Anuario 2015 de la seguridad regional en América Latina y el Caribe

En los últimos tres años, uno de los asuntos centrales en la agenda pública global y regional ha sido la discusión sobre el régimen internacional y las políticas contra las drogas, los impactos de su implementación y las posibles alternativas de reforma a un sistema que muchos consideran fracasado. Poco a poco, el debate ha ido ganando impulso, ante las evidencias de los pobres resultados de la estrategia de “guerra contra las drogas”, sumados a sus enormes costos financieros y humanos.

El objetivo de un mundo sin drogas no es alcanzable, dado que las sustancias psicoactivas y sus usos sociales, culturales, religiosos y médicos han sido y seguirán siendo parte de la historia de la humanidad. Además, las políticas prohibicionistas, con su énfasis en la reducción de la oferta, no han logrado reducir el consumo ni mejorar la salud pública o el acceso a medicamentos producidos con plantas usadas para fabricar sustancias ahora ilícitas. Adicionalmente, su implementación ha tenido efectos muy negativos en numerosos países, en los que las enormes ganancias generadas por la ilegalidad del negocio han servido para fortalecer a los grupos del crimen organizado, aumentar los niveles de violencia de manera alarmante, corromper y debilitar las instituciones públicas y, en algunos casos, incluso, para desafiar la legitimidad del estado.

Frente a este panorama, cada vez son más las voces que critican el régimen de control actual, ya no solo desde la academia y los grupos de la sociedad civil, sino también desde el mundo político y los gobiernos en ejercicio. Las propuestas de alternativas de política pública se han multiplicado, si bien es cierto que en algunas regiones, particularmente en Europa, existen desde hace muchos años. Tales alternativas, que buscan un mayor enfoque en las estrategias de reducción del daño e incorporan perspectivas de respeto a los derechos humanos y salvaguarda de la salud pública, incluyen la descriminalización y despenalización del porte de drogas para uso personal, acciones para la prevención del consumo y mecanismos no compulsivos para el tratamiento de los usos problemáticos, entre otros.

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