La proporcionalidad es uno de los prin­ci­pios fundamentales del Estado de derecho para proteger a las personas de tratos crue­les e inhumanos. El principio está estableci­do en acuerdos internacionales y regionales sobre derechos humanos, y muchos países han adoptado observaciones al respecto en su constitución o código penal. Su aplica­ción en delitos relacionados con drogas depende, en primer lugar, de los responsa­bles de la legisla­ción, puesto que ellos son los encargados de definir el nivel de penali­zación de determinadas conductas.

El nivel de penalización se debería deter­minar en función de la gravedad del daño que cierto acto o conducta provoca a otras personas o a la sociedad. En segundo lugar, los tribu­nales y los magistrados deben apli­car el principio de proporcionalidad al decidir el castigo apropiado para un caso concreto. Finalmente, la proporcionalidad también desempeña un papel en el cumpli­miento de dicho castigo.

Este informe examina varios criterios de proporcionalidad desarrollados en el contexto del control de drogas y repasa algunos intentos recientes para reequilibrar el carácter tremendamente desproporcionado que suelen mostrar las actuales leyes de drogas en todo el mundo y la aplicación de estas.

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