Reducción de daños, justicia racial, derechos de los pueblos indígenas: Consejo de Derechos Humanos de la ONU abre nuevos caminos en políticas sobre drogas

Esta fue una semana histórica en la ONU. El Consejo de Derechos Humanos en Ginebra adoptó su más ambiciosa y progresista resolución sobre políticas de drogas planteada hasta la fecha, titulada “Aporte del Consejo de Derechos Humanos en relación con las implicancias de derechos humanos sobre políticas referidas a drogas”. Aunque el ambiente en la Comisión de Estupefacientes (CND) en Viena se haya vuelto cada vez más displicente y agonizante, esta resolución ilustra que se puede avanzar en cuanto a políticas sobre drogas en la ONU fuera del marco de Viena. Ello mantiene la senda marcada por la "resolución ómnibus" adoptada por votación en la Asamblea General el pasado mes de diciembre, y que también contenía importantes avances en materia de derechos humanos.

La citada resolución del Consejo de Derechos Humanos contiene tres evidentes logros importantes (y otros más que son desarrollados en nuestra nota de incidencia):

• Desde hace mucho tiempo, el término "reducción de daños", un enfoque pragmático y desprejuiciado que pretende reducir los daños asociados al consumo de drogas sin tratar necesariamente de reducir o eliminar el consumo en sí de estas sustancias, ha constituido un tema espinoso en los debates de políticas sobre drogas dentro de la ONU. Uno de los ejemplos más claros de reducción de daños consiste en proporcionar agujas y jeringuillas estériles a quienes se inyectan drogas, para reducir de esta manera la propagación de virus de transmisión sanguínea como el VIH y la hepatitis C. Hasta ahora, el término "reducción de daños" nunca había aparecido en una resolución políticamente negociada de la ONU sobre políticas referidas a drogas. Varios Estados Miembros, encabezados por Rusia, solicitaron una enmienda al texto para eliminar el término, pero ésta fue rechazada en la votación. La ventaja es triple: en primer lugar, es la primera vez que el término se incluye fuera del contexto del VIH/SIDA (el término ha aparecido en declaraciones políticas sobre el VIH); en segundo lugar, es la primera vez que el término se menciona en el marco del derecho a la salud, junto con otras respuestas sanitarias; y en tercer lugar, el respaldo a la reducción de daños no se supedita a la legislación nacional.
• Las protestas mundiales de 2020 encabezadas por el movimiento Black Lives Matter en los Estados Unidos dieron lugar a una resolución en el Consejo de Derechos Humanos que abordaba el racismo sistémico y los abusos contra los derechos humanos por parte de las fuerzas del orden contra africanos y afrodescendientes. Es imposible sobreestimar el grado en que estas violaciones han sido motivadas por objetivos de control de drogas, lo cual en años recientes ha llevado la agenda de justicia racial al primer plano de los debates sobre políticas de drogas. La resolución de esta semana contiene el compromiso más firme hasta la fecha para abordar la discriminación racial en políticas y programas referidos a drogas. Además, la resolución hace una clara referencia a la práctica discriminatoria de "detener y registrar" (por ejemplo, véase este informe sobre el Reino Unido) al instar a los gobiernos a reformar "prácticas discriminatorias de arresto y detención de miembros de grupos vulnerables y marginalizados".
• Las raíces profundamente racistas del sistema para el control de drogas de la ONU han quedado cada vez más expuestas y deben seguir siendo eliminadas. En tal sentido, una preocupación central es la constante violación a los derechos de los Pueblos Indígenas a conservar sus prácticas ancestrales y medicinas tradicionales. En Viena ha sido imposible reivindicar claramente estos derechos, incluyendo cuando este año los Estados Miembros negociaban una resolución enfocada en el desarrollo alternativo, el medio ambiente y los derechos de los Pueblos Indígenas. En contraste, la resolución del Consejo de Derechos Humanos reafirma el derecho a las medicinas tradicionales y a las prácticas de salud por parte de los Pueblos Indígenas. Se trata de un hecho muy oportuno, dado que Bolivia anunció recientemente en la CND que iniciará un análisis crítico de la hoja de coca por parte de la Organización Mundial de la Salud para revertir "seis décadas de discriminación y colonización".

Si bien resultan de suma importancia sus logros sustantivos centrales, el principal objetivo operacional de esta resolución es otorgar a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) un mandato para que elabore un informe sobre las repercusiones de políticas de drogas respecto a los derechos humanos, como un aporte a la próxima evaluación intermedia de la Declaración Ministerial de 2019, que tendrá lugar en Viena en la Comisión de Estupefacientes (CND) en marzo de 2024. La evaluación intermedia de 2024 es el próximo momento clave para que la comunidad internacional haga un balance de los avances realizados en cuanto a políticas internacionales sobre drogas, y prepare el camino a seguir en los próximos cinco años. Las consideraciones de derechos humanos deben ocupar un lugar central en este proceso de evaluación, y esta resolución será decisiva en tal sentido, sobre todo teniendo en cuenta lo políticamente difícil que ha resultado la tarea de centrar los argumentos de derechos humanos en la CND, y el hecho de que muchos Estados Miembros aún se resisten a la participación de actores de derechos humanos de la ONU en dicho foro. El informe también se difundirá y debatirá en un panel de discusión entre sesiones del Consejo de Derechos Humanos que seguirá impulsando este nexo en Ginebra.

Como es natural, las difíciles negociaciones sobre esta resolución llevaron inevitablemente a hacer varias concesiones por el camino. Por ejemplo, la ambición original de la resolución era crear un "mandato permanente" para que la OACDH elaborara informes periódicos sobre el impacto de las políticas de drogas respecto a los derechos humanos. Lamentablemente, esto se diluyó a un solo informe como aporte a la evaluación intermedia. Otras áreas de concesión se refieren a dos enmiendas presentadas respectivamente por Arabia Saudita y Egipto. La primera tiene que ver con la primacía de la soberanía estatal sobre el derecho internacional, y la segunda reintroduce el objetivo de lograr una "sociedad libre del abuso de drogas".

La eliminación de esta frase fue uno de los principales logros de la última "resolución ómnibus" en Nueva York y, en última instancia, los esfuerzos por mantenerla fuera de esta resolución fracasaron. Sin embargo, la votación de la enmienda reveló un Consejo dividido, con 25 votos a favor de la enmienda, 18 en contra y 4 abstenciones.

Tomados en conjunto, sin embargo, los avances de este documento compensan las pérdidas, y conseguir incluir nuevamente en el texto esta terminología reaccionaria es una victoria pírrica para los gobiernos que favorecen enfoques más punitivos, en tanto los avances logrados por esta resolución --especialmente en lo que respecta a la "reducción de daños”-- no tienen precedentes.

Esta resolución refleja y pone de manifiesto la continua convergencia entre las políticas referidas a drogas y los derechos humanos en la ONU. Esta tendencia ha ido cobrando impulso y resulta decisiva para fracturar aun más al largamente venerado pero actualmente deslucido y desgastado consenso de la CND de Viena sobre las drogas. El impulso hacia las políticas de la ONU fuera de Viena creará una presión muy necesaria sobre la CND, ya sea para que empiece a actualizarse con la realidad de que la prohibición constituye un fracaso devastador, o para que continúe fracturándose y descienda hacia una inevitable irrelevancia.