La 62ª sesión de la CICAD se llevó a cabo del 13 al 15 de diciembre de 2017 en la ciudad de Washington D.C1. Como es usual en la CICAD, en la agenda de los tres días de esta sesión se desarrollaron paneles sobre una amplia variedad de temas relacionados con el control de drogas. Algunos de estos concernieron al control de precursores químicos y drogas sintéticas, el acceso a opiáceos con fines médicos, las alternativas al encarcelamiento y la prevención del consumo, entre otros. Sin embargo, destacaron por su pertinencia el panel sobre “control, legislación y regulación del cannabis” y el diálogo de la sociedad civil sobre reducción del daño, mismos que aportaron discusiones novedosas y muy relevantes para orientar las políticas de drogas en las Américas hacia un enfoque de derechos humanos y evidencia científica.

También es relevante mencionar que, durante la sesión inicial, el representante de México propuso la creación de un grupo de seguimiento de las recomendaciones del documento final de la UNGASS 2016 y que la propuesta fue respaldada por un significativo número de delegadxs. Esto demuestra el compromiso de un grupo importante de países de la región por tomar el documento de resultados de la UNGASS 2016 como el último consenso global y marca el punto de partida para la discusión hemisférica de cara al Segmento Ministerial de la Comisión de Estupefacientes de 2019.

Uno de los hitos importantes de la sesión sobre “control, legislación y regulación del cannabis” fueron las presentaciones de Uruguay y Canadá, que confirmaron que el proceso de regulación legal del cannabis sigue firme en ambos países. Diego Olivera (Director de la Junta Nacional de Drogas del Uruguay) manifestó que aunque el proceso va un poco más lento de lo proyectado, éste no se ha detenido ni está retrocediendo sino que se está adaptando a la realidad actual. Olivera explicó a lxs asistentxs las distintas formas de acceso al cannabis recreativo que existen en Uruguay, mismas que comprenden el auto-cultivo, los clubes de membrecía y la venta en farmacias. Asimismo, detalló los procesos de regulación del cáñamo para fines industriales, de producción de cannabis con fines medicinales y de evaluación de la política regulatoria en su conjunto, elemento que fue muy bien recibido por algunos de lxs delegadxs, pues sin duda aportará datos sobre la efectividad de la regulación, tanto a nivel de salud como de seguridad.

Por su parte, Krista Apse (Secretaria de la Unidad de Legalización y Regulación del Cannabis del Ministerio de Salud de Canadá) señaló las razones de salud pública y seguridad por las que su gobierno ha decidido legalizar, regular y restringir el acceso al cannabis. Apse hizo hincapié sobre el potencial de la regulación para restringir el acceso, prevenir el uso temprano y evitar la criminalización de las personas usuarias y reiteró que la propuesta busca desplazar también a un amplio y bien establecido mercado ilícito de cannabis, disuadir la actividad delictiva y reducir la carga en el sistema de justicia penal. El gobierno canadiense revisará las recomendaciones presentadas en el informe elaborado por el Grupo de trabajo sobre legalización y regulación del cannabis, que parte de un enfoque de precaución (proceso paulatino con monitoreo y adaptación), de salud pública (reducción de riesgos y daños) y de seguridad pública (priorizar delitos graves y proporcionalidad) para la elaboración del proyecto de Ley C-45, sujeto a la aprobación del Parlamento para entrar en vigor en julio de 2018.

Cabe señalar que, luego de las presentaciones, ningunx de lxs delegadxs de los Estados miembros se manifestó en contra del proceso de regulación que lleva Uruguay y Canadá. De hecho, lxs representantes de Colombia, Perú y México comentaron sobre los procesos internos de regulación del cannabis con fines medicinales, con lo que demostraron la apertura de la Comisión para discutir este tema, y la creciente “normalidad” con la que se abordan estas valiosas experiencias en la región.

Otro de los paneles que brindó insumos muy relevantes para la discusión fue el diálogo con la sociedad civil “Reducción del daño: buenas prácticas, áreas de oportunidad y nuevos enfoques conceptuales”, organizado por México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) en colaboración con la Oficina Washington para América Latina (WOLA) y el Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC). La discusión, en la que participaron expertxs de países como Argentina, Canadá, Costa Rica, Estados Unidos, México y Puerto Rico contó con una amplia asistencia de delegadxs gubernamentales y representantes de organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Cabe resaltar que aunque la reducción del daño no es un tema nuevo, esta es la primera vez que se discuten al seno de la Comisión temas como la intervención en ambientes festivos o con usuarios de cocaínas fumables, y la expansión del concepto al control de la oferta.

La reducción de daños es un enfoque complementario a los esfuerzos de prevención y tratamiento del consumo de drogas, para trabajar desde las necesidades de las mismas personas que usan drogas y crear redes de atención integral. Es un enfoque que busca la rectificación de derechos de las personas que usan drogas, su empoderamiento y participación activa en la elaboración y ejecución de las políticas públicas.

De este modo y como bien lo planteamos en la intervención de la Sociedad Civil al final de la sesión, “esperamos que estos espacios de diálogo que hemos venido promoviendo desde hace varios años, puedan fomentar y estrechar la relación entre lxs comisionados y las organizaciones de la  sociedad civil. Esperamos que este vínculo pueda irse fortaleciendo con el tiempo y que en algún momento se convierta en un espacio institucionalizado de diálogo y aprendizaje en las sesiones regulares de la CICAD.”


1 Originalmente, la sesión habría tenido lugar en la Ciudad de México, lo cual fue imposible debido a la tragedia del terremoto de septiembre de 2017. México hospedará la sesión de abril de 2018. La siguiente sesión, a finales de 2018, tendrá lugar en Argentina, cuya candidatura a la Vicepresidencia de la CICAD fue aceptada.