisión para evaluar los efectos que ha tenido la política de drogas internacional en la salud pública.
Una serie de artículos en la Revista de la Asociación Médica de Estados Unidos (JAMA) está empezando a corregir el vergonzoso legado de la política de guerra contra las drogas y la ciencia de cannabis.
Las políticas de drogas en Chile se rigen por la ley 20.000 y es un asunto que hace parte de la política criminal del Estado, tal cual lo determinan las convenciones internacionales de drogas de las Naciones Unidas y no como un asunto de salud pública.
El gobierno peruano de Humala se ha mantenido “secuestrado” por una política internacional fracasada que será objeto de evaluación en la Asamblea General de la ONU en 2016.
Con el apoyo de 220 diputados, el país europeo podría despenalizar el consumo y autocultivo de cannabis así como regular la venta oficial a nivel estatal del mismo.
Este video presenta el servicio de análisis de sustancias (SAS) que es ante todo una estrategia de reducción de daños que permite, mediante el diálogo con consumidores, brindar información sobre la calidad y composición de las sustancias.
El 28 de julio de 2015, la OMS y sus asociados instarán a los formuladores de políticas, los trabajadores sanitarios y el público en general a que actúen ya para prevenir las infecciones y las muertes provocadas por el virus de la hepatitis.
UNASUR acogió a representantes internacionales para promover una discusión sobre la reforma a la política de las drogas en los ámbitos nacionales y regionales, plantear alternativas de políticas públicas y buscar posturas conjuntas desde la Región con vistas a la UNGASS de 2016.
El presidente de la Cámara de Senadores de Bolivia, dijo ayer que el nuevo Código del Sistema Penal busca evitar la sobrecarga en el sistema judicial y en los centros penitenciarios del país con la incorporación de al menos 15 alternativas a la privación de libertad.
