Informe del Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental

El actual sistema internacional de fiscalización de drogas se ha centrado en crear un mundo libre de drogas casi exclusivamente mediante la aplicación de políticas de ejecución de la ley y sanciones penales. Sin embargo, hay cada vez más pruebas que indican que este enfoque ha fracasado, en primer lugar porque no reconoce las realidades del consumo de drogas y la drogodependencia. Si bien es cierto que las drogas pueden tener un efecto pernicioso en la vida de las personas y en la sociedad, este régimen excesivamente punitivo no ha logrado cumplir sus objetivos de salud pública y ha dado lugar a un sinnúmero de violaciones de los derechos humanos.

Las personas que consumen drogas tal vez eviten acudir a los servicios debido a la amenaza de recibir una sanción penal o sencillamente porque temen que se les niegue el acceso a la atención de la salud. La penalización y las prácticas represivas excesivas también menoscaban las iniciativas de promoción de salud, perpetúan el estigma y aumentan los riesgos de salud a que se exponen poblaciones enteras, no sólo los que consumen drogas. Algunos países encarcelan a los consumidores de drogas o les imponen tratamientos obligatorios o aplican ambas medidas. El régimen internacional de fiscalización de drogas vigente también limita innecesariamente el acceso a medicamentos esenciales, lo que atenta contra el disfrute del derecho a la salud.

El objetivo primordial del actual régimen internacional de fiscalización de drogas, enunciado en el preámbulo de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, es la “salud física y moral de la humanidad”, pero el enfoque aplicado actualmente para luchar contra el consumo y la tenencia de drogas conspira contra ese objetivo. La generalización de intervenciones que reduzcan los daños causados por el consumo de drogas (iniciativas de reducción de los daños asociados a las drogas) y de la destipificación en algunos ámbitos relacionados con la lucha contra las drogas mejorarían visiblemente la salud física y moral de las personas que consumen drogas y de la población en general. Las entidades de las Naciones Unidas y los Estados Miembros también deberían adoptar un enfoque de la fiscalización de drogas basado en el derecho a la salud, además de alentar la coherencia y la comunicación a nivel de todo el sistema, incorporar el uso de indicadores y directrices y considerar la posibilidad de elaborar un nuevo marco jurídico en relación con determinadas drogas ilícitas, a fin de asegurar el respeto, la protección y el disfrute de los derechos de las personas que consumen drogas.