Propuestas de alternativas a la persecución penal y al encarcelamiento por delitos de drogas en América Latina

América Latina está atravesada por una epidemia carcelaria. La llamada “guerra contra las drogas” y el endurecimiento de las medidas penales subyacen el aumento de la población penitenciaria. El número de las mujeres encarceladas en la región, por ejemplo, se ha duplicado entre 2006 y 2011, pasando de 40,000 a 74,000 y los delitos de drogas son la primera o segunda causa de encarcelamiento de mujeres.

Algunas de las características que afectan la justicia penal de los países de la región, si bien con sus diferencias, son:

• uso de la prisión preventiva como principal mecanismo en vez de como último recurso, lo cual repercute directamente en la sobrepoblación carcelaria;
• penas desproporcionadas;
• la penalización de la posesión de drogas y/o la arbitrariedad en la diferenciación entre usuarios, traficantes pequeños y medianos;
• la tipificación de los delitos de drogas como graves;
• insuficiencia de medidas alternativas al encarcelamiento o falta de implementación de las mismas en los casos de delitos de drogas,
• negación o límites en el otorgamiento de beneficios de excarcelación, reducción de la pena, etc.;
• no se prevé la posibilidad de fianza por delitos de drogas; (h) falta de medidas con perspectiva de género y para niños, niñas y adolescentes.

En términos generales, la mayoría de las personas encarceladas por delitos de drogas son sujetos menores de la cadena delictiva o usuarios acusados de venta. Cabe peguntarse si la cárcel es la mejor respuesta. Y además ¿cuáles cárceles?

Este informe subraya la necesidad de implementar medidas alternativas al encarcelamiento, así como de encontrar soluciones distintas a las desarrolladas hasta el momento para hacer frente al problema de las drogas parece imperante.

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