El CEDD publica su estudio sobre los impactos de las políticas de drogas en el sistema penitenciario de 10 países de América Latina. El uso excesivo del derecho penal y de sanciones privativas de libertad, tiene consecuencias sobre la vida de las personas en los sistemas penitenciarios de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, México, Perú y Uruguay.

Este estudio documenta la evolución de las leyes de drogas y su impacto sobre los sistemas penitenciarios de la región, las poblaciones afectadas y las condiciones penitenciarias en las que viven; la situación socioeconómica de las personas privadas de la libertad por esos delitos, su grado de participación en las redes de narcotráfico y los impactos del encarcelamiento sobre poblaciones específicas.

Si la libertad es uno de los derechos más importantes para el ser humano, debería restringirse sólo en aquellos casos donde ha habido una afectación directa y grave a los derechos de terceros. Por ello, el poder que tienen los Estados de privar a las personas de este derecho debe ejercerse de manera proporcional y racional; y solo como último recurso, una vez que otros han sido probados y han fallado. La “guerra contra las drogas”, desplegada en las últimas décadas, sin embargo, ha generado una enorme distorsión en los sistemas penales, en el uso del poder punitivo de los Estados y de la cárcel en todo el mundo, particularmente en las Américas.

De acuerdo con los datos recolectados por los investigadores del CEDD, en los países estudiados, para el 2014 y 2015 había más de 570 mil personas presas por delitos de drogas, que representa el 20% de la población encarcelada en total de los 10 países. De la misma manera el continente americano tiene la mayor tasa de personas encarceladas por delitos de drogas, y países como Costa Rica, Estados Unidos y Brasil tienen tasas de encarcelamiento por drogas superiores a 80 de cada 100 mil habitantes.

El perfil de quienes se encuentran en las prisiones por delitos de drogas demuestra que se está capturando a  quienes desempeñan las labores logísticas de bajo poder, evidenciando que la política no es eficiente en judicializar a quienes más se lucran del negocio. De allí que el informe invite a repensar la política de drogas y enfocar los esfuerzos de criminalizaciones en los peldaños superiores de la pirámide del narcotráfico y no en la base, donde se encuentran poblaciones excluidas y sometidas a diferentes fuentes de la desigualdad e inequidad social.